Sicariato (semisquare-x3)
Aunque el sicariato no sea el delito que más cometen los menores, sí es el de mayor impacto en la opinión pública. (GFR Media)

El 27 de marzo, un muchacho de pantalón corto -14 años- asesinó a tiros a dos hombres en las calles de Medellín (Colombia), a la hora en que centenares de empleados y trabajadores se desplazaban hacia sus casas al término de la jornada laboral.

La noticia trajo a la mente los sucesos ocurridos en la década de los 80, en plena guerra del narcotráfico contra el Estado, como el asesinato del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, a manos de Byron de Jesús Velásquez, un sicario adolescente capturado en la escena del crimen.

En el caso de Medellín -grabado por cámaras de seguridad-, el niño también fue capturado y confesó el delito. Inicialmente, la Fiscalía informó que el menor estaba sindicado de otros 10 homicidios, pero esa entidad y la Policía aclararon que esa información no es cierta.

Estos actos de sicariato parecen retroceder al país a épocas que se creían ya superadas, pero que, según las autoridades y expertos en temas de violencia, están totalmente vigentes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el país sufre de nuevo con esta clase de situaciones que involucran a menores? 

A Mario Gómez, fiscal delegado para la violencia contra niños, niñas y jóvenes, no le causan sorpresa. “Creo que es un tema no resuelto. La presencia de grupos armados ilegales, de estructuras delictivas organizadas, de paramilitares y guerrillas, con los distintos remoquetes, es un ejercicio que ha estado presente en Colombia en los últimos 30 años”, afirma.

Lo cierto es que la sensación general que deja el caso del niño es que el fenómeno, más que haber vuelto, nunca desapareció, aunque las estadísticas que maneja la Policía reflejan una caída en los últimos años en el número de menores aprehendidos por diferentes delitos en Colombia (pasaron de 18,214 en 2017 a 12,952 en 2018, una reducción del 1%). Y aunque el homicidio no sea la falta que más involucra a menores (543 casos en 2018, el 2% del total de delitos).

Fenómeno vigente

Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que el uso de jóvenes por estructuras criminales está vigente, pero opera de una manera diferente a la de los 80. “El gran problema es que las organizaciones criminales están funcionando con la lógica de estructuras criminales de tercera generación. ¿Qué significa eso? Que hay una subcontratación criminal. Hoy, el ‘clan del Golfo’, ‘la Oficina’ y ‘los Puntilleros’ no se meten a colonizar una ciudad, como hizo ‘don Berna’ con Medellín. Lo que hacen es que matan a tres o cuatro jefes de pandillas y a los que quedan sin jefes los contratan. Eso está llevando a crear mercenarios”. Ávila, estudioso del tema del sicariato, agrega: “Ese fenómeno se está dando en todo el país. La guerra entre el ‘clan del Golfo’ y ‘la Empresa’, en Buenaventura, hace cuatro o cinco años, fue el inicio”.

El exalcalde de Medellín Alonso Salazar, autor del libro "No nacimos pa’ semilla", manifestó que si bien persiste esta realidad, es diferente a la de los 80 y 90. Expresó que en aquella época, los jóvenes ingresaban a estructuras criminales como en un proceso de autorrealización, y la situación se recrudeció cuando el narcotráfico y los nichos guerrilleros urbanos empezaron a instrumentalizarlos para actos violentos. Sin embargo, aclaró que hoy en día las estructuras criminales están organizadas, con jerarquías establecidas, y usan a jóvenes para distintos fines.

Añadió que la situación perdura en la medida de que los jóvenes siguen siendo obligados, seducidos y condicionados por los criminales, quienes tienen un camino abonado por contextos familiares, sociales, económicos y culturales adversos para los derechos de los niños y adolescentes. “Si uno está en un contexto donde hay crimen y, además, hay corrupción de la Fuerza Pública y los funcionarios y se pierde la esperanza, esos son factores que influyen mucho para que ellos terminen en estos caminos”, dijo.

En ese contexto, las disputas territoriales por las rutas del narcotráfico entre estos grupos armados ilegales de nueva generación –incluyendo a la disidencia de las Farc–, son, para las autoridades, el motor que mueve el engranaje de la utilización de los menores para actos delictivos y sicariato.

Las estadísticas sobre el comportamiento criminal de los chicos indican que el microtráfico, como dice el fiscal Mario Gómez, cada día les “muerde la nuca” a las diferentes modalidades de hurto, pues es el delito con la mayor tasa entre menores. Según cifras del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), el tráfico, la fabricación y el porte de estupefacientes se llevan el primer lugar entre las conductas delictivas de los menores, con un 27%.

