Antonio Ramos, uno de los dos convictos por la llamada masacre de Trujillo Alto de 1989 que recién quedó en libertad condicionada mientras se resuelve un caso de habeas corpus que presentó a nivel federal, ha reclamado –por más de dos décadas– ser inocente.

“Llevo años tratando por que se me escuche en los tribunales… entendemos que hay muchas personas que son culpables, pero también hay personas que han estado confinadas siendo inocentes y sus casos ameritan una revisión”, dijo Ramos, quien fue excarcelado hace dos semanas.

Por los pasados siete años, el hombre llevó su petición de nuevo juicio ante los foros judiciales estatales, pero, ante la ausencia de una resolución, elevó el asunto al Tribunal Federal, que acogió el recurso legal que permite investigar si una persona está privada ilegalmente de su libertad.

La experiencia de Ramos es la que experimentaron otros exconfinados, como Nelson Ruiz, quien en 2016 fue exonerado –junto a José Caro y Nelson Ortiz– por el asesinato de Glorimar Pérez, ocurrido en 1988. “Cuando alguien está mucho tiempo reclamando justicia y le hacen imposible probar su inocencia, el gobierno incurre en una falta”, puntualizó Ruiz.

“Es como si estuviéramos jugando ping-pong con un ser humano”, expresó, por su parte, Julio Fontanet, director de Proyecto Inocencia de Puerto Rico.

Un proyecto de ley que busca, precisamente, atender con mayor prontitud los reclamos “meritorios” de acusados que reclaman su inocencia parece que se quedará sobre la mesa, luego de que la Comisión de lo Jurídico del Senado, dirigida por el presidente de la Cámara Alta, José Luis Dalmau, no recomendara su aprobación.

El Proyecto del Senado 56 –que no fue discutido en vistas públicas– propone la creación de la “Junta de Revisión de Condenas Erróneas”, un organismo que estaría a cargo de evaluar reclamaciones de inocencia en casos ya adjudicados. “La mayoría que sale culpable evidentemente son culpables. Pero hay un 3%, un 4%, que son no culpables, que hubo una determinación incorrecta, como ocurre en todos los países de mundo”, puntualizó Fontanet, también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Una propuesta idéntica fue presentada el pasado cuatrienio. Entonces, recibió el apoyo casi unánime de ambas cámaras legislativas, pero fue vetada por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Fontanet explicó que evitar que estos casos trasciendan a los tribunales ayudaría a agilizar los procesos conducentes a la exoneración y a reducir los costos que implica para el Estado una litigación prolongada. Indicó que el trabajo de los cinco miembros sería voluntario. “Se mira, se analiza el expediente y, si entendemos que es un reclamo meritorio, pues esa Junta va al tribunal a solicitar la excarcelación o el nuevo juicio”, detalló el abogado en conferencia de prensa.

Recientemente, el Departamento de Justicia alegó que el caso de habeas corpus presentado por Ramos podría costarle al Estado, al menos, $130,000.

El licenciado aclaró que, según la medida, la petición, ya sea de nuevo juicio o excarcelación, no inhabilitaría al Estado de oponerse en los foros pertinentes. “Cada vez que hay una equivocación, no hay que estar litigando de dos a siete años, que ha sido la experiencia de Antonio, de Nelson Ruiz, porque el proceso tarda mucho”, sostuvo.

Legislación similar se ha aprobado en 44 estados.

Según las conclusiones del informe, la medida –de la autoría del portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Thomas Rivera Schatz– “compromete el principio de la separación de poderes, impone responsabilidades a las agencias gubernamentales, las cuales son excluidas por su propia legislación habilitante, y excluye la participación del Ministerio Público”. Además, plantea que “no proporciona un esquema claro sobre los fondos a solicitar de las agencias federales y estatales”.

Fontanet dijo estar disponible a conversar sobre posibles enmiendas que permitan mantener la medida en discusión. “Si el problema son los costos, pues yo creo que no leyeron bien el proyecto porque no implica un solo centavo su implementación. Si hay algún otro problema que se ha identificado, vamos a atenderlo, vamos a buscar enmiendas. Lo que no podemos hacer es que el proceso y el statu quo se mantenga”, subrayó.

“Tanto Justicia como el pueblo de Puerto Rico debe tener un fin común: que solamente los culpables estén en la cárcel y los inocentes estén en la libre comunidad. De eso es que trata este proyecto”, agregó.