(GFR Media)

Washington - Defensores del “No” en el próximo referéndum sobre la estadidad consideran que por desinterés de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico es probable que el Departamento de Justicia federal no llegue a concretar una evaluación sobre la consulta convocada para noviembre.

“Creo que el Partido Nuevo Progresista (PNP), después del 30 de junio, dirá que no van a esperar más y entonces el Departamento de Justicia de Estados Unidos no contestará”, indicó hoy el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington.

Fernando Martín, presidente ejecutivo y exsenador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), afirmó que no se le ocurre ninguna “razón en el mundo” para pensar que el presidente Donald Trump – quien ha rechazado la estadidad para Puerto Rico-, y su administración quieran hacerle el favor al gobierno del PNP de acercarse positivamente a esa consulta.

Al responder una petición de información de los comités de Asignaciones del Congreso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que requerirá “tiempo suficiente” para poder determinar si un próximo referéndum sobre el futuro político de Puerto Rico cumple con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal, como permite una ley federal de 2014.

Pero, hizo advertencias que descartan desembolsar antes del 30 de junio, como quisiera el gobierno de la Isla, los $2.5 millones que la ley federal de 2014 autoriza asignar a un referéndum de status en Puerto Rico que tenga el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense recordó que una vez haya hecho su evaluación sobre los documentos que presente la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, para cumplir con la ley federal de 2014 deberá someter sus recomendaciones a los comités de Asignaciones del Congreso y esperar 45 días adicionales antes de desembolsar los fondos.

Si decidiera asociarse a la consulta, el Departamento de Justicia federal, además de evaluar lo que dice la ley, tendrá que considerar si en la opción del “No” está representada la opción del status territorial vigente.

En la carta del 13 de abril de 2017 del Departamento de Justicia federal al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en la cual se ha reafirmado esa dependencia estadounidense, el gobierno de Trump determinó que los resultados del plebiscito de 2012 no justificaban “omitir el status actual de Puerto Rico como opción en la papeleta de 2017”.

El informe rendido al Congreso -que tiene fecha de abril pero, según fuentes, se entregó este mes-, no hace referencia a los resultados del plebiscito de 2017, que en medio del boicot de la oposición terminó con una participación de solo 23% y un 97% de respaldo a la estadidad.

“Basado en este informe no creo que un plebiscito estadidad sí o no va a cumplir con los criterios adoptados por el Departamento de Justicia”, agregó Acevedo Vilá, al acentuar que el informe recordó que la ley e informes de los grupos de trabajo de la Casa Blanca han expresan interés en que se obtenga un resultado claro entre “opciones de status”

Acevedo Vilá, además, considera que el Departamento de Justicia federal cuestionará que la ley, y por ende la papeleta electoral, no ofrezca “ninguna aclaración sobre las consecuencias que tendría la estadidad para Puerto Rico”.

Martín sostuvo que la respuesta del Departamento de Justicia federal al Congreso no hace “ni el mínimo gesto” de dejar ver que su actitud de 2020 será distinta a la de 2017.

El exsenador independentista también destacó que al evaluarse las posibilidades de que Justicia federal se vincule con la consulta debe tenerse en cuenta “el desprecio por Puerto Rico” del presidente Trump y el rechazo del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), a la estadidad.

“Creo que el PNP sabe eso perfectamente bien y por eso han dejado claro en el proyecto de ley que van hacia delante con o sin el aval (de Justicia federal)”, agregó el presidente ejecutivo del PIP.

Jeffrey Farrow, quien asesora al grupo estadista Puerto Rico Statehood Council y fue presidente del grupo de Trabajo de la Casa Blanca, considera que la certificación del Departamento de Justicia federal “haría una diferencia sustancial”.

Pero, piensa que, de todos modos, un resultado claro en noviembre a favor de la estadidad será tomado más en serio de lo que considera la oposición política, incluso porque esta vez serán parte del proceso.

Para Farrow, un voto por el ‘no’ en el referéndum de noviembre debe interpretarse como un rechazo “a la igualdad bajo ley” y a tener “poder político en el gobierno de la nación de la cual las islas (de Puerto Rico) son legalmente una posesión”.

El informe del Departamento de Justicia federal al Congreso respondió a una petición de los comités de Asignaciones, liderada por el demócrata boricua José Serrano (Nueva York), para que rechazara avalar la inclusión del status territorial en un próximo referéndum de status en Puerto Rico.

El documento, sin embargo, recordó que en la carta de abril de 2017, Justicia federal mantuvo que no incluir el status territorial, “levantaría cuestionamientos reales sobre ‘la legitimidad del voto’ y su capacidad para reflejar con precisión la voluntad de la gente”.

También hizo referencia a la oposición a que la estadidad fuese presentada en la papeleta electoral de junio de 2017 como la única opción que garantiza “la ciudadanía americana por nacimiento en Puerto Rico”, a que no se hiciera claro que la libre asociación significaría “un voto por una independencia plena y sin trabas”, y que se pudiera hacer creer que la libre asociación era una especie de "ELA mejorado", una alternativa que bajo propuestas anteriores el gobierno federal ha descrito como "inconstitucional".

Bajo una ley federal de enero de 2014, el gobierno de Puerto Rico puede presentar la papeleta electoral y la campaña educativa de un referéndum de status ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que determine si cumple con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Si el Departamento de Justicia federal diera su visto bueno a la papeleta y la campaña educativa de la consulta estadidad sí o no, entonces el gobierno de Puerto Rico pudiera tener acceso a $2.5 millones para ayudarle a financiar la consulta.

La ley puertorriqueña indica que el gobierno de Puerto Rico solo esperará hasta el 30 de junio para conocer si el Departamento de Justicia de Estados Unidos - como permite el lenguaje de la ley federal de enero de 2014-, determina si la papeleta, la campaña educativa y la administración del referéndum cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Horas después de la firma de la ley que convocó al referéndum estadidad sí o no para el 3 de noviembre, un funcionario de la Casa Blanca señaló que

“la primera prioridad para todos los líderes de Puerto Rico debe ser poner en orden su casa financiera”.


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