En medio de las discusiones sobre los ajustes presupuestarios solicitados por la Junta de Supervisión Fiscal a corporaciones públicas y al Gobierno central, el Departamento de Educación –la agencia gubernamental más grande– se propone identificar ahorros de unos $300 millones en los próximos años, meta que pretende alcanzar a través del cierre de escuelas, el establecimiento de planteles administrados por otras entidades y la búsqueda de más fondos federales.

De primera instancia, la agencia ya tiene en la mira 370 escuelas que tienen una matrícula de menos de 200 estudiantes. Estas serán las primeras en la lista de evaluación para ser incluidas en un posible proceso de consolidación, adelantó la secretaria de Educación, Julia Keleher.

 No obstante, esto no significa que todas serán cerradas, pues entre ellas hay 28 clasificadas como escuelas de excelencia y la política pública de la agencia va dirigida a preservar los planteles exitosos.

“Lo ideal no es cerrar por cerrar, tenemos que asegurarnos de alcanzar lo que buscamos. No sé (la cantidad), puede que cerremos más, puede que sean menos. Hay cosas que tenemos que mirar bien, tenemos que tener en cuenta las diferencias de la zona rural, evaluaremos las propuestas de rediseño”, sostuvo Keleher.

El proceso de evaluación está en sus inicios, pero la secretaria ya se ha reunido con miembros de la Federación de Alcaldes, con el liderato de la Asociación de Maestros, con personal de varias escuelas y está en espera de confirmar un encuentro con la Asociación de Alcaldes. Su propuesta es que los cierres de escuelas no se decidan solo en las oficinas del nivel central de las agencias, sino que otros sectores participen de la toma de decisiones. Por ejemplo, ya recibió una propuesta para desarrollar un programa especializado en agricultura en un plantel en Yauco, el cual además podría acoger alumnos de otras tres escuelas cercanas.

“Les estamos presentando la información a los alcaldes y les preguntamos, ¿qué tú propones? ¿Qué puedes hacer?”, expresó Keleher. Al consultar a alcaldes y miembros de personal escolar, la titular de Educación asegura que no tendrán que invertir fondos en la contratación de empresas externas que hacen el análisis sobre los cierres sin visitar las escuelas, una alusión a la contratación durante la pasada administración de la firma Boston Consulting Group. 

Para la secretaria, la llamada consolidación de escuelas es un proceso para hacer un mejor uso de los recursos de la agencia. Aunque no se ha establecido una meta sobre los ahorros que necesitan obtener con la consolidación de escuelas, por sí solo es un proceso que no satisface los recortes que necesita la agencia. En un análisis preliminar se determinó que cerrar las 370 escuelas reduciría en $14 millones los pagos que hace Educación para costear las utilidades, señaló la secretaria.

Aún no se han redactado guías nuevas para regir el proceso de cierre mediante cartas circulares, documentos utilizados en el Departamento de Educación para dejar claro las directrices de los secretarios y hacia las cuales Keleher expresó desdén. De esta manera, el proceso de cierre seguirá, en parte, las reglas diseñadas bajo el mando del anterior secretario, Rafael Román. 

“Nos permite enfocarnos en lo que es el rediseño del sistema educativo y la manera en que lo estamos haciendo es en colaboración y consulta con los alcaldes, la comunidad, los maestros, y nos están ayudando a nivel administrativo los directores de región y los superintendentes”, expresó la secretaria, haciéndose eco de una misiva emitida en diciembre pasado por la Junta de Supervisión Fiscal, en la cual se establecía que el Departamento de Educación debe realizar “reformas comprensivas” para mejorar el desempeño estudiantil y, a la vez, reducir el tamaño del sistema educativo para ajustarse a la necesidad real del País. En total, el organismo federal indicó que la agencia podría generar ahorros de $1,000 millones –un tercio de su presupuesto total– en diez años.

En busca de datos confiables

Al igual que cuando se llevaron a cabo tres rondas de cierres de escuelas durante el cuatrienio pasado, uno de los objetivos de Keleher será reducir la cantidad de veces que un estudiante tiene que cambiar de escuela, lo que bajo el llamado modelo 6-3-3 (niveles elemental, intermedio y superior) ocurre en dos ocasiones durante la adolescencia.

Del 2014 al 2016, el Departamento de Educación consolidó 177 escuelas públicas. No obstante, la agencia no pudo proveer cifras de los ahorros generados por estas acciones, dato que Keleher aseguró que ella tampoco ha recibido al momento.

