Por segundo día consecutivo, una de las principales apuestas de la administración de Jenniffer González para atender la crisis energética se enfrentó a un freno regulatorio cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detuvo la aprobación del contrato de 15 años –valorado en $20,000 millones– que el gobierno acordó en pasadas semanas con New Fortress Energy (NFE) para el suplido de gas natural licuado (LNG, en inglés) a la mayoría de las instalaciones de generación del país.

“Estamos ante una situación donde nada se mueve”, resumió el ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Juan Alicea.

El miércoles, el Tribunal de Apelaciones paralizó los trámites de aprobación del contrato adjudicado a la compañía Power Expectations para la generación temporal de 800 megavatios en el sur de la isla, ante señalamientos de múltiples licitadores desfavorecidos que han expuesto una retahíla de presuntas irregularidades y la aparente incapacidad de la empresa agraciada para cumplir con los términos del acuerdo.

Un día después, la JSF objetó el pacto adjudicado a favor de NFE, subrayando que hubiera impuesto condiciones “monopolísticas” y desfavorecedoras al interés público, tales como garantías mínimas de compra y concesiones de exclusividad que no se ajustan a las proyecciones y necesidades del sector energético.

En conferencia de prensa, la gobernadora sostuvo este jueves que ella también tiene “preocupaciones” con las condiciones del acuerdo de NFE, pero responsabilizó a la firma Regulatory Compliance Services (Recoms), encargada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) para administrar las solicitudes de propuestas (RFP, en inglés) en las que Genera PR, operador de la flota de generación, puede tener algún conflicto de interés. NFE, además de ser el principal suplidor de combustible para la generación en la costa norte, es la matriz de Genera.

“Son elementos bien técnicos, y esta firma privada es la que ha hecho todas estas evaluaciones, no es el gobierno de Puerto Rico el que hace (estos) contratos”, dijo González, puntualizando que se trata de un proceso “vivo”.

“Hay elementos que puedo compartir, en términos de que hay diferencias”, añadió la primera ejecutiva, en compañía del zar de Energía y director de la AAPP, Josué Colón.

El zar de Energía, por su parte, señaló que el jueves se reabrió el RFP de la generación temporal con miras a que todos los licitadores puedan presentar ofertas que se alineen con las directrices que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitió la semana pasada, a los efectos de que se procure un contrato a 10 años con precios de compra de energía más reducido.

“Van a tener, entiendo, 48 horas para que sometan su mejor oferta, porque son compañías que ya participaron de ese RFP, y la compañía a cargo de ese proceso (Recoms) debe tener un término no mayor de 10 días para evaluar las ofertas que reciba y tener una determinación para ofrecer su recomendación”, dijo Colón.

“Creo que falta mucha discusión y está afectando, inclusive, la toma de decisiones, especialmente, a estos desarrolladores que van a hacer negocios; no está la información clara. Lo responsable sería mirar todos esos parámetros y después uno hablar en forma concreta (y decir) ‘esto es lo que va a pasar’. Eso no está pasando, y no lo he visto en el NEPR, la propia AEE ni la JSF; nadie está haciendo ese análisis, porque si no, es un cheque en blanco”, abundó, por su parte, Alicea.

Para el economista y director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, resulta preocupante el tipo de acuerdos al que llega el gobierno con una empresa como NFE, debido a la situación de estado financiero.

Las trabas enfrentadas en las licitaciones recientes en el sector energético evidencian, a juicio de Marxuach, una “falta de capacidad” del gobierno para cumplir con sus propias leyes y regulaciones.

“No hay razón para que estos procesos tengan que dar para atrás una vez se ejecuten, porque si se hacen bien de la primera, no hay problema. Pero ese es precisamente el problema, que no podemos ejecutar bien de entrada, por alguna razón, y, en parte, tiene que ver con la misma falta de capacidad que tiene el Estado. En la AEE, quedan bien pocos empleados, la AAPP tiene relativamente pocos recursos. El NEPR, de las entidades locales, tiene un poco más de capacidad, pero igualmente ha tropezado”, enumeró Marxuach.

“Mucha gente olvida que el verdadero ahorro de generación viene de decomisar las plantas viejas que utilizan fuentes fósiles, sobre todo, petróleo y diésel. Creo que, como nos hemos tardado tanto en sacar la generación renovable a gran escala, vamos a tener aunque sea un residuo mínimo de lo que se llama generación firme con gas natural, pero, mirando al futuro y dónde estamos, hay que empezar a mirar cómo sacar estos proyectos a gran escala rápido para que, por lo menos, se estabilice el precio”, señaló el analista.

En su carta a Colón sobre el acuerdo con NFE, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, señaló que “la ejecución del contrato propuesto amarraría a la isla a un compromiso a largo plazo con un único suplidor, potencialmente socavando la competencia del mercado y limitando la flexibilidad”.

“(El acuerdo preliminar) incluye una provisión que concentra el suplido de LNG para la demanda actual y futura, con excepción de (la planta de) Mayagüez, en una sola entidad, exponiendo a la isla a un arreglo monopolístico que, en última instancia, atentaría contra la seguridad energética al comprometer al pueblo de Puerto Rico a comprar cantidades de gas natural licuado que exceden significativamente la capacidad presente y futura del sistema”, abundó Mujica.

