La pieza del gobernador Ricardo Rosselló tuvo el insumo de la representante María Milagros Carbonier, el senador Miguel Romero, el sacerdote Carlos Pérez y la activista la comunidad LGBTT Cecilia la Luz y los asesores de La Fortaleza Joanne Vélez y Héctor (semisquare-x3)
La pieza del gobernador Ricardo Rosselló tuvo el insumo de la representante María Milagros Carbonier, el senador Miguel Romero, el sacerdote Carlos Pérez y la activista la comunidad LGBTT Cecilia la Luz y los asesores de La Fortaleza Joanne Vélez y Héctor

El proyecto de administración que declara la política pública de la llamada libertad religiosa dispone que el derecho a la libertad de culto o libre ejercicio de la religión comprende "tanto el derecho de actuar, cómo el de abstenerse de actuar, de acuerdo a las creencias religiosas que se ostentan".

Así está declarado en el artículo 2 del Proyecto del Senado 1253 radicado ayer en la tarde, horas después de que fuera anunciado en una conferencia de prensa por el propio gobernador Ricardo Rosselló en La Fortaleza.

En el artículo 6 de la medida, además, se dispone que los ciudadanos no renuncian a su libertad religiosa por participar en negocios, en lugares, foros públicos "o por interactuar con el gobierno". Opositores a una medida similar que fuera vetada por el gobernador planteaban que la pieza legislativa facultaba a individuos a discriminar, basado en sus creencias religiosas, aún ocupando puestos en el gobierno.

En la medida también se declara que la libertad religiosa aplica "inclusive cuando quien profesa alguna religión procura oportunamente una exención de alguna obligación legal que le requiera conferir beneficios a terceros".

"El gobierno no limitará actos o abstenciones basándose en las creencias religiosa exhibidas", lee la medida. "Así, el gobierno no considerará una conducta como legal o permitida cuando es realizada por motivos no religiosos, y considerar la misma conducta ilegal o prohibida cuando es realizada por motivos religiosos".

Tambíen se legislaría con el proyecto que el gobierno no podría establecer como condición para la otorgación de fondos o contratos, el que una organización religiosa abandone sus exenciones para contratar personal, o que renuncie a los atributos de su carácter religioso.

En el campo laboral, se dispone en el proyecto que el gobierno deberá proveer acomodo razonable a todo empleado que, oportunamente, lo solicite basado en convicciones religiosas. La razonabilidad de la solicitud no podrá ser cuestionada por el gobierno, que tampoco, como patrono, podrá prohibir la observancia de un acto religioso o presiones para que sea modificada.

Con el proyecto se ordena "a todo el gobierno" -incluyendo las tres ramas y los municipios- adoptar las llamadas Guías para la Protección de la Libertad Religiosa, que incluirá revisar políticas y prácticas actuales, la creación de nuevos reglamentos y normas. También se dispone que cualquier norma de nueva creación adoptada por el gobierno será regida tanto por la ley propuesta como por la Ley Federal de Restauración Religiosa, de 1993.

El proyecto ha sido referido, en el Senado, a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, que dirige el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.


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