El DTOP  anunció en la vista que espera tener corriendo para el verano un proyecto piloto para otorgar citas  por Internet para realizar los trámites en el Cesco de Carolina. (GFR Media) (semisquare-x3)
El DTOP anunció en la vista que espera tener corriendo para el verano un proyecto piloto para otorgar citas por Internet para realizar los trámites en el Cesco de Carolina. (GFR Media)

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) favoreció, aunque recomendando enmiendas, un paquete de medidas legislativas atendidas esta mañana en una vista pública de la Cámara de Representantes que modifican la manera en que se realizan ciertos trámites en los Centros de Servicio al Conductor (Cesco).

Una de estas medidas, un proyecto de ley del representante del Partido nuevo Progresista (PNP) José “Memo” González, busca aumentar la vigencia de la licencia de conducir de seis años a 10 años.

El DTOP, en voz de Miriam Stefan Acta, ayudante especial del secretario Carlos Contreras, planteó en una vista de la Comisión de Transportación e Infraestructura que la ley federal que creó el Real ID dispone que estos documentos tendrán una vigencia de no más de ocho años, por lo que recomendó que el proyecto se atempere con la ley federal.

González, presidente de la citada comisión, aceptó la propuesta.

Stefan Arca también advirtió que el cambio implicaría un aumento “proporcional” en el costo de la renovación de la licencia. Actualmente la tarifa, con el pago de los comprobantes es de $14 en el caso de la licencia regular y de $31 en el caso de Real ID.

La funcionaria destacó, además, que el cambio propuesto en la vigencia de la licencia podría provocar la acumulación de grandes cantidades de dinero en multas gravadas contra la licencia y que son pagadas al momento de la renovación.

Stefan Acta planteó en la vista que, a pesar de que la agencia no objeta la propuesta de otro proyecto de ley que le permitiría a un ciudadano iniciar el proceso de renovación de licencia 150 días antes del vencimiento y no 60 días como ocurre ahora, el aumento en el plazo no debe aplicarse a licencias provisionales con vigencia de tres años otorgadas a ciudadanos con estatus migratorio irregular.

Otra de las medidas presentadas propone la creación en los Cesco una fila única para que el ciudadano que quiera renovar su licencia pueda pagar el comprobante del Departamento de Hacienda requerido para finalizar el trámite en esa misma fila.

El DTOP alertó que no cuenta con personal autorizado a manejar efectivo, por lo que se propuso que esa fila solo para transacción electrónicas. González también aceptó esta propuesta.

Una resolución conjunta de la Cámara discutida también en la vista pública ordena al DTOP adoptar un sistema o aplicación que permita la renovación de licencias de conducir por internet. Stefan Acta le indicó a González que la agencia está trabajando con un sistema para lograr ese cometido, pero le advirtió que la agencia no podría cumplir en los 90 días propuestas en la resolución con la confección de toda la reglamentación administrativa para poner en vigor la iniciativa.

González le solicitó un informe de progreso del proyecto luego de que DTOP nunca indicara cuando tendría listo la programación, pero advirtió que quiere que el programa por Internet esté funcionando antes de que termine el 2019.

El DTOP también anunció en la vista pública que espera tener corriendo para el verano, posiblemente junio, un proyecto piloto por internet para que se puedan sacar citas con horas específica para realizar los trámites en el Cesco de Carolina.

En una entrevista con El Nuevo Día antes del inicio de la vista, Luis Felipe Colón, director de los Cesco, indicó que un ciudadano que tenga una deuda de manutención y que no tenga vigente un plan de pago con la Administración para el Sustento de Menores (Asume) no puede renovar una licencia.

Preguntado sobre ese particular en un aparte con la prensa al finalizar la vista, González argumentó que no se pueden penalizar “a los que lo hacen bien por lo que lo hacen mal” y dijo que le toca a Asume hacer las gestiones que sean necesarias ante los tribunales para que los deudores se pongan al día en sus deudas.


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