El secretario de Salud, Lorenzo González, en la vistas de transición de hoy, miércoles. (Vanessa Serra Diaz)

El sistema de rastreo de contactos municipal de COVID-19, el proyecto de vigilancia en los centros de adultos mayores, el manejo del bioportal, la iniciativa de cernimientos en el aeropuerto y asuntos de comunicación relacionados con la pandemia no cuentan con fondos para operar luego del 31 de diciembre, advirtió el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano.

“Son cerca de $150 millones que no están en el presupuesto”, señaló González Feliciano, al subrayar que esa cifra es la que se requiere para operar los mencionados proyectos durante los primeros seis meses de 2021. La cifra asciende a $300 millones al considera el año completo.

“Tenemos que planificar para el escenario corriente y esos serían los costos”, apuntó durante su ponencia en el tercer día de vistas públicas de transición del gobierno, que se llevan a cabo en un salón de la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce.

Específicamente, el secretario indicó que el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) tiene un costo de $12 millones mensuales, $4 millones la vigilancia en los centros de cuidado prolongado de adultos mayores, $1.5 millones la operación del bioportal (que resguarda datos sobre el impacto de la pandemia en la isla), de $5 millones a $6 millones el proyecto de vigilancia en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y un millón adicional en aspectos de comunicación. El titular advirtió que aún no ha ocurrido una extensión de fondos federales mediante la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Cares, por sus siglas en inglés), otro estatuto del gobierno federal.

“Comenzamos estos esfuerzos hace muchos meses atrás, sabemos que nos va a costar aproximadamente $23.5 a 25 millones mensuales”, subrayó González Feliciano a preguntas de El Nuevo Día.

El sistema de rastreo municipal inició trabajos el 1ro de julio bajo la dirección de la epidemióloga Fabiola Cruz. Dicho proyecto provee recursos económicos a 77 municipios participantes –con excepción de San Juan– provenientes de la ley Cares. Actualmente, el sistema cuenta con 633 empleados para realizar el rastreo de los contactos de las personas con un diagnóstico de COVID-19, romper cadenas de contagio, recopilar la información y suministrarla a los niveles regionales y central de Salud.

Previniendo que no haya una extensión de los fondos mediante la ley Cares, el funcionario explicó que ha tenido conversaciones con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para que los programas sean financiados mediante fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). En ese caso, la agencia federal cubriría un 75% de los costos y el gobierno estatal tendría que identificar el restante 25%, equivalente a $75 millones, al tomar en cuenta el monto anual estimado.

“Sí, se han hecho todas las gestiones para garantizar que haya una continuidad de los esfuerzos”, argumentó, al añadir que el gobierno tiene “la esperanza” de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, genere una petición inmediata al Congreso para una extensión de los fondos de asistencia por la pandemia de COVID-19. Sostuvo que el resto de las jurisdicciones estatales de Estados Unidos se encuentran en la misma posición de espera.

A nivel estatal, el gobierno también tiene disponible $200 millones en una reserva de emergencias, así como $526 millones designados para emergencia por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El uso que se haga de estas partidas tiene que ser aprobado por el ente federal. De los fondos de la ley Cares, el gobierno no ha utilizado $351 millones, pero los programas de COVID-19 en peligro no han sido mencionados como una opción para obligar ese dinero.

“Tengan la tranquilidad que esto va a continuar y la transición va a ser que las mismas personas que están, puedan seguir dándoles los servicios a los municipios directamente y utilizar los recursos que tenemos, ya sea a través de FEMA, Cares Act o a través de la obligación (de fondos) que sea”, afirmó el doctor Carlos Mellado, miembro del Comité de Transición del gobernador electo Pedro Pierluisi. “El gobernador entrante ha sido bien enfático en cuanto a eso”, dijo.

Asegura ampliación de cobertura del plan Vital

De otra parte, González Feliciano aseguró que espera que, esta misma semana, la agencia reciba el visto bueno de los Centros de servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) para la ampliación de la cobertura del plan de salud Vital, lo que permitiría la entrada de unas 200,000 personas a la cubierta médica estatal.

“Vamos a tener las 200 mil vidas insertadas en el plan de Puerto Rico antes de que yo me retire de esta posición, antes de 31 de diciembre de 2020”″, afirmó. “Todo está listo para empezar tan pronto nos den la luz verde, que debe ocurrir esta semana”, sostuvo. En concreto, la aprobación de CMS permitirá enmendar los contratos de Vital para un incremento temporal del nivel de ingresos para una persona poder tener acceso a la cubierta y los fondos de Medicaid.

El gobierno federal aprobó en diciembre pasado una asignación de $5,740 millones en fondos de Medicaid para Puerto Rico que cubriría los años fiscales federales 2020 y 2021. La ampliación de la cubierta costaría unos $350 millones.

