En la foto, funcionarios de la AEE trabajando en el recogido de transformadores en Guánica. (Archivo)

La decisión del gobierno de reexaminar el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por causa del coronavirus es un paso en la dirección correcta, siempre que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) busquen negociar un pacto que realmente sea sostenible para la corporación pública y no aumente el costo de la electricidad, dijeron dos entrevistados.

De acuerdo con el abogado Rolando Emmanuelli, la moción radicada en la noche del viernes por parte de la JSF, se convierte en una coyuntura “muy importante” para el futuro de la AEE y Puerto Rico.

“Definitivamente, el acuerdo original no era viable antes y ahora es mucho menos viable después de los terremotos y la pandemia”, dijo el abogado Rolando Emmanuelli, quien representa a la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

Tras posponer su discusión en marzo pasado, el viernes en la noche, la JSF dejó abierta la puerta para, de ser necesario, renegociar los términos del RSA con el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y las aseguradoras Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee y Syncora Guarantee pactado hace un año. La JSF reveló sus intenciones en un informe de estatus que radicó en el tribunal y que trata de la discusión del acuerdo en el tribunal bajo la regla 9019 del Código de Bancarrota.

El mollero legislativo y la paciencia de los bonistas

Según Emmanuelli, quien indicó que analiza con su cliente radicar un reclamo en el tribunal ante la movida de la JSF, de entrada, ya no hay una legislatura activa que esté dispuesta a aprobar un acuerdo que supondría un alza de hasta 4.6 centavos el kilovatio hora para pagar a los bonistas.

Emmanuelli anticipó que a partir de enero próximo, es probable que tampoco haya una asamblea legislativa dispuesta a dar su visto bueno a un alza tarifaria para pagar a los acreedores. Ello, ante la posibilidad de que las nuevas formaciones políticas ganen escaños que tradicionalmente han ocupado los partidos mayoritarios.

“Ese acuerdo debió hacer sido retirado”, indicó por su parte el representante de los consumidores en la junta de gobierno de la AEE.

Según Torres Placa, ahora que la JSF ha solicitado tiempo adicional a la jueza Laura Taylor Swain para evaluar el RSA en la AEE, el organismo fiscal y el gobierno deben enfocarse en “la reestructuración adecuada” no solo de los bonos de la AEE sino de todas las obligaciones de la corporación pública, incluyendo el fondo de pensiones y otras obligaciones para de esa manera, “encaminar a la AEE a una verdadera transformación”.

Si la jueza Swain acoge el pedido de la JSF, el organismo y el gobierno territorial tendrían hasta el próximo 25 de septiembre para informar la suerte del pacto suscrito hace un año y que entonces, se impulsó como preludio a un eventual plan de ajuste para la AEE bajo el Título III de Promesa.

En el verano del año pasado, la JSF pidió a la jueza Swain discutir el RSA como parte de la reorganización de la AEE, pero su análisis se pospuso repetidamente. En marzo pasado, cuando finalmente se discutiría los méritos del acuerdo, la JSF pidió un nuevo aplazamiento aunque en esa ocasión para aquilatar el impacto de la pandemia del coronavirus en las finanzas públicas.

Sin embargo, el pedido de tiempo adicional por parte de la JSF no necesariamente sentaría bien a los bonistas que hasta han respalddo el acuerdo.

Este es el tercer pacto que los bonistas y las aseguradoras municipales de la AEE suscriben con Puerto Rico en seis años. En esta ocasión, el acuerdo fue impulsado y aprobado por la propia JSF y a pesar de ello, el organismo fiscal y la AEE han incumplido con varios de sus términos. Entre estos, no implementar la primera parte del cargo de transición -la partida que se adoptaría para pagar a los bonistas- y que debió comenzar en julio del año pasado.

En contraste, los bonistas dejaron en el tintero, la demanda que habían radicado para que se nombre un síndico en la corporación pública.

Según Emmanuelli, si en realidad, la JSF quisiera un recorte “agresivo” como el que se necesita en la AEE, debería dejar que el litigio radicado por su Comité de Reclamaciones Especiales contra varios grupos de acreedores continúe su curso.