El pasado cuatrienio, la agencia enfrentó un recorte total de $600 millones durante cuatro años, lo cual se indicó que se pudo enfrentar mediante la consolidación de escuelas y la reestructuración administrativa de la agencia, entre otras medidas.

En sus seis semanas a cargo de la agencia, Keleher ha reafirmado lo que identificó que era la principal falla del sistema durante los años que trabajó como asesora: la falta de estadísticas y datos confiables. Asimismo, se expresa frustrada con la burocracia que domina la agencia, al punto que deja claro que una de sus prioridades es reducir la cantidad de cartas circulares y memorandos que se producen cada año escolar. 

“La manera en que hemos trabajado nos requiere tanto, pero nos produce poco”, manifestó.

Aunque enumeró con rapidez los problemas que se deben corregir en la agencia, solo se le escapó una sonrisa cuando tocó el momento de identificar las cosas que sí funcionan.

“Tengo mucha gente aquí comprometida y que quieren algo mejor y que están haciendo su trabajo de la mejor manera que pueden”, expresó tras una pausa.

Las paredes de su oficina le sirven para pegar grandes hojas de papel en las cuales plasma las ideas que quiere transmitir en sus múltiples reuniones, como el funcionamiento del programa de Educación Especial o cómo propone organizar las regiones educativas una vez sean reformadas. Una de las paredes aún se mantiene limpia, pero en ella se colocará un gran mapa de la Isla, el cual reflejará las regiones educativas y distritos escolares, así como información sobre la cantidad de escuelas, estudiantes y personal en cada área, expresó la secretaria.

Mejorar el aprovechamiento académico es su prioridad, aseguró, pero sostuvo que es poco lo que puede hacer si no establece primero sistemas confiables de recopilación de datos que le permitan determinar qué funciona y qué no.

Asimismo, el Departamento de Educación aún debe determinar cómo medirá el desempeño de las escuelas bajo la ley federal Every Student Succeeds (ESSA). Para esto se tomarán en cuenta varios indicadores, entre ellos el crecimiento académico de los estudiantes, según lo evidencien en las pruebas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META-PR); la evaluación del personal docente, proceso que aún está bajo discusión y que podrá enfrentar cambios; y algún aspecto del ambiente escolar, para lo cual ESSA permite que se consideren puntos como la disciplina, la participación de los padres o la disponibilidad de ofrecimientos especializados, entre otros.

En la mira las regiones

 Keleher planifica hacer su propia reestructuración administrativa, una que conllevará el desmantelamiento de la estructura actual para convertir a Puerto Rico en un sistema educativo más a tono con las demás jurisdicciones estadounidense. Previamente, la funcionaria ha detallado su plan para convertir las regiones educativas en agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) para que puedan solicitar fondos federales directamente. En lo que sería el primer paso concreto para lograr este cambio, ya Educación lanzó una convocatoria para que las personas interesadas en convertirse en los superintendentes de estas nuevas regiones comiencen a adiestrarse, indicó Keleher.

Asimismo, las conversaciones que ha tenido con los alcaldes buscan auscultar su interés en establecer sistemas educativos municipales, algo que ya existe en municipios como San Juan y Caguas. 

Keleher dejó claro que no descarta establecer escuelas chárter en Puerto Rico, un modelo que permite que entidades privadas administren planteles del sistema público. 

“Las escuelas de los municipios ya las tenemos aquí y son el ejemplo más claro de lo que son las chárter. Al clasificarlas como chárter, pueden recibir fondos (federales bajo el programa de) Título V. Y no tienen que ser solo los municipios, otra entidad se puede encargar de gerenciar una escuela”, sostuvo la funcionaria.

El establecimiento de escuelas chárter en Puerto Rico ha sido un tema polémico durante años, pues se trata de un modelo rechazado por múltiples sectores, particularmente el magisterio. A pesar de que las leyes federales respaldan la creación de este instrumento educativo, parte del debate en la Isla ha girado en torno a la constitucionalidad de asignar fondos públicos a un ente privado para manejar un bien público, controversia que nunca ha sido atendida a nivel local. 

No obstante, la Ley 10 de 2017, que crea la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, establece las bases para que municipios y organizaciones sin fines de lucro se hagan cargo de servicios e instalaciones que hasta ahora están en manos del Gobierno, lo que puede incluir escuelas.