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La Administración de Servicios Médicos instaló ayer tres carpas frente a la sala de emergencias del Centro Médico de Río Piedras para atender exclusivamente a personas que lleguen con síntomas de  COVID-19.
La Administración de Servicios Médicos instaló ayer tres carpas frente a la sala de emergencias del Centro Médico de Río Piedras para atender exclusivamente a personas que lleguen con síntomas de COVID-19. (David Villafañe Ramos)

La rigidez de los criterios que sigue el Departamento de Salud para dar acceso a las pruebas para detectar el COVID-19 ha impedido que se hagan diagnósticos de la enfermedad a tiempo, un elemento crucial que expertos aseguran es la manera más efectiva de contener su rápida propagación.

Ante esa situación, diversos profesionales de la salud consultados ayer por El Nuevo Día urgieron que las pruebas diagnósticas del nuevo coronavirus sean más accesibles para los médicos, pues muchos continúan encontrando casos sospechosos en los hospitales, pero enfrentan dificultad para que el gobierno acceda a realizar y procesar la muestra.

“El mayor escollo que hemos tenido para el diagnóstico de estos pacientes ha sido el Departamento de Salud”, afirmó el infectólogo Miguel Colón, quien ha observado de cerca varios de los casos sospechosos y diagnosticados en la isla.

Colón subrayó que, aunque desde febrero algunos infectólogos ya habían identificado a pacientes en la isla que cumplían con los criterios clínicos para que se les realizara la prueba del COVID-19, el Departamento de Salud se negó a realizarlas.

“Salud inicialmente tenía unos criterios extremadamente estrictos, demasiado estrictos, sobre a quién le iban a aceptar la prueba de COVID-19, y, por lo tanto, hubo casos que verdaderamente llenaban clínicamente los criterios de COVID-19, pero tratamos de hacer la prueba, y Salud nos negó porque supuestamente no llenaban criterios”, sostuvo el médico, consultor de enfermedades infeccionas del Hospital Auxilio Mutuo y presidente de Control de Infecciones del Hospital Presbiteriano Ashford.

Colón también advirtió que la disponibilidad y accesibilidad a la prueba que detecta el COVID-19 es una herramienta indispensable para que se pueda determinar la incidencia de casos en la isla y su nivel de mortalidad, así como la identificación de casos en la comunidad.

“Los médicos tenemos que saber quién tiene esta infección para entonces poder estudiarlo, ver cuántos pacientes en Puerto Rico tenemos con síntomas leves, cuántos con síntomas severos, y cuánto va a ser la mortalidad”, señaló el también profesor de la Residencia de Medicina Interna del Hospital Municipal de San Juan.

“No tenemos los mismos genes que los italianos, que los chinos, tenemos que determinar cuál es nuestra idiosincrasia en contra de esta infección, y el único modo que lo vamos a saber es haciéndoles la prueba a los puertorriqueños, haciéndoles miles de pruebas a los puertorriqueños”, aseveró.

Colón aseguró que cualquier hospital en la isla podría realizar la prueba, que es un procedimiento sencillo en el que se utilizan palitos de algodón para tomar las muestras de la nariz y la garganta. “Lo que nos hace falta a los hospitales son los medios dónde poner esas muestras, los potecitos de preservativos”, explicó el infectólogo. “Ese equipo, al día de hoy, lo provee el Departamento de Salud”.

Insisten en los controles

Sin embargo, a pesar de los reclamos de médicos alrededor de la isla, no todas las personas que presenten algún síntoma asociado con el COVID-19 serán sometidos a la prueba diagnóstica, reconoció ayer el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto.

El funcionario sostuvo que, aunque los médicos pueden tener una preocupación “genuina” para insistir que un número más alto de pacientes sea evaluado mediante pruebas de laboratorio, las guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) no dan espacio para esto.

“Lo que se ha establecido como requisito es que no se le van a hacer las pruebas a todo aquel que tenga un síntoma, que tenga dos síntomas. El que tenga los tres síntomas, esa persona sí requiere que se le haga una prueba”, manifestó Soto en conferencia de prensa.

Los criterios establecidos por los CDC, que fueron actualizados el 13 de marzo, establecen que como prioridad se les harán las pruebas diagnósticas a pacientes hospitalizados con síntomas asociados al COVID-19 (tos seca, fiebre y dificultad respiratoria).

Asimismo, cumplen con los criterios las personas con condiciones crónicas que presenten los síntomas, quienes hayan estado en contacto directo o prolongado con individuos enfermos con coronavirus y aquellos que hayan viajado a zonas en las cuales se ha documentado transmisión del virus.

Abona a la confusión que, contrario a la información provista por el Departamento de Salud la semana pasada, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza indicó que haber viajado al extranjero o haber tenido contacto con una persona que haya viajado al extranjero o zonas en las cuales haya contagios con COVID-19 es uno de los criterios que se toman en cuenta al determinar si se le realiza la prueba diagnóstica a una persona.

La directora de la Oficina de Bioseguridad, Jessica Cabrera, aclaró que los CDC han flexibilizado ese requisito para ciertos casos que presenten problemas respiratorios que no pueden ser atribuidos a ninguna otra afección, pero el cuestionamiento sobre viajes sigue estando presente entre las preguntas que los médicos deben hacer a los enfermos.

La funcionaria sostuvo que, en la isla, no se han reportado casos de transmisión comunitaria en la isla, pero no pudo precisar cómo se llegó a esa conclusión.

Hasta las 6:00 p.m. de ayer, el Departamento de Salud había reportado 37 casos sospechosos de la infección desde la semana pasada. De estos, 19 aún están en espera de recibir los resultados de las pruebas diagnósticas, cinco han sido confirmados como casos positivos y 13 han arrojado resultados negativos. No obstante, este número deberá ser más alto en las próximas horas dado a que instituciones hospitalarias y varios alcaldes han dado a conocer nuevos casos sospechosos.

