Recortes a la jornada laboral de empleados públicos, aumento en impuestos, reducción en los salarios que reciben los adultos jóvenes, disminución en las asignaciones para organizaciones sin fines de lucro, alzas en costos de los servicios de agua y energía eléctrica... La discusión sobre cómo atender la situación fiscal del gobierno se ha centrado mayormente en la propuesta de medidas de austeridad que impactarán los bolsillos de los ciudadanos, pero carece de opciones de protección social que no perjudiquen más la frágil situación socioeconómica de más de la mitad del país.

 Así lo destacó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, a su partida de Puerto Rico esta semana, luego de dos días cargados de visitas a varios puntos alrededor de la isla.

“Yo no diría que me llevé una fuerte impresión de que el gobierno aquí esté profundamente comprometido con proveer el nivel de servicios que pienso que sería apropiado para las personas. Pienso que hay una amplia creencia de que no hay suficientes personas trabajando y quizás tengan la razón, pero la pregunta es, ¿cuál es la solución?”, dijo Alston a El Nuevo Día poco antes de abordar el avión que lo llevaría de regreso  a Estados Unidos.

 El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York llegó a Puerto Rico como parte de un amplio estudio que realiza sobre la pobreza extrema en Estados Unidos. La isla forma parte del trabajo, tanto por sus altos niveles de pobreza como por el impacto de las políticas estadounidenses sobre esta jurisdicción territorial. Hoy, Alston presentará un informe preliminar de su estudio en Washington D.C.

Durante su estadía en Puerto Rico, Alston visitó varios pueblos del sur de la isla y las comunidades del caño Martín Peña, en San Juan, tuvo reuniones con funcionarios y participó de un conversatorio con líderes comunitarios y expertos. De Puerto Rico, le preocupa la relación que existe entre la pobreza y la degradación ambiental, apuntó.

“La imagen de la montaña de cenizas, o como quieran llamarle, es bastante dramática conociendo las consecuencias a la salud... Eso me parece que es un ejemplo claro de  cuando no se toman suficientes precauciones con las vidas de las personas que viven en la pobreza”, comentó Alston, en referencia a los depósitos de productos de la combustión del carbón que genera la cogeneradora Applied Energy Systems (AES) en Guayama.

  Aun antes del paso de los huracanes Irma y María en septiembre, Puerto Rico era la jurisdicción más pobre en Estados Unidos, recordó Alston. El 43.5% de la población vive bajo el nivel de pobreza federal, de acuerdo a la Encuesta de Comunidad del Negociado del Censo publicada en 2016. El 56% de los niños del país viven en hogares pobres, según el informe Kids Count del 2016.

La devastación provocada mayormente por el huracán María complica aún más el panorama, destacó el relator. El mes pasado, el Centro de Información Censal del Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR) alertó que el segmento de la población que vive bajo el nivel de pobreza federal pudo haber aumentado al 52.3% tras el paso de María.

Las medidas de protección social permitirían diseñar políticas que ayuden a los ciudadanos que viven en la pobreza a salir de ella y tener mejores condiciones de vida, sostuvo Alston. Prefirió no enumerar las posibles alternativas que puede implementar el gobierno para combatir la pobreza extrema, pero comentó que una opción pudiera ser el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro que también se han dedicado a asistir a los damnificados de los ciclones.

No obstante, no todo puede dejarse en manos de entidades del sector civil o el sector privado, argumentó. Alston destacó que entidades internacionales están modificando sus posturas para evaluar de cerca el impacto social de medidas económicas que desarrollan los gobiernos. En julio pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó en un informe  que debe dar más énfasis a la implementación de medidas de protección social en los países que impacta, las cuales permitan reducir los efectos adversos de las políticas económicas en las poblaciones vulnerables.

El FMI reconoce que no existe una única definición sobre qué constituyen acciones de protección social, pero se acepta que son aquellas políticas que protegen a las personas y familias más vulnerables, como los subsidios para la compra de alimentos o de servicios energéticos.

El profesor universitario sostuvo que, si no se toman en cuenta las protecciones sociales y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) promueve únicamente medidas de austeridad para la isla, la pobreza en Puerto Rico será extrema. Esta visión ha sido expresada previamente por otros expertos. El economista y el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha adelantado que las medidas de austeridad contenidas en el plan fiscal que fue certificado por la JSF -y que actualmente está en revisión- tendrán el efecto de contraer aún más la golpeada economía puertorriqueña.

“Eventualmente, tendrá un resultado amargo, será un proceso doloroso y no será uno que estará a tono con los derechos humanos”, sostuvo.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.