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El gobierno ha utilizado a WIPR como su principal instrumento educativo para justificar la necesidad de una cuarentena por el coronavirus.
El gobierno ha utilizado a WIPR como su principal instrumento educativo para justificar la necesidad de una cuarentena por el coronavirus.

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Justo en medio de la pandemia del coronavirus, la Corporación para la Difusión Pública, operadora de WIPR, podría quedar inoperante en cualquier momento, a menos que en un abrir y cerrar de ojos, la Legislatura y la gobernadora Wanda Vázquez Garced aprueben legislación para transferir la estación publica del estado a una corporación sin fines de lucro.

En una carta enviada este lunes a la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos Díaz, al presidente de la junta de directores de WIPR, Ralph Pagán, y al presidente de la radiotelevisora, Ralph Pagán, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) -por voz de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko- ha rechazado un pedido del gobierno para allegar fondos fondos adicionales a WIPR, porque para esta fecha, la corporación pública debía estar en manos de una entidad sin fines de lucro.

Si el gobierno quiere más fondos para WIPR, advierte Jaresko, la administración Vázquez Garced y la Legislatura tienen hasta el próximo 15 de mayo para hacerlo factible.

“La (JSF) requiere la implementación inmediata del plan para privatizar WIPR como requiere el plan fiscal certificado del gobierno central. La falta de progreso en este menester viola los requisitos establecidos en el plan fiscal certificado y la visión divulgada públicamente por el gobierno de Puerto Rico en torno a un sistema de transmisión radio y televisión transformado”, escribió Jaresko.

En la misiva, Jaresko señala que para este tiempo, WIPR ya debió estar en vías de cerrar operaciones y ser transferida a una entidad privada, tal y como habría acordado el gobierno el año pasado.

El ultimátum de Jaresko a WIPR se produce justo cuando Puerto Rico atraviesa por la pandemia del coronavirus y el gobierno, en un intento por implementar su plan ante la crisis sanitaria, ha utilizado a la televisión pública para llevar mensajes educativos en torno a la emergencia. La estrategia de utilizar la televisión pública para lidiar con el coronavirus se quebró hace alrededor de una semana cuando, según se alega, La Fortaleza buscó impedir que los periodistas cuestionaran las gestiones de los grupos de trabajo, en especial, el proceso de contratación y de administración de pruebas en la isla.

Según la carta de Jaresko, el pasado 27 de febrero, WIPR le presentó el plan para implementar el cierre y transferencia de la corporación pública y en este se indicó que el borrador para consumar la transacción se había sometido a la oficina de Vázquez Garced.

“De acuerdo con el plan, WIPR debiera estar, al presente, en la fase III: la corporación como al presente se describe debió estar cerrada, en favor de una entidad ‘ad hoc’ sin fines de lucro temporera y de transición para asumir los activos de WIPR y proveer la continuidad de los servicios hasta la creación de una estructura organizacional permanente y privada”, sostuvo Jaresko.

Habida cuenta que el plan del gobierno era privatizar la corporación pública, WIPR lleva una batalla desde el año pasado para allegar ingresos propios, lo que no ha conseguido.

Recomendación convertida en orden

La JSF propuso hace más de un año privatizar WIPR como una medida de contención de ahorros. La propuesta fue una recomendación bajo la sección 205 de la ley federal Promesa. Pero según la misiva, una vez el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares acogió la propuesta, ello se convirtió en una medida que el gobierno debió implementar.

A esos efectos, se asignaron $350,000, y el presupuesto de WIPR debió incluir recaudos propios, una de las maneras en que la corporación pública cubriría sus operaciones.

Empero, según la carta de Jaresko, ahora WIPR le solicita unos $2.2 millones para cubrir la nómina de la corporación pública y otros $805,000 en gastos operacionales y del total asignado para la privatización solo se habrían utilizado unos $100,000.

Según Jaresko, la JSF está dispuesta a autorizar los fondos a WIPR si se aprueba legislación que sea “aceptable” para que se transfiera en definitiva el activo del gobierno a manos privadas en o antes de la medianoche del próximo 15 de mayo.