El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que los partidos políticos tienen un alto grado de autonomía al momento de seleccionar a sus candidatos. (GFR Media)

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) determinó que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) tiene la discreción para decidir si administra o no pruebas de dopaje a sus candidatos.

La resolución a esos efectos fue emitida hoy, jueves, por el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera luego de que el partido de reciente inscripción cuestionó el asunto en una reunión de la agencia y sostuviera que no requerirá el examen de dopaje a sus candidatos.

Dávila Rivera avaló la postura del MVC.

“Es insoslayable concluir que el MVC tiene discreción para determinar si va a requerir a sus aspirantes someterse a prueba de dopaje. Su decisión institucional es cónsona con el ordenamiento jurídico vigente. Los partidos políticos tienen un grado alto de autonomía en el proceso de seleccionar a los candidatos que habrán de representarlos en las elecciones”, concluye el presidente de la CEE en una resolución seis páginas.

Son los partidos políticos y no el Estado por medio de legislación, quien puede requerir que un aspirante o candidato se realice una prueba de dopaje. Concluir que el Estado puede obligar a un aspirante o candidato a realizarse una prueba de dopaje como requisito para aspirar a una candidatura sería inconstitucional por tratarse de un registro irrazonable, prohibido por la cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos”, agregó.

La Ley Electoral, en su Artículo 8.0001, establece los requisitos con los que deben cumplir los candidatos, incluyendo una prueba de dopaje y deja en manos de cada colectividad el someterlos a ello.

Desde el 2011, la Ley Electoral fue enmendada para incluir el requisito de prueba de dopaje y dejarlo a discreción de los partidos políticos. Dicha enmienda al estatuto surgió a consecuencia del caso del exrepresentante Rolando Crespo, que tuvo que renunciar a su escaño tras dar positivo al consumo de cocaína en una prueba realizada en la Legislatura. Por ende, en los últimos dos cuatrienios (2012 y 2016) los aspirantes a un puesto electivo tuvieron que someterse a pruebas de dopaje.


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