En la misiva, con fecha del miércoles, no se precisa si la JSF igualmente objeta el contrato adjudicado a la empresa Crowley, que se encargaría del suplido futuro de gas natural a la estación generatriz de Mayagüez, una de varias que al presente queman otros combustibles pero que el gobierno pretende gasificar.

El miércoles, precisamente, venció la extensión al contrato vigente de suplido de combustible de NFE que hubiera sido sustituido por el acuerdo a largo plazo, que contempla el suministro a múltiples instalaciones de generación que actualmente no utilizan gas natural. El contrato vigente –que por ahora permite el suministro a unidades de emergencia en las centrales de San Juan y Palo Seco (Toa Baja)– fue extendido provisionalmente hasta el viernes, con autorización de la JSF.

Este diario supo, sin embargo, que NFE, en medio de las negociaciones por el nuevo contrato, retiró el miércoles la barcaza que suple el LNG al terminal de regasificación del que se alimentan tanto las unidades #5 y #6 de ciclo combinado de la central San Juan y la mayoría de las 10 unidades portátiles en esta instalación, máquinas que, en consecuencia, se verían obligadas a operar con diésel, un combustible más caro y que reduce la capacidad de generación. Tan solo por el cambio de combustible en las unidades #5 y #6, el costo puede incrementar en unos $20 millones mensuales. Las otras unidades portátiles en San Juan, así como las máquinas temporales en Palo Seco, utilizan gas natural transportado en camiones y almacenado en tanques.

Aunque el combustible es entregado por la misma embarcación, NFE mantiene contratos separados para el suplido de las unidades #5 y #6 –vigente hasta 2026– y para las unidades portátiles. Colón, en la rueda de prensa, aseguró que el jueves las máquinas estaban funcionando con gas natural.

“Independientemente del contrato que suple las unidades pico de las centrales San Juan y Palo Seco, hay un contrato vigente con NFE para suplir el gas natural a las unidades de ciclo combinado #5 y #6 de San Juan hasta agosto del próximo año”, puntualizó Colón.

El ingeniero Daniel Hernández Morales, quien hasta mayo fungió como vicepresidente de Operaciones de Genera PR, indicó que el diésel puede costar casi el doble que el LNG, por lo que modificar las operaciones cuesta “mucho dinero”, que eventualmente se transfiere a los consumidores por medio de la factura.

“El contrato provee unas cláusulas de que, si no se provee el gas natural según el contrato, pues también hay unas penalidades que se pueden imponer al suplidor. Hay, de cierta forma, una mitigación, pero eso corresponderá, en su momento, al NEPR pasar juicio”, dijo Hernández Morales.

En su carta, Mujica subrayó que el contrato propuesto con NFE es el más grande que el gobierno ha sometido a consideración del organismo “en términos de su valor, el impacto directo en las vidas de la gente de Puerto Rico y el alcance del suplido”, por lo que “hubiera sido irresponsable de la Junta de Supervisión evaluarlo a fondo en tan corto tiempo”.

La búsqueda de generación temporal y la licitación para el suplido de gas natural a largo plazo son dos de las estrategias gestadas bajo la administración de González y el zar de Energía, tras promover enmiendas estatutarias que abrieran la puerta a introducir un mayor volumen de fuentes de generación fósil para procurar una mayor estabilidad del sistema a corto y mediano plazo.

Pese a la delegación del proceso en un tercero, la JSF cuestionó múltiples elementos de la licitación de combustible, en la que NFE y Crowley fueron los únicos competidores.

“De la información que la Junta de Supervisión ha podido revisar al momento, el contrato propuesto fue inherentemente el resultado de negociaciones directas con NFE, en lugar de un proceso de adquisición verdaderamente competitivo. Por lo tanto, basado en la información recibida a la fecha, no se puede determinar que el precio propuesto y los términos contractuales deban ser aprobados”, puntualizó Mujica.

Según la carta, Recoms modificó múltiples condiciones del RFP para acomodar necesidades específicas de NFE, como reducir de $100 millones a $10 millones la fianza de cumplimiento y pactar un contrato garantizado de 15 años, cuando originalmente se procuraba un término de cinco a 10 años.

Asimismo, la comunicación reitera cláusulas que obligarían al gobierno a comprar volúmenes incrementalmente mayores de combustible a largo plazo, a pesar de que el plan fiscal de la AEE “proyecta que el LNG requerido sea más bajo debido a las tendencias de generación y hasta que se cree demanda adicional, tanto a corto como a largo plazo”.

“Consecuentemente, estas obligaciones vinculantes de ‘take-or-pay’ (podrían resultar en que la AEE (innecesariamente) incurra en costos incrementales de combustible que, al final, se transferirán a los consumidores”, expresó Mujica, quien también censuró las cláusulas que brindarían “derechos de exclusividad” en el suministro “a todos los puntos de entrega y unidades de generación (excepto Mayagüez), perjudicando la capacidad de todos los demás suplidores de entrar al mercado de gas en Puerto Rico y, por lo tanto, limitando los precios justos y la diversificación de la cadena de suministro”.

El director ejecutivo de la JSF señaló que esa situación ya se produce, desde 2018, en el terminal de la bahía de San Juan. Colón, el zar de Energía, sostuvo el mes pasado que ese acuerdo de exclusividad vigente hasta 2038 limitaba las opciones del gobierno en el RFP en curso, comentario que reiteró el jueves.