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El Senado federal puede tener a inicios de 2014 un cambio de liderato en los comités de Finanzas, y Energía y Recursos Naturales, que tienen jurisdicción sobre los asuntos en la agenda de las autoridades de Puerto Rico.

Ante el nombramiento del senador Max Baucus (Montana) como embajador de Estados Unidos en China, el senador Ron Wyden, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, asumiría a principios de año la dirección del poderoso Comité de Finanzas, según fuentes legislativas.

Como presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, Wyden, demócrata por Oregón, ha estado en el centro del debate sobre status, especialmente por advertir al Partido Popular Democrático (PPD) -la vez más reciente en una carta del 13 de diciembre suscrita también por la portavoz de la minoría republicana, Lisa Murkowski (Alaska)-, que ni el ELA territorial actual ni el “mejorado” deben estar entre las opciones de un proceso sobre el futuro político de Puerto Rico.

El gobernador Alejandro García Padilla, presidente del PPD, ha minimizado las expresiones y la influencia de Wyden en el Senado federal. Pero ahora García Padilla y el PPD tendrían que lidiar con Wyden como jefe del Comité de Finanzas, responsable de cualquier propuesta dirigida a estudiar un nuevo incentivo contributivo federal que promueva la inversión en Puerto Rico, una idea que no ha adelantado en los últimos años, pero que el gobierno puertorriqueño quisiera tratar de incluir en una próxima reforma tributaria.

El pasado cuatrienio los esfuerzos estuvieron centrados en la propuesta dirigida a crear la sección 933 A del Código de Rentas Internas federal.

La decisión de Baucus de dejar ahora el Senado –había dicho que no iría a la reelección en noviembre– y convertirse en embajador estadounidense en China, sin embargo, puede ser indicativo de que las posibilidades de aprobar en 2014 la reforma tributaria son escasas.

Pero, menos aún puede avanzar la idea de otorgar un nuevo incentivo tributario federal a Puerto Rico “sin una reforma contributiva” y la derogación de la ley puertorriqueña que otorga exención por sus ingresos a multimillonarios que deciden mudarse a Puerto Rico e invertir en proyectos locales, a juicio del cabildero de grupos estadistas Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton.

Del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado el PPD tampoco va a recibir buenas noticias.

A Wyden le puede sustituir como líder de esa comisión la senadora Mary Landrieu (Louisiana), una estrecha aliada de los estadistas, particularmente de la familia del ex gobernador Carlos Romero Barceló.

El representante del Gobernador en Washington, Juan Eugenio Hernández Mayoral, sostuvo que han tenido reuniones anteriormente tanto con funcionarios de las oficinas de Wyden y Landrieu.

“Seguiremos nuestros esfuerzos para impulsar el desarrollo económico del país no importa quiénes estén al mando de las comisiones de jurisdicción y trabajaremos con congresistas y senadores de ambos partidos para lograr nuestra meta de crear más y mejores empleos en Puerto Rico”, indicó Hernández Mayoral, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA).

Landrieu, quien va a la reelección en noviembre, ha estudiado presentar un proyecto pro estadidad en el Senado federal que le haga compañía al “HR2000” sometido en mayo pasado en la Cámara de Representantes por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La legislación de Pierluisi, que cuenta 130 coauspiciadores y solo una docena de republicanos, no ha sido examinada aún por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, que esta a la espera del informe de la Oficina de Contraloria General (GAO) sobre el costo de otorgarle la estadidad a Puerto Rico.

De todos modos, la propuesta federal de status que se considera con posibilidades en esta sesión legislativa es la petición presupuestaria del presidente Barack Obama para asisitir con $2.5 millones a la financiación de un próximo referéndum de status y vincular a su Secretario de Justicia con el análisis constitucional de las alternativas que se incluyan en la papeleta electoral.