Un estudio revela que 2,975 personas murieron a causa del huracán María

Washington - En medio de una evidente falta de preparación de las autoridades puertorriqueñas y estadounidenses, las muertes causadas por el huracán María en Puerto Rico -el peor desastre ocurrido en la Isla en el último siglo-, alcanzaron 2,975, de acuerdo al estudio que encomendó el gobierno de Ricardo Rosselló al Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad George Washington (GWU, en inglés).

La cifra prácticamente duplica los estimados de las muertes en exceso que había dado el Registro Demográfico de Puerto Rico, 1,427, y vuelve a poner en perspectiva la emergencia y la desesperanza que provocó un huracán que dejó a las autoridades puertorriqueñas y estadounidenses sin poder dar una respuesta eficaz.

Los más vulnerables -los de menos recursos económicos y los de mayor edad-, se enfrentaron al mayor riesgo, reconoció hoy Carlos Santos Burgoa, principal investigador del estudio que le encomendó Rosselló a la institución universitaria estadounidense.

Para su estudio, el Instituto Milken examinó las muertes registradas en Puerto Rico entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, comparándolas, por medio de un modelo matemático, con “patrones históricos”.

El estudio de la Universidad George Washington, que calcula en 2,975 las muertes, el número que ahora hace oficial el gobierno de Puerto Rico, se suma a otras investigaciones universitarias que las habían estimado en cerca de 1,139 (Penn State) o establecido que el número pudiera rondar entre 793 y los 8,498, con una mediana de 4,645 (Universidad de Harvard).

Hasta la divulgación del estudio, oficialmente el gobierno de la isla tenía documentadas 64 muertes.

“El estimado oficial del gobierno de 64 muertes a causa del huracán es bajo, principalmente porque las formas utilizadas para la atribución causal solo permitieron la clasificación de muertes atribuibles directamente a la tormenta, por ejemplo, las causadas por el colapso estructural, escombros voladores, inundaciones y ahogamientos. Durante nuestro estudio más amplio, se encontró que muchos médicos no estaban orientados en la certificación del protocolo adecuado”, indica el estudio.

La investigación de GWU confía en haber hecho untrabajo más riguroso, con la ventaja -distinto, por ejemplo, a la Universidad de Harvard-, que pudo contar con los datos del Registro Demográfico, los cuales el gobierno de Puerto Rico mantuvo en secreto hasta el 1 de junio pasado, aunque ya habían sido compartidos con el Instituto Milken.

“Para estimar el exceso de mortalidad asociada con el huracán María, fue necesario desarrollar estimados de mortalidad contrafácticas, o estimados de qué mortalidad se hubiera esperado si el desastre no hubiera ocurrido”, indica el estudio, en referencia a considerar el universo posible.

Por ejemplo, tomaron en cuenta los datos sobre el nivel de desplazamiento de personas que ocurrió a causa del huracán y el tamaño de la población.

En diferentes municipios investigadores entrevistaron a funcionarios del Registro Demográfico, directores de funerarias, de hospitales, patólogos forenses, de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y miembros de asociaciones importantes.

También entrevistaron 11 líderes de agencias y comunicaciones del gobierno de Puerto Rico, y 22 líderes comunitarios.

El estudio toma nota de que entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 ocurrieron 16,608 muertes en Puerto Rico (9,054 hombres y 7,554 mujeres). Calcula que la población de Puerto Rico se redujo en ese periodo en un 8%, de 3,327,917 habitantes en septiembre a 3,048,174 a mediados de febrero, es decir una baja de 279,743.

Un 40% de los municipios experimentó tasas de mortalidad significativamente más altas que en los periodos comparables de los últimos dos años.

El estudio destaca que en Puerto Rico ha faltado comunicación, guías y entrenamientos a doctores sobre cómo certificar muertes a causas de desastres. Pero consideró que los errores en los certificados de defunción ocurrieron en una proporción que coincide con la experiencia en Estados Unidos.

“Muchos doctores no tenían entrenamiento formal para completar el certificado de defunción y no estaban adecuadamente informados sobre las prácticas para certificar muertes, especialmente en situaciones de desastres”, agrega.

De acuerdo a entrevistas con personal de agencias del gobierno de Puerto Rico, “cuando ocurrió el huracán, ni el Departamento de Seguridad Pública ni de la Oficina Central de Comunicaciones de la Oficina del Gobernador tenían planes escritos de comunicaciones para riesgos de crisis y emergencia”.

A su vez, los planes de emergencia “no estaban diseñados para huracanes de una categoría mayor a la 1”, ni había preparativos para mantener al gobierno en contacto con las comunidades, subrayó el estudio.

Cuando se creó el Departamento de Seguridad Pública, para integrar agencias de emergencias como el Negociado de Manejo de Emergencias, la Policía, el Sistema 9-1-1, el Servicio de Bomberos y el Negociado de Investigaciones Especiales, los planes de emergencia bajo esa sombrilla “no fueron actualizados ni coordinados”.

Las entrevistas con los propios funcionarios del gobierno reflejaron que era insuficiente el personal para comunicarse con el pueblo y no se aumentó el número de empleados para esos fines después del azote del huracán, que derrumbó el sistema eléctrico y dejó comunidades aisladas durante días.

“El gobierno central no estaba preparado para utilizar canales de comunicación alternativos para la vigilancia de la salud y la mortalidad, la difusión de información de salud pública y la coordinación con las comunidades, incluidas la comunicación interpersonal y la radio ", agrega el estudio.

Tampoco el gobierno pudo monitorear sistemáticamente la información errónea y los rumores en redes sociales.

“Líderes claves que fueron entrevistados indicaron que percibieron que el conteo de muertes es mucho más alto y consideran que el liderazgo del gobierno estuvo desconectado de las realidades de las comunidades puertorriqueñas, que no hubo transparencia en la información, que información fue intencionalmente retenida para evitar que les echaran culpas y que no hubo sistemas adecuados para rastrear el total de muertes”, indicó el estudio.

Las recomendaciones de GWU incluyen “tener un proceso confiable y flexible de vigilancia de mortalidad institucional que proporcione evidencia confiable y precisa durante desastres naturales”, con el propósito de “establecer la magnitud del impacto del desastre, identificar áreas y grupos de mayor riesgo”, así como “monitorear el desempeño de la protección y prevención de salud pública”.

También han propuesto desarrollar una “política federal y de Puerto Rico para la preparación y respuesta a grandes emergencias y desastres naturales”, incluido “establecer un liderazgo claro en el Departamento de Salud” para supervisar la ocurrencia de muertes y desarrollar la capacidad de los médicos en la emisión de certificados de defunción.

También destacó la necesidad de tener personal suficiente en el Negociado de Ciencias Forenses y en el Registro Demográfico, y de avanzar en el “análisis de estadísticas de áreas pequeñas para identificar la heterogeneidad dentro de municipios relacionados con la mortalidad por el Huracán María”.

El estudio acentúa, además, la importancia de tener un liderazgo claro en el Negociado para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico y en la Oficina Central de Comunicaciones, para desarrollarun plan de respuesta a emergencias y crisis.