El paquete presupuestario y fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha apodado como el “gran y hermoso proyecto de ley”, promete deducciones récord, recortes en programas sociales, propinas libres de impuestos, un mayor gasto en defensa y seguridad fronteriza o gravámenes sobre las energías renovables o las remesas.

La iniciativa legislativa, aprobada este martes por el Senado y que ahora retorna a la Cámara de Representantes para ser votada antes de que Trump pueda firmarla, propone básicamente hacer permanentes los recortes fiscales que el presidente ya aprobó en su primer mandato (2017-2021).

Se calcula que esto supondrá que el Estado deje de ingresar durante la próxima década entre $4 y $4.5 billones y que el déficit -que en el último ejercicio fiscal se situaba en $1.1 billones- crezca así en otros $3 billones durante ese lapso, siendo este uno de los principales puntos de fricción entre los republicanos en el Congreso.

Otra provisión de la norma que Trump y los líderes republicanos han presentado como un gran gesto para la clase trabajadora es la exención de hasta $25,000 al año en impuestos federales sobre las propinas de aquí a 2028, medida que supondría un alivio para el bolsillo de unos 4 millones de personas que viven en Estados Unidos.

Parte de las deducciones fiscales récord del plan se financiarían con recortes de en torno a $1.2 billones que afectarán al programa de salud Medicaid para personas de bajos recursos, al de asistencia para la compra de alimentos SNAP o al llamado Obamacare, haciendo que varios millones de personas pierdan acceso a estas ayudas.

Además de cargas fiscales que prometen encarecer los nuevos desarrollos de energía solar o eólica y socavar así a las renovables en Estados Unidos, otra medida para compensar parcialmente los recortes impositivos será gravar los envíos de dinero al exterior.

Si se aprueba la ley, cualquier remesa realizada por un no estadounidense que supere los $15 cargará con un impuesto del 1%, menos del 3.5% planteado originalmente en lo que supone otra muestra de desdén del Gobierno Trump con la comunidad migrante.

Precisamente es el apartado de seguridad y control fronterizo uno de los pocos que prevé incrementos presupuestarios para los próximos cuatro años.

Las estimaciones hablan de unos $175,000 millones más en cuatro años destinados a construir nuevos centros de detención o muros y otras barreras o a invertir en nuevas tecnologías de vigilancia e incrementos de personal tanto para asegurar la divisoria con México como para detener a indocumentados en el interior del país.

El sector de defensa, que Trump considera clave en el marco de la rivalidad con China, sería el otro gran beneficiado por el proyecto de ley, con unos $150,000 millones extra (un 13% más) presupuestados para el próximo ejercicio.

Una sexta parte de ese momento, unos $25,000 millones, irían destinados a un escudo antimisiles, la bautizada por el mandatario como “Cúpula dorada”, que promete beneficiar enormemente a los contratistas estadounidenses.

Sin embargo, el proyecto ha sido duramente criticado por los expertos debido a su viabilidad real y al hecho de que fomentaría una nueva carrera armentística, con países como China o Rusia optando por ampliar arsenales para tener capacidad potencial de penetrar este nuevo escudo.