No todos están por homicidio

Actualmente, en los Centros de Internamiento Preventivo (CIP) del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), en donde generalmente están los menores con sanciones por infracciones graves, se encuentran 3,011 menores en todo el país. La mayoría, mayores de 14 y menores de 17 años. Esto no quiere decir que todos ellos estén por homicidio o sicariato. Es decir, según las autoridades (ICBF, Policía, Fiscalía), el caso del menor de Medellín y el de los demás niños internos por homicidios no son la regla en el llamado Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (SRPA), que fue instaurado por la Ley 1098 del 2006 o Código de Infancia y Adolescencia.

Y aunque el sicariato no sea el delito que más cometen los menores, sí es el de mayor impacto en la opinión pública, por todo lo que involucra: niños y jóvenes, armas y muerte, lo que ha abierto de nuevo el debate sobre qué hacer con estos niños. Especialistas consultados por este diario, cuando se produjo la noticia, no dudaron en afirmar que el niño “ya no es rehabilitable”.

La psiquiatra infantil Olga Albornoz le dijo al diario colombiano El Tiempo: “Si el niño es como lo están revelando, no es rehabilitable y debería ser juzgado con todo el rigor de la ley”.

En el Código de Infancia y Adolescencia, cuando los adolescentes mayores de 13 y menores de 18 años cometen delitos, pasan al SRPA. En el caso del homicidio, secuestro extorsivo o violencia sexual, por lo general, el juez especializado ordena que el niño vaya a un centro de internamiento preventivo (CIP).

Cuando los delitos no son de esa gravedad, pasan a regímenes semiabiertos, en los que se involucra a la familia; y si el menor tiene 13 años, va a un sistema de restablecimiento de derechos, con protección del ICBF y la familia, para que enderece su camino.

Alejandro Ruiz, de la ONG Aldeas Infantiles SOS, cree que este no es un caso perdido. “Claro que se puede. Sometiéndolo a un tratamiento terapéutico, educativo y, sobre todo, pedagógico. Si cumplimos esas directrices con un psiquiatra, con educadores que valoren al niño como una persona capaz de cambiar su entorno, su imaginario, su proyecto de vida, vamos a tener un buen ciudadano”, sostiene.

Luz Alcira Granada Contreras, directora de incidencia política y comunicación de la Fundación Save The Children, sostiene que decir que este menor no es rehabilitable es condenarlo. “Es como una pena de muerte anticipada. Lo que pasa, si no abordamos estos temas como sociedad, es que ese muchacho, que tiene 14 años, no va a llegar a los 20”.

Para otros expertos, como Ávila, hay un abismo entre la realidad actual de los menores infractores y lo que debería hacerse: “¿Qué debería pasar? Mejorar todo el sistema penitenciario y el SRPA, lo que tardaría años. A este joven lo van a mandar a un CIP, y allá él no se va a reformar”.

Juliana Cortés, directora de Protección del ICBF, afirma que a pesar de la falta de presupuesto, de las falencias en programas, el menor tiene todas las probabilidades de rehabilitarse. Y esgrime un argumento de peso: “El nivel de reincidencia de estos menores es del 20%. Es decir que hay un 80% de probabilidades de que este joven pueda salir a retomar un proyecto de vida. Pero hay que ser claros en que un factor importante es la inclusión social, y las alternativas que se le ofrezcan”.

Pero una de las discusiones más fuertes se enfoca en aumentar la edad de responsabilidad penal –como pasa en países como Estados Unidos, que envía a miles de menores a cárceles para adultos; Arabia Saudita, Perú y algunos estados de México– y el endurecimiento o no de las penas para los menores infractores. Actualmente, las sanciones que el juez les puede imponer son de entre 4 y 8 años, máximo.

Algunos líderes de partidos políticos han insistido en el aumento de la edad de responsabilidad penal. Pero las ONG que trabajan con menores, el ICBF y hasta la misma Fiscalía, que maneja el asunto, consideran que no es lo más indicado. “El tema aquí no es bajar la edad de responsabilidad penal. El problema es el entorno; hay que prevenir, que las familias no expongan a sus niños para que se los lleven las bandas”, dice Ruiz.

Granada opina que lo que pasa “en cada legislatura es que se presentan una o dos iniciativas que proponen bajar la edad y aumentar las penas para menores, porque tienen mucha acogida popular”.

Ávila, por su parte, asegura que a estas propuestas se las conoce en el mundo académico como "populismo punitivo". “Creer que si se baja la edad o aumentan las condenas de los delitos, mejoran los indicadores de seguridad. Nada de eso pasa”.


💬Ver 0 comentarios