Luego de negarse por meses, la JSF accedió, a mediados de octubre, a que el gobierno de Puerto Rico buscara el visto bueno del gobierno federal para incorporar, durante la pandemia del coronavirus y, al menos, hasta el 30 de septiembre de 2021, más de 200,000 personas adicionales a su plan de salud, tras un aumento en fondos de Medicaid.

“La ampliación de la elegibilidad de Medicaid finaliza en septiembre de 2021, a menos que el Congreso apruebe una solución justa a largo plazo para los fondos de Medicaid de Puerto Rico”, indicó entonces la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

Además del titular, ayer también depuso el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Jorge Galva.

Dos CDT operaban sin licencias, lo que podría costar $40 millones

El secretario informó, además, que los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Adjuntas y Loíza se encontraban operando sin licencias, lo que generó un pleito judicial federal iniciado por la Oficina del Inspector General con un impacto mínimo de $550,000, y lo que representa una exposición a multas de entre $10,000 y $20,000.

“El argumento del gobierno federal es que se generan servicios a la población sin tener las licencias actualizadas”, explicó. La situación ocurrió entre 2014 y 2018, y los servicios continuaron ofreciéndose con el aval de los exsecretarios Ana Ríus, bajo incumbencia de Alejandro García Padilla, y Rafael Rodríguez Mercado, quien renunció a su cargo en marzo, explicó Salud.

El gobierno federal entra en la disputa debido a que se cobraron servicios mediante fondos federales de Medicare. Según González Feliciano, hubo unas 200 instancias de servicio facturados con fondos federales, lo que implica un costo directo de $560,000, y una penalidad de $10,000 a $20,000 por cada instancia, por lo que el riesgo jurídico económico es de entre $20 millones a $40 millones.

“Hicimos una oferta (al Inspector General) para devolución de exactamente los costos, los $560,000, de ahí no vamos a pasar, a pesar de que se ha cometido el error administrativo, pero el gobierno de Puerto Rico no tiene de $20 a $40 millones”, dijo el titular. Ambos CDT ya tienen sus licencias actualizadas.

Leyes sin reglamento ni presupuesto para ser ejecutadas

El secretario también destacó que hay varias leyes aprobadas que afectan directamente a Salud, pero no cuentan con reglamento ni presupuesto asignado para ejecutarlas.

Entre esos estatutos, está la Ley para Establecer el Derecho al Cuidado Prenatal, Parto y Postparto para Embarazadas Médico Indigente en Puerto Rico (Ley Núm. 105 del 13 de agosto de 2020,). “Necesita reglamento y posterior a eso necesita presupuesto”, apuntó el secretario.

Lo mismo ocurre con la Ley Especial para Asegurar el Acceso al Tratamiento y Diagnóstico de los Pacientes de Cáncer en Puerto Rico (Ley Núm. 79 del 1 de agosto de 2020), y la Ley de Protección ante las Facturas Médicas Sorpresa ( Ley Núm. 134 del 1ro. de septiembre de 2020).

También, explicó que hay un litigio activo entre Salud y los Centros 330, que inició antes de 2009, que le cuesta anualmente entre $70 millones y $100 millones al año al gobierno de Puerto Rico. Inicialmente la controversia se transó por $30 millones, pero el tribunal federal ordenó una remuneración anual para costos adicionales de estos centros de cuidado de salud primaria. El litigio activo, explicó González Feliciano, es la ecuación de esa remuneración, que ha rondado anualmente entre $70 millones y $100 millones al año.

“Esa ecuación siempre está en litigio porque los Centros 330 reclaman que no cubre lo que tiene que cubrir. [...] Lo que siempre está en litigio es cuál es la ecuación correcta”, indicó. Esos fondos tampoco están presupuestados actualmente. Este litigio está bajo la consideración del juez Gustavo Gelpí.

Otro asunto judicial que es supervisado por el juez Gelpí es la monitoría federal al Programa de Personas con Discapacidad Intelectual (PPDI) adscrito a Salud. El secretario señaló que un 7% del presupuesto de ese programa se gasta en el litigio, “cuando podemos utilizarlos para insertar más pacientes”.

El caso en cuestión ha estado activo por dos décadas. Según el secretario, cuando fungió como titular de Salud en 2009, el monitor federal designado por el tribunal no había generado ni un solo informe de monitoreo en diez años. “Logramos remover el monitor y hacer el proyecto parte de Salud”, relató. Pero, en algún momento entre 2012 y 2020, el tribunal federal designó nuevamente un monitor, el bufete de abogados McConnell, que cobra $1.5 millones al año pagados por el gobierno estatal, dijo el secretario. La agencia estatal, por su parte, paga otros $1.5 millones al bufete Alfredo Castellanos para la defensa en el caso.

“Es un proyecto que tenemos que sacar de monitoría, reconociendo que el gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad de manejar ese proyecto”, argumentó González Feliciano.