El presidente de la Asociación Cultural y Deportivo del Gallo Fino de Pelea depuso el martes en una vista pública cameral. (GFR Media) (semisquare-x3)
El presidente de la Asociación Cultural y Deportivo del Gallo Fino de Pelea depuso el martes en una vista pública cameral. (GFR Media)

Una organización identificada como la Asociación Cultural y Deportivo del Gallo Fino de Pelea condicionó hoy, martes, su apoyo al proyecto que amplía el marco de las apuestas legales en Puerto Rico a que el Congreso de Estados Unidos revierta la prohibición a las peleas de gallos en Puerto Rico, que tiene efecto en diciembre.

De no lograr su cometido, dijo Jeovhanni Nieves Rivera, presidente de la organización, no favorecerían el proyecto al no considerar viable que un gallero asista a una gallera para apostar en otros deportes que no sean el suyo.

“Antes de avalar cualquier iniciativa para este fin, se debe luchar para revertir la prohibición de las peleas de gallo en Puerto Rico. Ese es nuestro llamado hoy”, dijo Nieves Rivera a preguntas del representante Partido Nuevo Progresista (PNP) Néstor Alonso Vega, presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes.

La pieza Legislativa también es evaluada por la Comisión de Hacienda, que preside el representante penepé Antonio Soto.

“De continuar la prohibición, no sería viable que los galleros asistan a apostar a eventos deportivos en los edificios vacíos, que antes era galleras”, agregó Nieves Rivera.

La pieza legislativa, que ayer tuvo su tercera vista pública, permitiría las apuestas en eventos deportivos. Estas apuestas se harían presencialmente desde hipódromos, casino, hoteles, paradores, galleras y agencias hípicas o por Internet.

“Entendemos que la pérdida de nuestro deporte nacional sería mucho más impactante económicamente que los $29 millones estimados de ingresos de este proyecto”, alertó Nieves Rivera.

Durante la vista de hoy, también depuso el exprocurador del ciudadano Carlos López Nieves, quien también es gallero y quien fuera convicto hace tres años por utilizar fondos públicos para actividades personas, entre otras cosas la operación de una gallera.

En un aparte con la prensa, López Nieves reconoció que la pieza legislativa solo beneficiaría a dueños de galleras que decidan convertir sus negocios en casas de apuestas.

“El gallero se beneficiaría si se mantienen las jugadas de gallos”, dijo López Nieves.

¿Y si se eliminan las peleas de gallos?, se le preguntó.

“El dueño de la gallera se convertiría en un empresario más. De hecho, ya lo es y tendría que decidir si cierra el negocio o no”, contestó.

Por su parte, el administrador hípico José A. Maymó Azize favoreció el proyecto de administración.

La medida, entre otras cosas, ordena la creación de una nueva Comisión de Apuestas en que estaría la Administración de la Industria del Deporte Hípico (AIDH), mecanismo que describió como “más robusto y con mayores recursos” de fiscalización.

Maymó Azize también favoreció que desde el hipódromo y las agencias hípicas se puedan realizar todo tipo de apuestas deportivas y argumentó, al citar cifras oficiales, que el año pasado se registró un aumento en el promedio de la jugada diaria en carreras de caballos.

El presidente y principal oficial ejecutivo del Hipódromo Camarero, Ervin Rodríguez Vélez, se distanció de la postura de Maymó Azize y condenó que las responsabilidades del administrador hípico y de la Junta Hípica pasen a la jurisdicción de la nueva Comisión de Haciendas al describir la movida como “nefasta”.

“La Junta Hípica se reúne un mínimo de dos veces en semana para atender vistas y se reúnen casi todos los días de la semana para discutir los casos. Dudamos mucho que los miembros seleccionados en esa Comisión tengan el tiempo para atender tanto volumen de trabajo”, dijo Rodríguez Vélez.

El representante del hipódromo solicitó que se aclare que solo se podrán hacer apuestas sobre carreras de caballos en el hipódromo o las agencias hípicas y, en caso de que se permitan en otros lugares como casinos y hoteles, que tengan que operar una agencia hípica licenciada. “Entendemos que permitir apuestas deportivas en prácticamente cualquier lugar que no sean casinos o la red del hipódromo, además de canibalizar las ventas, haría su supervisión y regulación más difícil y costoso”.

En un aparte con la prensa, Soto defendió la pieza legislativa, aunque alertó que el estimado de ingresos al Estado sería limitado.

De hecho, un estudio realizado por la empresa Innovation Group, comisionada por la Cámara de Comercio, calcula los ingresos totales en $29 millones en el primer año de operaciones. Según Soto, de esa cifra, $2.9 millones terminarían en manos del Estado y al menos $1 millón serían dirigido a las operaciones de la Comisión de Apuestas. 

El resto del dinero se distribuiría en diferentes potes: 50% para los pensionados, 15% para gastos operacionales de la Policía, 10% para el pago de los municipios del plan de salud del gobierno, 10% para el “apoyo y desarrollo del deporte”, 10% para el Departamento de Educación y 5% para la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca).

Soto argumentó que el proyecto impide que Puerto Rico se quede rezagado del marcado de apuestas en línea y en deportes, pero insistió en la necesidad de establecer controles para que menores de edad no puedan realizar apuestas. La pieza legislativa abre el camino a apuestas por Internet.

Soto levantó bandera sobre la comisión de la Comisión de Apuestas, donde cinco de siete integrantes son del ámbito gubernamental. Soto propuso que se aumente la participación de la industria de las apuestas.


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