(GFR Media)

El representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló citó a los directivos del Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Departamento de Estado, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) para mañana, cuando comiencen las vistas públicas de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia.

En una conferencia de prensa en el Capitolio, Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión, dijo que las citaciones a los titulares son indelegables y sus testimonios serán prestados bajo juramento.

Rodríguez Aguiló citó para el viernes a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar, quien denunció que fue destituida, en medio de la emergencia por los terremotos, por negarse a acatar una instrucción de la gobernadora Wanda Vázquez de reinstalar en su cargo a una funcionaria que había sancionado.

La exfuncionaria confirmó su presencia en la vista del viernes.

Igualmente lo hizo en el caso del exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, quien se excusó por tener un compromiso familiar y que también fue despedido en medio de la emergencia por supuestamente poner en riesgo fondos federales, según ha dicho la gobernadora Wanda Vázquez. Gil Enseñat será citado en otra fecha.

El portavoz de la mayoría dijo que el excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo, también será citado, pero no dijo cuándo.

“No será el viernes”, dijo Rodríguez Aguiló al indicar que esa citación sería coordinada con su abogada, Mayra López Mulero.

La semana que viene la Comisión se moverá al sur para celebrar vistas públicas en que participarán los alcaldes de Ponce, Gúanica, Yauco, Utuado, Peñuelas y Guayanilla. “Que nos cuenten las experiencias que han vivido con las agencias”, dijo Rodríguez Aguiló

“Se encontraron unas situaciones que fueron llamadas (denunciadas) por los alcaldes, presentados por los propios ciudadanos y lo que vimos nosotros y la gobernadora lo confirmó en una reunión que tuvimos recientemente con ella… afirmó que el gobierno de Puerto Rico no tenía un plan para atender una emergencia por terremotos y que la GNPR no tenía carpas disponibles, por lo que se habían mandado a comprar”, agregó el legislador por Ciales, Florida, Manatí y Barceloneta.

Acompañado por los representantes José Aponte Hernández, José “Pichy” Torres Zamora, José “Memo” González, María Milagros Charbonier y Pedro Julio “Pellé” Santiago, Rodríguez Aguiló enumeró una serie de documentos que ha solicitado, pero no ha recibido, del DDEC, el DSP, al Departamento de Estado, el Departamento de la Familia y el Departamento de la Vivienda. Dijo que ha entablado comunicación con el DSP y con el DDEC para que se le entregue la información.

Algunos de estos documentos son el informe que preparó el Negociado de Investigaciones Especiales en torno a la controversia del almacén del Nmead encontrado en Ponce. Al DSP le ha solicitado el Plan Estratégico de Emergencias de 2019, el Plan Operacional de Emergencias de 2019, el orden jerárquico de las personas a cargo de la ejecución y el informe de protocolo y uso de abastos, de suministros, inventario de equipo de emergencia e inventario de inmuebles utilizados para almacenamiento, la fecha y cantidad de suministros distribuidos y los destinatarios.

Documentos similares en cuanto abastos, suministros, almacenes e inventarios han sido solicitados a Familia y Vivienda y, en el caso del DDEC, los contratos de alquiler de los almacenes.

“Esta investigación va dirigida a identificar si hubo algunas fallas, y sabemos que las hemos tenido como gobierno, cómo se han atendido, cuáles son los planes inmediatos y futuros”, dijo Rodríguez Aguiló al mencionar los planes del gobierno para reubicar los damnificados.

Otro objetivo de la investigación, según se dispone en la Resolución de la Cámara 1696, es evaluar las necesidades de la ciudadanía tras los sismos de enero de 2020, al igual que los recursos con que cuenta el país para atender emergencias y desastres naturales.

Como resultado de la pesquisa se tendrán que examinar los planes de emergencia de cada agencia, departamentos, instrumentalidades y municipios, verificar las normas y procedimientos interagenciales de respuesta ante una emergencia y preparar legislación para modificar la política pública ante desastres naturales.

La Comisión deberá rendir un informe cada 90 días sobre el estado de los trabajos.

“Nuestro objetivo en la Comisión no es echar culpas. Necesitamos hacer un cernimiento de recursos y verdaderamente prepararnos para una emergencia, más allá de plasmar un plan en papel”, dijo Rodríguez Aguiló. “Y fijar responsabilidades”, agregó.


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