“Si se aprueba en el Senado, pasa a Cámara y le recomendaría al presidente que concurriera de inmediato", dijo Charbonier. (GFR Media)

La representante novoprogresista María Milagros Charbonier recomendará al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, que el cuerpo legislativo que dirige concurra con las enmiendas que ha introducido el Senado al proyecto del Código Civil, pautado para aprobarse la semana que viene en la Cámara alta.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schaz, se ha negado a detallar los cambios introducidos a la pieza legislativa, la cual no fue evaluada en vistas públicas en el cuerpo que preside. Solo ha dicho que el Senado concurre con el 95% del lenguaje de la Cámara.

“Si se aprueba en el Senado, pasa a Cámara y le recomendaría al presidente que concurriera de inmediato. Entiendo que esa es la posición del presidente”, dijo Charbonier al referirse a Méndez. “He visto, he discutido los cambios con las comisiones y los asesores se han reunido y han discutido unos cambios. Con esos cambios ha concurrido la Comisión de lo Jurídico y los asesores del Senado. No tendría problemas con que la Cámara concurra”.

El último día de aprobar medidas en la presente sesión legislativa es el 14 de noviembre.

Esta pasada semana Rivera Schatz indicó en La Fortaleza que los cambios principales han sido incluidos en el área de subrogación del vientre y en contratos por adhesión. El lenguaje de la Cámara en torno al vientre subrogado dispone, en el artículo 75 del Código Civil propuesto, que el cuerpo humano “no puede ser objeto de contratación privada, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes sobre donación de órganos o cuando la ley disponga algo distinto”.

En entrevista con El Nuevo Día, Charbonier dijo que se “afinó” el lenguaje del artículo.

“Se hizo para establecer que cuando hay la subrogación de un vientre, puede haber un contrato, pero no puede haber una compraventa”, sostuvo Chabonier.

Críticos de ese lenguaje señalan que una mujer que presta su vientre en circunstancias como estas incurre en una serie de gastos en áreas como cuidados médicos, dietas especiales y tiempo en que pudiera no recibir un salario por encontrarse de maternidad.

“Como se va a llevar a cabo el asunto de los gastos alimentarios, el plan médico, el cuidado de la madre que va a estar subrogando, eso el Código Civil no lo contempla, pero prohíbe la compra y venta de cualquier parte del cuerpo”, dijo Charbonier al argumentar, como ha hecho durante más de un año, en que el tema de subrogación delvientre puede ser regulado mientras legislación.

“Eso puede ser mediante legislación especial”, dijo.

En cuanto a los contratos de adhesión, la propuesta de Código Civil de la Cámara establece que el lenguaje de estos se interpretará “en sentido desfavorable a la persona que las redacta y en favor de la persona que se vio precisada a aceptar su contenido”.

Estos contratos son los que típicamente se suscriben para negocios como servicio de telefonía, de televisión y en gimnasios.

En la propuesta del Código se consigna que un contrato de este tipo puede ser “anulable” si no es redactado de manera “clara, completa y fácilmente legible” en español o inglés, si la parte que redacta el contrato puede modificar unilateralmente los elementos del contrato; si quien redacta el contrato tiene la facultad de establecer su interpretación y resolverlo sin resarcimiento.

También se considerará un contrato anulable el que restringe al firmante defensas o medios de prueba para impugnarlo, que excluye o limita la responsabilidad del que lo redactó, que cambia el domicilio contractual del adherente sin razón para ello o el que, ante el silencio del firmante, se prorroga o renueva automáticamente.

Sobre este tema, Charbonier se limitó a decir que Rivera Schatz busca la “protección” del consumidor y que ese interés es compartido por la mayoría de la Cámara.

“Todo lo que se ha hecho en el Código Civil ha sido para proteger al consumidor de todas estas empresas que hacen contratos en que el cliente queda pillado y los estamos protegiendo”, dijo Charbonier.

El Nuevo Día tuvo acceso a una ponencia de CTIA, descrita en un documento con fecha del 12 de junio y enviada Rivera Schatz como una asociación comercial de la industria de las telecomunicaciones inalámbricas, que representa a empresas como AT&T, Sprint y T-Mobile. En la ponencia, firmada por Gerard Keegan, se sostiene que, si se aprueba el lenguaje propuesto, “perjudicará a los consumidores de Puerto Rico en lugar de beneficiarlos”.

“Al eliminar los contratos de adhesión, que son una forma de contrato más eficiente y accesible, así como la favorecedora de la resolución eficiente de disputas, el proyecto de ley dificultaría que los individuos celebren contratos. En respuesta a la gran demanda de los consumidores y para poderles brindar consistencia en el servicio y facilidad de uso para los consumidores, muchas industrias que ofrecen productos o servicios especializados utilizan contratos de adhesión para los contratos con sus consumidores. Imagínese si se requiriera que cada consumidor vaya a su proveedor de servicios móviles y a cualquier otro negocio con el que tenga contrato, acompañado de un abogado cada vez que desee comprar un nuevo producto o servicio para negociar los términos y condiciones de su contrato. Los costos asociados con la negociación individual de cada una de las cláusulas de cada contrato probablemente elevarían los costos de los productos y de los servicios a niveles insólitos. A muchos consumidores se les impediría celebrar contratos si no pudieran permitirse el tiempo y el dinero adicionales necesarios para negociar cada contrato de manera individual”, lee la carta.


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