En una tienda de tatuajes en San Antonio, Texas, Jacob Ramírez, sin pensarlo demasiado, decidió hace unos años marcarse en forma permanente sus dos antebrazos. Una calavera con una colorida corona de plumas, el nombre de su madre en una elaborada caligrafía y la imagen de una brújula que marca el norte quedaron impregnados para siempre en el cuerpo del joven de 22 años, quien llegó a Estados Unidos cuando era tan solo un bebé. Lo que Ramírez no sabía entonces, es que esas inofensivas manchas de tinta podrían convertirse en una pesadilla en el futuro.
Aunque vivió la mayor parte de su vida como un ciudadano estadounidense, Ramírez fue deportado en 2018 a su país de origen El Salvador, luego de un recrudecimiento de la política inmigratoria de la administración Trump. "Me detuvieron [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] una mañana temprano camino al trabajo. De ahí todo pasó muy rápido, no fue hasta que me vi con cadenas alrededor de la cintura y en los pies, como si fuera un criminal, abordando un vuelo junto a otros, que caí en la cuenta de que me echaban de mi casa", dijo a La Nación el joven salvadoreño con un marcado acento.
Desorientado y sin comprender totalmente las complejas disputas territoriales entre pandillas que atormentan al pequeño estado centroamericano, Ramírez arribó a una tierra que le era completamente extraña. "Mi país es Estados Unidos, es todo lo que conozco", explicó el joven, quien soñaba con estudiar administración de empresas y abrir un restaurante.
Lejos de una cálida bienvenida, Ramírez, luego de pasar por el centro de atención al migrante La Chacra en San Salvador, tuvo que esconderse durante meses en la casa de su abuela, ya que el jefe de la clica (subgrupo) que controla su barrio, que se desprende de la Mara Salvatrucha (MS-13), advirtió a su madre que el joven debía someterse a un escalofriante examen: observarían sus tatuajes, y si no los aprobaban le "dispararían allí mismo, a sangre fría". Además, Ramírez tenía que mantener un bajo perfil, utilizando camisetas de manga larga incluso en los días extremadamente calurosos, porque las autoridades podrían confundirlo con un pandillero.
"En mi país (Estados Unidos), los tatuajes son arte, son moda. Aquí (en El Salvador), son una sentencia de muerte", agregó Ramírez.
Nadie sabe a ciencia cierta cuándo ni por qué los seres humanos decidieron marcarse en forma permanente la piel, pero se han encontrado tatuajes en momias con más de 5000 añosde antigüedad tanto en los Alpes italianos como en los Andes peruanos. Se cree que esta práctica se realizaba con una connotación religiosa o como parte de un ritual.
En la actualidad, son diversos los motivos por los cuales una persona decide tatuarse el cuerpo: moda, pertenencia a un grupo social, inmortalización de un momento o simplemente porque sí. Pero en El Salvador, la tinta es sinónimo de peligro. Se vincula a un fenómeno sociológico denominado maras (o pandillas), estructuras de poder complejas que operan a través de la extorsión y la intimidación. Quien porta un tatuaje en el país centroamericano se asocia a un estilo de vida sumamente violento.
Según cifras de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, hay cerca de 60,000 miembros de maras en al menos 247 de los 262 municipios del país. Controlan los límites de sus territorios y extorsionan y obtienen información sobre residentes y personas que circulan en esas zonas, sobre todo en el transporte público, escuelas y mercados.
Con el aumento de las deportaciones de migrantes centroamericanos durante la administración Obama y ahora con el presidente Trump, son cada vez más los salvadoreños que vuelven a su país de origen e intentan desprenderse de los rastros de tinta que pueden atarlos al mundo sanguinario y criminal de las maras.
En 2003, uno de los pacientes de Manuel Morales, un médico clínico salvadoreño que trabajaba para la Fundación Carisma, una ONG dedicada a la rehabilitación de personas adictas a las sustancias psicoactivas, desapareció. El joven había completado un exitoso tratamiento unos meses atrás y Morales lo había ayudado a conseguir trabajo como mecánico.
