Recortes a la jornada laboral de empleados públicos, aumento en impuestos, reducción en los salarios que reciben los adultos jóvenes, disminución en las asignaciones para organizaciones sin fines de lucro, alzas en costos de los servicios de agua y energía eléctrica... La discusión sobre cómo atender la situación fiscal del gobierno se ha centrado mayormente en la propuesta de medidas de austeridad que impactarán los bolsillos de los ciudadanos, pero carece de opciones de protección social que no perjudiquen más la frágil situación socioeconómica de más de la mitad del país.