El Tribunal Supremo de Estados Unidos descartó este lunes acoger el caso en el que organizaciones magisteriales de Puerto Rico impugnan los cambios a su sistema de pensiones por medio del plan de ajuste de la deuda del gobierno central y en el que sus abogados han reclamado la derogación de la doctrina de los Casos Insulares.

Al denegar el recurso de ‘certiorari’, el máximo foro judicial descartó evaluar en su fondo la controversia, una determinación que deja vigente la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales, en Boston, que confirmó el Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno Central y desplazó las leyes de retiro del magisterio y la judicatura.

“A pesar de ser un momento de decepción, el FADEP ni se rinde si se vende”, declaró Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), una de las entidades que compone el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP), que había presentado la petición de certiorari ante el Supremo federal.

Ante la determinación, Martínez adelantó que la lucha del magisterio continuaría con manifestaciones en la calle.

“Mientras otras organizaciones optaron por entregar en bandeja de plata los derechos del magisterio, desde nuestras organizaciones hemos llevado la lucha en los tribunales hasta las últimas consecuencias y continuaremos haciéndolo en las calles”, sostuvo Martínez Padilla.

Además de la Federación de Maestros, el FADEP agrupa al Grupo Magisterial Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc. (EDUCAMOS), y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Inc. (ÚNETE).

La petición de certiorari del FADEP -que levantaba argumentos de índole constitucional, respecto a la doctrina de desplazamiento de la ley local por la ley federal, y solicitaba la revocación de los Casos Insulares- fue presentada y suscrita por la licenciada Jessica E. Méndez Colberg, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, y la licenciada Zoé C. Negrón Comas, del Bufete Emmanuelli CSP.

Los abogados sostienen que al decidir originalmente el caso, la jueza Laura Taylor Swain - a cargo del tribunal de bancarrota territorial creado por la Ley PROMESA para reestructurar la deuda pública,- contradijo la doctrina de preferencia (preemption) del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues sostienen que se ha permitido en la práctica que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) legisle, sin tener poder para ello, al ir por encima de leyes puertorriqueñas,

“Esperábamos que el Tribunal Supremo acogiera y expidiera el recurso, por contener varios asuntos de primera impresión y repercusiones tan amplias. Al denegarlo, el Tribunal avaló que la Junta de Control Fiscal, a través de los procesos de quiebra, se convierta en el nuevo poder legislativo de este país”, subrayó Emmanuelli Jiménez. “Aun cuando la propia ley no le reconoce a la Junta el poder de legislar, el efecto práctico de esta denegatoria es permitírselo, con todas las consecuencias nefastas que eso pueda tener sobre el futuro de nuestro país”, sostuvo.

El plan de ajuste de deuda ha permitido la congelación de beneficios futuros de los maestros, incluyendo el plan de beneficios definidos, que ahora será de contribución definida, y requiere, entre otras cosas, alcanzar los 63 años para poder obtener la jubilación.

“La Junta de Control Fiscal nos quiere dejar sin un retiro digno y trabajando hasta que el cuerpo reviente. Nos ha alargado el tiempo de servicio, con todo lo que eso implica para nuestra salud mental y física, y redujo nuestras pensiones a una miseria”, añadió Liza M. Fournier Córdova, presidenta de ÚNETE. “El Tribunal Supremo de Estados Unidos no quiso intervenir. Le tocará al magisterio salir a exigir lo que se merece. Nosotras no vamos a detenernos”.

En relación a la petición del FADEP, en cuanto a la revocación de los Casos Insulares -una serie de casos decididos a principios del pasado siglo XX que justifican el trato discriminatorio de los territorios en las cortes federales-, la licenciada Méndez Colberg indicó que “sabemos que en ausencia de la nefasta doctrina de los Casos Insulares, estas situaciones de exceso de poder de la Junta no estarían ocurriendo”.

“A pesar de que surgieron expresiones recientes por parte de uno de los jueces del Tribunal Supremo en cuanto a que la base podrida y racista de los Casos Insulares tenía que erradicarse, nuevamente el Tribunal desperdicia otra oportunidad para revocar estos casos de una vez y por todas”, manifestó.

En la misma dirección, la licenciada Negrón Comas indicó que prestarán atención al efecto que la determinación del Supremo pueda tener en la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Con la decisión del Supremo en su bolsillo, prevemos que la Junta se vuelva aún más agresiva en su táctica de desplazar legislación, un asunto que tendrá un efecto grave sobre los intentos de evitar un Plan de Ajuste de Deuda dañino para Puerto Rico, su gente, y su economía”, alertó.

Sobre la denegación del Supremo, la presidenta interina de EDUCAMOS, Sonaly Berríos, planteó que “aquí se demuestra el poder inhumano y violento que tiene el gobierno federal sobre nosotros, mediante el cual eliminan nuestros derechos a su arbitrio, se reparten las ganancias de nuestro sudor y dejan en la miseria a la clase magisterial de este país”.

“El magisterio debe saber que se hizo todo lo que estuvo en nuestras manos desde el punto de vista legal, pero nos toca ahora continuar la lucha en otros espacios”, manifestó.