A preguntas de El Nuevo Día acerca de cuánto tiempo más el gobierno y la JSF podrían posponer la discusión del RSA, Emmanuelli explicó que el estado de derecho provee para solicitar la desestimación del pedido de bancarrota cuando el deudor no ha dado seguimiento o ha abandonado el proceso. Ello, abundó el abogado, no aplicaría en este caso, habida cuenta que la incertidumbre causada por el coronavirus representa una justificación genuina.

“No es posible prometer nada sin tú saber cuál será la ejecución de la economía”, indicó Emmanuelli.

Pero el año entrante, cuando Puerto Rico entre en su quinto año de impago, la cosa podría ser diferente. En especial, porque los casos de Título III comienzan a pesar en los recursos del tribunal, una observación que, según Emmanuelli, la jueza Swain dejó en el récord la semana pasada. Esto, cuando refirió al foro judicial de Puerto Rico, la demanda de tres aseguradoras contra ocho bancos de inversión que estructuraron parte de la deuda de la isla.

El contrato de LUMA

De acuerdo con Emmanuelli, el contrato recién pactado con LUMA Energy para operar la red eléctrica, incluso haría cuesta arriba consumar un RSA que ya era insostenible.

“La Junta certificó un presupuesto en déficit para la AEE y ese déficit, en el plan fiscal de la AEE, se le atribuye al contrato del operador”, subrayó Emmanuelli.

El Nuevo Día reseñó antes que el contrato con LUMA ocasionaría un déficit en la AEE de unos $132 millones durante el año fiscal en curso.

Según Torres Placa, aparte de que la matemática no respalda el RSA en la AEE, impulsar ese acuerdo con los bonistas “es incompatible” con el contrato de LUMA.

“El mismo contrato de LUMA establece que no puede entrar en funciones plenas hasta que la reestructuración de la AEE termine”, dijo Torres Placa.

En contraste, en su moción al tribunal, la JSF indicó a Swain que la contratación del consorcio estadounidense canadiense es parte de diversas movidas por parte de la AEE para salir del proceso de Título III. La JSF reiteró en el informe su deseo de modificar las obligaciones de la corporación pública de manera consensual.

Las pensiones en la AEE

“El plan fiscal certificado el 3 de mayo (pasado) no solo tiene efectos devastadores para la economía de Puerto Rico sino que ese mismo plan no resuelve el problema de insolvencia crasa de la AEE”, dijo Torres Placa.

El ingeniero recordó que el año pasado, a instancias suyas, el economista Ramón Cao analizó el RSA de la AEE y concluyó que este no hará bien al bolsillo de los consumidores, las empresas.

En mayo pasado, Cao volvió a analizar el RSA y comprobó que el acuerdo no sacará a la AEE del hoyo fiscal en que se encuentra. Ello, porque mientras las obligaciones de la AEE superan los $17,000 millones, los activos de la corporación publica rondan unos $9,000 millones.

“Ninguna organización puede operar así”, sostuvo Torres Placa.

De acuerdo con Torres Placa es hora de que el gobierno y la JSF decidan, finalmente, qué harán con el pago de las pensiones de la AEE y los demás planes de pensiones que se modificarían en el plan del gobierno central.

Torres Placa entiende que el gobierno debe analizar qué sería más beneficioso. Si consolidar en uno los cinco planes de pensiones que custodia el gobierno, incluyendo la AEE o manteniendo cinco planes separados. Un enfoque englobado podría resultar en un ajuste menos severo, y sobre todo, en honrar el compromiso con los trabajadores, indicó.

“Mi llamado es a que se retire este acuerdo con los bonistas y se proceda con un plan de reestructuración que incluya todas las obligaciones de la AEE de acuerdo con parámetros establecidos a nivel de Estados Unidos, donde la referencia en la relación de deuda a activos en una compañía eléctrica debe ser equivalente al 50%”, insistió el ingeniero.