La gobernadora Wanda Vázquez y el secretario de Educación, Eligio Hernández (izq.), enviaron cartas a Educación federal para que la función de síndico la ejerza la Junta Fiscal. (Xavier J. Araújo Berríos)

Washington - El gobierno de Puerto Rico está en espera de respuestas del Departamento de Educación de EE.UU. y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en torno a su propuesta para otorgar al ente fiscal las responsabilidades del agente fiduciario - una especie de "síndico"-, que el gobierno federal ha ordenado nombrar para el manejo de cerca de $650 millones en fondos federales de educación.

Tanto la gobernadora Wanda Vázquez Garced como el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, enviaron cartas al Departamento de Educación de EE.UU. para defender que la JSF, que ya controla las decisiones financieras del gobierno electo, asuma la tarea que el gobierno federal ha decidido encomendar a una empresa que contrate el Departamento de Educación de la isla.

“No solamente se les planteó esa inquietud, sino otras”, dijo Hernández Pérez.

Aunque no se han hecho públicas, las cartas fueron enviadas al Departamento de Educación estadounidense después de la primera reunión de la gobernadora -el pasado 9 de septiembre-, con los funcionarios federales de educación.

Tras aquella reunión, la gobernadora Vázquez Garced comentó a El Nuevo Día, por vez primera, la petición hecha para que la JSF sustituya al agente fiduciario que se quiere contratar.

Para el gobierno de Vázquez Garced, el "síndico" federal no solo le costará millones de dólares al Departamento de Educación de Puerto Rico, en momentos de crisis fiscal, sino que no se justifica. “Ha habido una disminución consistente de los hallazgos de las monitorías (federales)”, sostuvo el secretario Hernández.

El pasado 28 de junio, el Departamento de Educación de EE.UU. ordenó al gobierno de Puerto Rico contratar una entidad externa para manejar unos $650 millones en fondos federales, tras encontrarse ineficiencias administrativas en la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación de Puerto Rico.

La orden fue emitida dos semanas antes de que se presentaran los cargos por corrupción que incluyeron a la exsecretaria Julia Keleher, su ayudante Glenda Ponce Mendoza, y contratistas.

Pese a que los detalles no se han ofrecido, Hernández dijo que unas de las críticas hechas a su oficina por el Departamento de Educación federal fue que se dejaron de utilizar un número significativo de fondos federales en el año fiscal 2017-2018, lo que el secretario atribuye a que la devastación causada por el huracán María mantuvo escuelas cerradas o como refugios. “Estuvimos seis meses paralizados”, indicó.

Hernández dijo que han advertido al Departamento de Educación federal que nunca se ha ordenado el nombramiento de un agente fiduciario en una jurisdicción que también cuenta con una junta que controla las decisiones financieras del gobierno electo. Según Hernández, temen quedar en medio de requisitos contradictorios de la JSF y el "síndico" federal.

Por ejemplo, mencionó que han advertido a la JSF que hay programas de educación que requieren mantener el mismo nivel de asignaciones estatales para poder acceder a los fondos federales.

Hasta el momento, Hernández dijo que en términos de la JSF solo ha discutido el asunto con “técnicos”. “Lo que hemos hecho es compartir información preliminar (con la JSF), para que conozcan cuáles son las condiciones especiales del Departamento y los requisitos que nos están imponiendo”, agregó el secretario.

Sigue el proceso

De todos modos, Hernández reconoció que el proceso dirigido a publicar una solicitud de propuestas para las funciones de ‘agente fiduciario’ sigue hacia delante. Han tenido desde julio reuniones periódicas con los funcionarios del Departamento de Educación de EE.UU..

A principios de agosto, Hernández dijo a El Nuevo Día que el proceso de selección de la empresa que actuará como vigilante del gobierno federal podía tardar unos tres meses. En una entrevista el martes, Hernández no quiso esta vez ponerle una fecha específica. “No podemos ofrecer información porque es privilegiada y confidencial hasta que la convocatoria se publique”, sostuvo.

Recientemente, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, cuestionó que se le delegue a la JSF responsabilidades que pudieran ser independientes a la ley Promesa.

Teme, entre otras cosas, que la JSF pueda terminar sus responsabilidades bajo Promesa y todavía tener que rendir cuentas sobre los fondos federales de educación.


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