Los senadores Henry Neumann (en primer plano) y Zoé Laboy entregaron el informe final. (Teresa Canino )

Un informe de las Comisiones de Seguridad Pública y de Revitalización Social y Económica sobre la crítica situación que se ha vivido en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) sobre la situación actual de los "SAFE kits" concluyó que en Puerto Rico no existe legislación para regular un inventario de los mismos.

La senadora Zoé Laboy, quien encabezó la investigación con el senador Henry Neumann, adelantó que en las próximas semanas radicarán legislación para  establecer política publica de cómo manejar los safe kits. “Para establecer desde el trato que se le da la víctima hasta cómo se hacen los exámenes y cómo se notifica a la Policía de Puerto Rico”, señaló Laboy. 

“De cada diez agresiones sexuales que se dan en Puerto Rico los números reflejan que solamente se está reportando entre el 20% y el 30%. Por tanto…tenemos 2,700 víctimas sin hacerle justicia y cuántos agresores sexuales tenemos en la calle porque no los hemos procesado criminalmente”, señaló Laboy.

El documento, preparado por las comisiones de Seguridad Pública y de Revitalización Social y Económica del Senado, concluyó, además, que el personal en la sección de ADN y serología del NCF es limitado en proporción a las solicitudes de análisis para los casos que se ventilan en los tribunales. 

“Es necesario el desarrollo de un plan de acción para analizar los casos que no van a verse en los tribunales, bien sea porque la victima desistió, no tiene interés en un mecanismo procesal o porque los 'safe kits' no cumplen con los requisitos mínimos para el análisis por haberse recopilado la evidencia luego de haber transcurrido más de 72 horas de la agresión sexual”, lee el documento. 

Sobre la legislación necesaria para regular el inventario de los safe kits, Laboy dijo que debería fijar los tiempos límites para que los mismos sean recopilados por la Policía. Igualmente, sugiere un tiempo de 15 días para entregarlo al NCF y de seis meses para ser analizado. 

Igualmente, el informe sugiere que el NCF rinda un informe anual al Departamento de Salud sobre el número de safe kits analizados, el número en espera de ser procesados, la información de incumplimiento por parte de los hospitales a la hora de recopilar las muestras, el control de calidad en el manejo de la evidencia científica y notificaciones a las víctimas de la evaluación de la evidencia. 

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, reconoció la labor de las comisiones. “Ha servido también como un proceso transformativo y de educación de los safe kits…este informe lo que recoge son herramientas para mantener la seguridad de las mujeres que en, su inmensa mayoría, como sabemos son las víctimas de las agresiones y que podamos evitar que los depredadores sigan en la calle sin identificar”, señaló el legislador. 

Laboy, por su parte, se mostró decepcionada porque aún no se ha firmado el acuerdo entre el NCF y la compañía que permitirá el análisis de la evidencia almacenada. Para este contrato se consiguió una asignación de $3 millones. “Esos safe kits siguen en la bóveda del Negociado de Ciencias Forenses”, señaló la legisladora.


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