“Actualmente se están realizando todas las pruebas que se reciban de las instituciones hospitalarias, los profesionales de la salud”, insistió Soto, al señalar que los 37 casos sospechosos divulgados ayer representan un aumento de los 19 casos reportados el lunes.

Aun así, Soto reconoció que la capacidad de procesamiento de pruebas del Laboratorio de Salud Pública y Bioseguridad del Departamento de Salud es limitada, por lo cual se espera que tres laboratorios privados comiencen en los próximos días a realizar pruebas comerciales. La Subdivisión de Dengue del CDC no está procesando las pruebas diagnósticas, aunque la semana pasada se informó que asistiría a la agencia estatal en esa gestión.

El Laboratorio de Salud Pública tiene, actualmente, la capacidad para procesar 50 pruebas diarias, que pudiera aumentar a 100 de ser necesario, detalló Cabrera. Soto destacó que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ha estado en comunicación con representantes de Laboratorios Borinquen, Laboratorio Clínico Toledo y Quest Diagnostics, los cuales comenzarán pronto a realizar pruebas comerciales para detectar el COVID-19.

Preocupa proceder del gobierno

Esa determinación del gobierno de que se administre la prueba a los pacientes que llegan hasta el hospital con un cuadro serio o crítico de la enfermedad genera preocupación entre algunos expertos en el tema, como el doctor Jorge Bertrán Pasarell, jefe de la sección de Infectología del Hospital Auxilio Mutuo, quien advirtió que ese es un porcentaje mínimo si se toma en cuenta que un 80% de los que se infectan muestran síntomas de leves a moderados.

“Posiblemente, mucha de esa gente no visite el hospital, así que qué nos va a venir, el 15% que tiene la enfermedad más seria o un 5% que tiene una enfermedad crítica, y a esos posiblemente son los que ahora mismo le estamos haciendo la prueba”, sostuvo el también director del Programa de Enfermedades Infeccionas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

Bertrán insistió en que, para poder determinar la incidencia actual del COVID-19 en la isla, es indispensable ampliar el acceso y la disponibilidad de la prueba.

Mientras, a juicio del doctor Luis Nieves, de la Sociedad Puertorriqueña de Neumología, es necesario que se exima a los profesionales de la salud de requerir el aval del gobierno para poder hacer las pruebas. “Hay que enmendarlo y dejar que los especialistas (médicos) estén al frente y puedan hacer la prueba”, enfatizó.

Según el galeno, ante la emergencia que vive el país, se debe “brincar ese paso” para poder hacerle esta prueba a pacientes que clínicamente los médicos entiendan se trata de un caso sospechoso o probable de COVID-19.

El neumólogo participó ayer en una mesa redonda organizada por Voces Coalición de Inmunización y Prevención de la Salud de Puerto Rico sobre el Manejo de Riesgos ante el COVID-19, en la que expertos –entre los que se encontraban la doctora Antonia Coello, ex cirujana general de Estados Unidos- advirtieron que aunque todavía no se ha confirmado si hay transmisión comunitaria, es probable que ya hayan contagios de ese tipo.

Según el médico, con el protocolo de pruebas que se sigue en Estados Unidos, con una técnica de laboratorio con base molecular (PCR, en inglés), el proceso tarda, lo que ha demostrado ser un problema.

“Que el paso (de validar o descartar un caso sospechoso con una prueba diagnóstica de COVID-19) se le deje al clínico, que (el médico) tenga derecho de pedir la prueba si entiende hay sospecha”, reiteró Nieves.

De acuerdo con Coello, se estima que, por cada persona afectada, hay tres contagios. “Me preocupa que hayan falsos positivos por la prisa del diagnóstico, pero (la prueba de laboratorio) ayuda a separar los infectados de los no infectados”, indicó.

Coello coincidió en que urge que haya más flexibilidad en las pruebas diagnósticas de COVID-19. “Hay que cambiar las regulaciones que existen para hacer la vida más fácil. Estamos en una pandemia. Ya basta de estar rogando para hacer las pruebas”, enfatizó.

Coello abundó que, en un panorama hipotético donde hayan 10,000 personas contagiadas con esta enfermedad, unas 2,000 necesitarían ser hospitalizadas y, de esas, 500 necesitarían ser conectadas a respiradores artificiales y otro 5% a un tratamiento de cuidado intensivo.

“Tengo que preparar (entonces) un hospital donde los pueda separar”, señaló.

El secretario de Asuntos Públicos reiteró ayer, en conferencia de prensa, que el gobierno ha identificado una institución hospitalaria que servirá como centro médico único para atender, en un futuro, todos los casos confirmados de coronavirus. No obstante, nuevamente se negó a identificar la institución y no indicó si está lista para acoger a estos pacientes.

Escasean materiales en laboratorios

De otra parte, José Sánchez, de la Asociación de Laboratorios Clínicos, señaló que existen problemas en la disponibilidad de reactivos de pruebas de laboratorio rutinarias, de equipo de protección personal y de materiales de desinfección, y que esta situación podría provocar que los laboratorios de comunidad tengan que limitar sus horas de operación, así como los servicios que ofrecen.

Precisó que los suplidores locales no tienen disponibilidad de mascarillas, guantes, batas ni “face shields” (caretas), entre otros artículos de protección personal importantes para el personal de laboratorios, así como otros proveedores de la salud.

La escasez, indicó, también abarca reactivos de muestras rutinarias, como la que utiliza la técnica molecular, el procedimiento que se utiliza en las pruebas diagnósticas del COVID-19 en Estados Unidos.

La reportera Keila López Alicea colaboró en esta historia.



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