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El representante Soto argumentó que su propuesta no afectaría los reglamentos para otorgar pensiones alimenticias. (GFR Media)

El representante novoprogresista Antonio “Tony” Soto propondrá a los miembros de la delegación de mayoría en la Cámara de Representantes -en un caucus pautado para hoy- que, como parte de la discusión del nuevo Código Civil, se rebaje la mayoría de edad a los 18 años.

La representante María Milagros Charbonier, quien como presidenta de la Comisión de lo Jurídico ha estado a cargo del análisis del voluminoso proyecto, había adelantado en enero que el tema era motivo de discusión entre los miembros de la mayoría novoprogresista, pero que se había decidido dejar el estado de derecho como está: la mayoría de edad a los 21 años.

“Mi responsabilidad es proponerlo, y que los compañeros en el caucus lo evalúen”, dijo Soto en entrevista con El Nuevo Día.

“Eso lo dialogaremos el lunes (hoy)”, respondió cuando se le preguntó si su propuesta tenía apoyo entre sus compañeros.

Trascendió que el proyecto para crear un nuevo Código Civil sería llevado a votación en la Cámara baja la semana pasada, pero esto no sucedió porque no tenía los votos para ser aprobado.

Soto, del Partido Nuevo Progresista (PNP), planteó que lo que busca es equiparar el estado de derecho en Puerto Rico con el de Estados Unidos, y aseguró que su propuesta, que eventualmente requeriría enmiendas a la Ley de Sustento de Menores, no afecta de ninguna manera los reglamentos actuales de pensiones de alimentos.

“Creo que hay una disparidad entre todas las demás jurisdicciones a nivel nacional (Estados Unidos) y Puerto Rico”, sostuvo Soto.

“A los 18 años, tienes la decisión en tus manos de entrar al Ejército de la nación americana y de defender nuestra nación en cualquier conflicto bélico, pero por otro lado, tienes limitaciones hasta los 21 años”, agregó, al ofrecer como ejemplo lo difícil que se le puede hacer a un joven entre los 18 y 21 años establecer su propio negocio por ser menor de edad.

“En Estados Unidos, la mayoría de edad es a los 18 años, pero el consumo de bebidas alcohólicas está permitido después de los 21 años. En Puerto Rico, la mayoría de edad es a los 21, pero les vendemos bebidas alcohólicas desde los 18. Es una contradicción violenta”, argumentó.

El estado de derecho actual dispone la obligatoriedad de las pensiones alimenticias hasta los 21 años. Sin embargo, si el joven realiza estudios universitarios o postsecundarios puede recibir el beneficio hasta los 25 años si lo solicita mediante una acción por cuenta propia en el tribunal, aunque el monto puede ser modificado cada tres años por orden judicial.

Según Soto, el cambio propuesto solo implicaría sobre las pensiones que, a partir de los 18 años, el pago del beneficio se haría directo al hijo, ya declarado mayor de edad, y no al padre o madre custodio.

“El bajar a 18 años no impide que un hijo que esté estudiando reciba la pensión. La diferencia es que el hijo lo solicita directamente al padre, sacando al otro padre (custodio) del escenario”, manifestó el legislador estadista.

Soto rechazó que se trate de una propuesta de carácter vengativo, en la medida en que se impide que la pensión alimenticia sea manejada por el cónyuge custodio.

“El beneficio de la pensión alimenticia es para el hijo. Eso no cambia”, argumentó.

Propuesta peligrosa

La abogada Verónica Rivera Torres, quien ejerce derecho de familia hace cinco años, indicó que durante su experiencia profesional ha notado que los menores desisten de radicar recursos legales contra sus padres para continuar recibiendo la pensión.

“Por regla general, cuando un hijo o una hija me consulta sobre cómo puede continuar recibiendo la pensión y se entera que tiene que demandar a su padre o su madre, se quita. La mayoría no lo hace porque les suena feo. No debería ser que un hijo o una hija tenga que demandar para que lo ayuden a estudiar”, sostuvo Rivera Torres.

“Sería un disuasivo”, agregó.

Rivera Torres alertó que, si se rebaja la mayoría de edad a 18 años, el progenitor que hasta ese momento tenga su custodia dejaría de tenerla, por lo que el joven estaría en posición -de no haber acuerdos entre las partes- de demandar tanto a su padre como a su madre.


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