(GFR Media)

El Senado enmendará el proyecto del Código Civil para presuntamente consignar, en el lenguaje alusivo al no nacido, que la intención legislativa es proteger los derechos reproductivos ya reconocidos a la mujer, supo El Nuevo Día.

La enmienda se presentaría en el hemiciclo, durante la sesión legislativa, por tratarse de un cambio de última hora, según fuentes.

El nuevo lenguaje sería presentado por el senador penepé William Villafañe, quien busca incluir la siguiente frase al artículo 69 sobre Personalidad y Capacidad: “Los derechos que se reconocen al nasciturus (concebido, pero no nacido) están supeditados a que este nazca con vida y no menoscaban, en forma alguna, los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo”.

Esa frase está consignada en la Exposición de Motivos, pero no en el resto el Código. Con la enmienda, se incluye el texto en del decrétase.

Críticos del Código Civil propuesto han señalado que el lenguaje de la medida le reconoce unos derechos al no nacido que, para todos los efectos, impedirían que una mujer pueda realizarse un aborto, que es un derecho reconocido mediante jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Este medio supo que hay dudas sobre si el lenguaje a ser incluido por Villafañe tendría un efecto práctico ya que el derecho al aborto es reconocido solo por jurisprudencia.

Ayer, la gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó que la aprobación del proyecto fuera aplazada. Si la primera ejecutiva tiene genuinas preocupaciones sobre la versión del Código Civil que el Senado dice estar listo para aprobar, debe ser muy cuidadosa, durante la próxima semana, en su evaluación y en cuanto a las posibles enmiendas que recomienda, opinó esta mañana el coportavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), Osvaldo Burgos.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó ayer que estaba aplazando la aprobación del Código por petición de la gobernadora, que le pidió tiempo para examinar el documento. Rivera Schatz dijo que la primera ejecutiva tiene hasta el miércoles para expresarse, pero no ha dicho cuándo el documento sería llevado a votación.

La petición de la gobernadora parecería contradecir expresiones de Rivera Schatz en el sentido de que la última versión del Código Civil ha sido ampliamente discutida en vistas públicas y que se le han incorporado cambios producto de un extenso período de tiempo en que grupos de interés e individuos pudieron enviar memoriales al Senado. A pesar de ese alegado proceso amplio, la gobernadora necesita más tiempo.

De hecho, la versión que sería aprobada ayer, fue hecha pública la semana pasada.

A pesar de que Vázquez Garced ha solicitado más tiempo, un mensaje de texto de Álex López, asesor en Asuntos Legislativos de la primera ejecutiva, revela que el Ejecutivo “se ha mantenido en comunicación con asesores del Senado sobre posibles enmiendas que se estarán integrando”. Ese texto tiene fecha del 18 de febrero y fue enviado a El Nuevo Día.

En entrevista con este diario, Burgos dijo que le llamó la atención que el caucus de ayer en el que se discutió el asunto tarda dos horas y media. Rivera Schatz ha dicho que el otro tema discutido fueron los nombramientos de La Fortaleza a varias agencias del gobierno.

“Cuidado si no tiene los votos. Ese énfasis en que tengo los votos, que tengo los votos, lo hemos visto en el pasado”, dijo Burgos.

El Nuevo Día supo por diversas fuentes que el proyecto tiene los votos.

El coportavoz de CABE dijo que Vázquez Garced, al solicitar más tiempo, les ha dado la razón a los grupos que plantean la necesidad de que se celebren vistas públicas en el Senado y que el proceso de análisis en el cuerpo legislativo sea a la luz del sol.

Según Burgos, la gobernadora debe ser cuidadosa porque, en la medida que presenta enmiendas al proyecto y son acogidas, se estaría comprometiendo a convertir la medida en ley.

“Si fuera gobernadora, desde el principio, tendría a mi gente del equipo de legislación mirando de cerca el proceso y mirando los artículos que tienen problemas”, dijo Burgos, al señalar que la ausencia de un récord legislativo, entiéndase un proceso público de evaluación de la medida, va en detrimento de cómo los jueces podrían interpretar el texto del Código de convertirse en ley.

De hecho, Burgos enfatizó en la necesidad de que se hagan públicos los memoriales enviados al Senado por organizaciones con interés e individuos.

A preguntas, Burgos no pareció inclinado a solicitarle una reunión a la gobernadora sobre el tema, al indicar que la postura de CABE es pública.

Burgos llamó la atención sobre cómo la definición de matrimonio, sin bien parece reconocer el matrimonio igualitario, carece de un lenguaje más preciso como pudiera ser que el matrimonio es un contrato entre dos personas “independientemente de su sexo”.

El Código propuesto habla de personas naturales.

“La Ley de Violencia Doméstica no hace distinción de sexo, que era para todo tipo de pareja y el Supremo interpretó otra cosa”, alertó Burgos.

“Hay que recordar que los legisladores conservadores están apostando a que el Tribunal Supremo (de Estados Unidos), con otra configuración, diga que los asuntos de familia y de aborto son estatales, no federales. Al poner solamente personas naturales, puedes añadir luego que la política pública es que sean personas de sexos diferentes”, dijo Burgos.


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