El gobierno  de Rodrigo Duterte mantiene una fuerte lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Pero el paso dado por la Cámara Baja y que cuenta con el absoluto respaldo del presidente filipino de rebajar la edad penal en el país de los 15 a los 9 años ha producido la reacción  de activistas y grupos de protección de la infancia, considerando que se trata de una medida extrema e injusta.