"Al cabo de 4 meses, el empleador se comunicó conmigo para reportar que el chico (cuyo nombre prefirió no revelar) había desaparecido. Nos dimos a la tarea de buscarle y lo encontramos, muerto, decapitado, desmembrado, solo por tener marcas de tinta en su piel", dijo Morales de 67 años a La Nación, quien a partir de ese momento decidió dedicar su vida a ayudar a los habitantes salvadoreños cuyos tatuajes son un estigma y, en muchas ocasiones, una maldición.
"Se cree que hay aproximadamente 70,000 personas tatuadas en El Salvador. Esto me dio la pauta de que en el país se necesitaba una clínica que se especializara en remover tatuajes", reveló Morales.
Así fue como el médico salvadoreño se embarcó en la difícil tarea de conseguir donantes en un país donde más del 35% de los hogares se encuentran en condición de pobreza, según los últimos datos disponibles del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la Parroquia Corazón deMaría de la Colonia Escalón de San Salvador, el párroco Porfirio Ruiz, gentilmente ofreció un terreno dentro de esta para montar la clínica. El Fondo de Inversión Social del gobierno donó $28,000 para amueblar el lugar y un médico suizo confirió el primer aparato con el que comenzaron a trabajar.
Para 2005, la Clínica Láser Corazón de María -que en un principio se llamó "Adiós Tatuajes"- abrió sus puertas para las comunidades ávidas por remover los emblemas de violencia que llevan en la piel.
El primer láser con el que trabajaban producía "quemaduras graves y cicatrices feas", por lo que Morales nuevamente acudió al gobierno para que le donaran una máquina italiana. "Fue amor a primera vista, cero cicatrices, trabajamos con este por tres años, fueron centenares de salvadoreños los beneficiados", recordó el doctor, quien evalúa junto a un trabajador social los casos de pacientes que no pueden pagar el tratamiento para brindarles asistencia gratuita.
Sin embargo, en 2009, el nuevo gobierno de Mauricio Funes, el candidato del partido de izquierda Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN), les quitó el aparato.
Luego de dos años sin poder trabajar, la parroquia logró recaudar con los esfuerzos dominicales de las colectas de misa el dinero necesario para comprar otro láser que devolvió a la vida la clínica de Morales. Hoy, se atienden aproximadamente 120 personas al mes que al cabo de entre dos y 18 sesiones, según el tamaño y la densidad del tatuaje, consiguen librarse de las manchas de tinta que tienen el poder de marcar sus destinos.
Otro paciente de Morales, un fisicoculturista de 22 años (cuyo nombre prefirió no revelar por seguridad), recién llegado de Australia, salió a la plaza de su barrio en San Salvador para hacer ejercicio. Tres hombres en bicicleta que pasaban por el lugar, al ver al joven sin camiseta y cubierto de tatuajes le dispararon. "Lo acribillaron a balazos, ocho en total le impactaron. Pasó en cuidados intensivos seis meses, luego dos años en rehabilitación. Se presentó a mi Clínica en silla de ruedas, una bala le impactó su columna vertebral y quedo parapléjico. Por supuesto, no quería saber nada más con los tatuajes y se los eliminé", cuenta el médico salvadoreño.
"En el último tiempo, hubo un aumento en el número de personas que acuden a la clínica, porque cada vez hay más expandilleros que cumplieron sus condenas y, sobre todo, una creciente cantidad de personas deportadas", reconoció Morales y agregó que solo el año pasado se atendieron 1,726 casos.
En lo que va del año, son 18,161 las personas retornadas a El Salvador, que fueron deportadas en su vasta mayoría de Estados Unidos y México, lo que supone un aumento del 46.9% con respecto al mismo periodo del año pasado, según la Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte de OIM.
Con una política migratoria cada vez más severa, el presidente Donald Trump ordenó en julio una ola de redadas que sepultaron el "sueño americano" de miles de centroamericanos.
Sin embargo, el mayor aumento en la cantidad de deportaciones se produjo en México (un 86.5% en el aumento de personas deportadas de origen salvadoreño con respecto al mismo periodo del año anterior” con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
