La saliente subsecretaria de Vivienda federal visitó la isla una docena de veces. (semisquare-x3)
La saliente subsecretaria de Vivienda federal visitó la isla una docena de veces. (Teresa Canino )

Washington - Las autoridades de Puerto Rico recibieron ayer con preocupación la renuncia de la subsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD), Pamela Hughes Patenaude, la cual coincide con los esfuerzos para quitar trabas en el desembolso de los fondos para la reconstrucción.

Tanto la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, como el secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat, consideraron a Patenaude, quien ha estado en la isla en una docena de ocasiones, como “la principal aliada” de la isla en el gobierno de Donald Trump.

“Va a ser duro sustituirla, y nos obliga a buscar (un campeón en) Vivienda inmediatamente”, indicó González, quien catalogó como una “gran decepción” conocer su salida de HUD.

Para la comisionada residente, Patenaude hará falta, “especialmente en un momento en el que necesitamos agilizar el proceso para obtener esos fondos” y determinar “a quiénes deben llegar”.

Gil Enseñat sostuvo que la dimisión de Patenaude -efectiva en el nuevo año- “podría tener algún tipo de efecto sobre nuestra recuperación o en cuanto a esa relación que teníamos con ella”.

“Es una de las mejores, más transparente y apasionadas servidoras públicas” de EE.UU., indicó, por su parte, en Twitter el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien estuvo reunido el jueves, en la capital federal, con el secretario de HUD, Ben Carson, y Patenaude.

Para el gobierno de Puerto Rico, la salida de Patenaude ocurre en momentos en que busca cumplir con los requisitos de HUD para liberar los primeros $1,500 millones en fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR), que junto con las asignaciones para proyectos permanentes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) permitirían encaminar la reconstrucción de la isla.

En total, el gobierno federal asignó casi $20,000 millones en fondos CDBG-DR para mitigar el desastre provocado por el huracán María, que causó un estimado de 2,975 muertes y, según el gobierno, sobre $100,000 millones en pérdidas.

Pero, a pesar de que el secretario Carson fue a San Juan -en el primer aniversario del impacto del huracán- a anunciar el acuerdo para desembolsar los fondos, hasta el momento, no se ha entregado un solo centavo.

HUD ha reclamado al gobierno de Puerto Rico demostrar que tiene el personal suficiente y los sistemas de información adecuados para manejar los fondos.

El gobierno federal ha asignado a Puerto Rico cerca de $44,000 millones en fondos de asistencia para mitigar desastres. Pero, hasta el momento, la ayuda que ha llegado ha estado dirigida a colocar techos temporales en las más de 160,000 viviendas dañadas, restablecer el servicio de energía eléctrica y ayudar a financiar temporalmente el sistema de salud.

Los fondos de reconstrucción, que son principalmente las asignaciones de CDBG-DR o proyectos permanentes a través de FEMA, sin embargo, no han llegado.

La JSF en la Casa Blanca

En medio de la incertidumbre sobre los fondos CDBG-DR y la puesta en marcha de proyectos de infraestructura permanentes, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José B. Carrión, y la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, se reunieron ayer con el número dos de la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB, en inglés), Russell Vought.

La JSF divulgó una foto de Carrión y Jaresko saliendo de la reunión, pero no dieron detalles sobre lo discutido. “No tienen más que decir. Solo una reunión general”, indicó una portavoz de la JSF.

El 6 de diciembre, el coordinador de Revitalización de la JSF, Noel Zamot, envió un correo electrónico a Patenaude para expresar interés en colaborar con el desembolso de los fondos CDBG-DR y ofrecer a la JSF como garantía para su buen uso.

“Como parte de nuestra función y los requisitos de la ley Promesa, nos gustaría trabajar con usted, el equipo de HUD y otras partes interesadas para garantizar que estos fondos se pongan en marcha para el beneficio inmediato de los residentes de Puerto Rico”, indicó Zamot.

Rosselló Nevares afirmó que no es misión de la JSF velar por los desembolsos de asistencia para mitigar el desastre causado por María. Pero es un hecho que la lentitud en el desembolso de fondos puede impactar negativamente los estimados del plan fiscal certificado por la JSF y el primer gran acuerdo de reestructuración de la deuda por la vía judicial, que es el de Cofina y se supone que sea revisado en un mes por la jueza federal Laura Taylor Swain.

La JSF tiene el poder de revisar todo contrato del gobierno de Puerto Rico que alcance los $10 millones. Pero, además, el ente fiscal ha indicado que supervisará “la entrega de los fondos asignados… con el propósito de garantizar que sean consecuentes con los planes y presupuestos fiscales certificados”.

Fuentes de El Nuevo Día han indicado que, a nivel intermedio del gobierno federal, se ha discutido la posibilidad de nombrar un coordinador para controlar los desembolsos relacionados con la reconstrucción, algún acuerdo especial para regularlos y hasta debatido si la JSF puede ejercer una mayor fiscalización al respecto.

Sector privado la distingue

El sector privado se unió también ayer a las voces que, al igual que el gobierno, destacaron las gestiones de Patenaude a favor de Puerto Rico. En específico, la Asociación de Constructores resaltó que la funcionaria federal sirvió de apoyo en el proceso de reconstrucción.

“Rara vez se había beneficiado Puerto Rico de contar con un colaborador tan cercano que haya sobrepasado sus responsabilidades. Una de las contribuciones más importantes de Patenaude para con Puerto Rico es el trabajo que ha llevado a cabo para unir a los diferentes sectores”, destacó Emilio Colón-Zavala, presidente de la organización profesional.

La reportera Leysa Caro colaboró con esta nota.


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