El secretario interino de Corrección ha sido señalado por, supuestamente, estar involucrado en los malos manejos que se le imputan al saliente jefe de la agencia, Erik Rolón.

El Senado llevará a votación esta tarde el nombramiento de Eduardo Rivera Juanatey al cargo de secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Durante la sesión de hoy también se verá el nombramiento de Luis Pérez Vargas como director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental.

Rivera Juanatey compareció esta mañana a una vista de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde contestó preguntas sobre su supuesta intervención, como secretario asociado del DCR, en comunicaciones con la Junta de Reconsideración sobre temas bajo la consideración de ese organismo, específicamente una subasta entre dos compañías por el servicio de alimentos en las cárceles. La intervención indebida fue adjudicada en una sentencia del Tribunal de Apelaciones, aunque Rivera Janatey insistió en que la decisión no es final y firme.

La Junta de Subastas del DCR atiende todo el proceso de otorgamiento de estos contratos y la Junta de Reconsideración revisa esas determinaciones.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann dijo, por un lado, que la sentencia redactada por la jueza Grace Arana, adversa a Rivera Juanatey y que tira en torno a una controversia por un contrato de bloqueo de llamadas telefónicas en las cárceles, tenía que ser considerada por el cuerpo legislativo al evaluar el nombramiento interino y “tiene un peso enorme”.

Acto seguido, recordó que otro deponente en la vista, el expresidente de la Junta de Reconsideración, Alberto Carranza, dijo que Rivera Juanatey no le dio ninguna instrucción cuando le remitiera por correo interno del DCR una sentencia del Tribunal de Apelaciones que, según Rivera Juanatey, se mancillaba la imagen de los miembros de la citada junta.

Además, presentaba unos argumentos en derecho que supuestamente favorecían al DCR.

“Me convenció el presidente de la Junta de Reconsideración. Le pregunté directamente si en algún momento o de alguna forma Rivera (Juanatey) había influenciado, si le había dado un dato en algún momento a favor de uno o en contra de otro”, dijo Neumann. “Contundentemente me dio que no".

Neumann entonces reconoció a periodistas que el Tribunal de Apelaciones decidió que la comunicación de Rivera Juanatey con la Junta de Reconsideración “no procedía”.

¿A qué le dará más peso?

“Ahí está la decisión”, respondió Neumann al indicar que discutirá el tema, ya sea un caucus o uno auno, con los miembros de su delegación.

La decisión de llevar a votación el nombramiento interino hoy se da a pesar de que durante la vista se solicitaron documentos que evidencien qué tipo de comunicación tuvieron Rivera Juanatey y Carranza y si se asemeja o se distancia de otras comunicaciones sobre el tema de las subastas.

Neumann dijo que recibió instrucciones de la presidencia del Senado para que presente “ambos lados de la controversia” en el hemiciclo, discutiendo la sentencia del Tribunal de Apelaciones y el testimonio de Rivera Juanatey y Carranza. Neumann dijo estar “completamente tranquilo” de evaluar el nombramiento hoy.

Según Neumann, la persona con mayor capacidad de ilustrar a los senadores sobre la conducta de Rivera Juanatey es Carranza.

De hecho, Rivera Juanatey indicó que, tomando en consideración la controversia surgida, no repetiría su conducta de comunicarse con Carranza.

“A preguntas mías dijo que no lo volvería a hacer. Pero el expresidente de la Junta ha dicho que no hubo ninguna influencia del licenciado Riera para que tomara una decisión de un lado u otro”, dijo Neumann.

En síntesis, el Tribunal de Apelaciones determinó que Rivera Juanatey falló al remitirle a Carranza copia de una sentencia del tribunal en que se le imputaba a miembros del DCR y de la Junta de Reconsideración mantener comunicación con partes interesadas en una subasta sobre la adquisición de equipo para bloquear las llamadas telefónicas en las cárceles. El funcionario le indicó a Carranza en una hoja de trámite que verificara unas páginas en específico de la sentencia porque había argumentos en derecho que, de alguna manera, favorecían al DCR.

El senador popular Cirilo Tirado llevó a Carranza a reconocer que el reglamento de la Junta de Reconsideración prohíbe las comunicaciones entre miembros del DCR como Rivera Juanatey e integrantes de la Junta de Reconsideración. Carranza también admitió que la Junta de Reconsideración se hubiera enterado del contenido de la sentencia sin la intervención de Rivera Juanatey.

Al salir a toda prisa de la vista pública, Rivera Juanatey indicó que había aclarado “todas las dudas”.

“Se contestaron todas las preguntas que se hicieron sin ningún tipo de dudas y sin acogerse a secreto alguno. Quedó bastante claro”, dijo.

Cuando se le preguntó a Rivera Juanatey por qué remitió la sentencia del tribunal a la Junta, indicó que esos documentos no llegan a un asesor externo del organismo administrativo y que la entrega del documento es parte de los procedimientos ordinarios de su oficina.

Rivera Juanatey insistió en que el Tribunal de Apelaciones hizo una interpretación errónea de sus acciones.

“Mi función es referir los documentos a las áreas correspondientes donde tienen que tomar conocimiento”, dijo. “La única intención fue que la agencia, que todos los componentes actúen conforme a derecho”.

Preguntado si entendía que había actuado mal, Rivera Juanatey dijo que no actuó de manera ilegal ni ha cometido acto de corrupción alguna, “pero como ha generado esta controversia, tan grande y tan innecesaria, para evitar manchar el nombre del DCR no volvería a hacerlo… referir directamente una sentencia. Lo hará a través de un abogado”.

Al salir de la vista, Tirado indicó que les recomendará a los miembros de su delegación que voten en contra de Rivera Juanatey.

“Todavía no está claro. Mostró arrepentimiento, pero después de haber mostrado arrepentimiento vuelve y señala que el asunto legal no estaba claro, que es un asunto de derecho que no estaba claro. En términos de si se echó hacia atrás o aceptó su culpa, pues no me satisfizo”, dijo Tirado a periodistas. “Me parece que la personas, a pesar de su preparación y experiencia, la sentencia del Apelativo lo señala claramente en el sentido de que cometió una imprudencia que no se debe dejar pasar”.

En el caso del senador penepé Miguel Romero, dijo que no tenía una decisión tomada sobre el nominado y que prefería revisar los documentos solicitados por la Comisión. Al momento de hablar con periodistas estaba bajo la impresión de que el nombramiento no se atendería hoy.


💬Ver 0 comentarios