Rafael "Tatito" Hernández fue entrevistado por los agentes Edna Cruz y Florencio Vélez. (Luis Alcalá del Olmo)

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El portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, se reunió esta tarde con personal del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), donde se realiza una pesquisa sobre el referido sometido por el legislador en torno a las expresiones que hiciera la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, sobre las transacciones para adquirir pruebas de COVID-19 para el gobierno.

Hernández Montañez fue entrevistado por los agentes Edna Cruz y Florencio Vélez. La pesquisa es dirigida por la fiscal Phoebe Isales, mientras que la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones ha asegurado que se ha inhibido de la pesquisa al estar envuelta su madre.

El referido de Hernández Montañez incluyó expresiones públicas de Quiñones de Longo que luego compartió en una vista a puerta cerrada de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, sobre la participación de Mabel Cabeza en transacciones de compras en el contexto de la emergencia de COVID-19, los intercambios de Quiñones de Longo con la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez y cómo la exsecretaria de Administración de Salud, Adil Rosa, fue quien comunicó al gerente del laboratorio Quest, Miguel Ribas, que entregara unas pruebas en la sede del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración y Desastres (Nmead) y no en Salud, como había sido la orden de Quiñones de Longo.

“Ellos están atendiendo el referido original”, dijo el legislador. “Hablamos de todo lo que testificó la secretaria (Quiñones de Longo), de las amenazas de Lillian Sánchez contra ella y que ella tenía que ser más diligente firmando contratos”.

Si bien la Comisión de Salud ya radicó su primer informe parcial sobre la pesquisa, el presidente Juan Oscar Morales no lo envió a Justicia al sostener que no confía en la agencia. Hernández Montañez les indicó a los investigadores que cuando la minoría popular rinda su propio informe, le entregarán una copia a Justicia.

Parte de la entrevista, dijo Hernández Montañez, se centró en cómo funcionarios que participaron en compras de pruebas y otros productos obviaron requisitos para concretar compras en el gobierno y que están consignados en leyes como la Ley 3-2017, la ley de la Administración de Servicios Generales y en Órdenes Ejecutivas. En este último reglón, contó cómo Sánchez y el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, supuestamente no cumplieron su responsabilidad al no evaluar ciertos contratos de compras en La Fortaleza.

También conversaron sobre los testimonios del abogado Juan Maldonado y el dueño de Apex General Contractors, Robert Rodríguez López.

“Tuvieron acceso a la primera plana (de El Nuevo Día). Están viendo la relación entre los mensajes de texto y lo que les hablé que pasó en la vista”, contó el representante al referirse al testimonio de Rodríguez López, que fue a puerta cerrada.

“Vieron lo que Juan testificó y corroboran con los texto”, dijo.

¿Por dónde va la pesquisa?, se le preguntó.

Ellos están comparando testimonios a ver si están alineados. A ver si las personas que han estado testificando y que han entrevistado… sin la información que se les suministra concuerda con otra. Están haciendo su trabajo investigativo”, contestó.


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