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El Congreso ha calculado que la legislación costará al erario puertorriqueño, por lo menos, $370 millones entre 2017 y 2022. (Archivo/EFE)

El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes confirmó ayer que el proyecto 5278, que impondría una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico, irá a votación la semana próxima, en momentos en que la Oficina de Presupuesto del Congreso ha calculado que la legislación costará al erario puertorriqueño, por lo menos, $370 millones entre 2017 y 2022.

Pete Sessions, presidente del Comité y republicano por Texas, dio a los congresistas hasta el martes a las 10:00 a.m. para presentar enmiendas a la legislación, que se quiere debatir en el pleno de la Cámara baja en algún momento entre el miércoles y jueves.

En camino a ordenar las enmiendas en el Comité de Reglas, procedimiento que precede la votación en el pleno, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, conocido por sus siglas en inglés CBO, recuerda que el funcionamiento de la junta federal tendrá que ser financiado por el gobierno de Puerto Rico.

“Aunque la magnitud de los costos es incierto, CBO calcula que las entidades públicas gastarán varios cientos de millones de dólares durante los próximos años para cumplir con los mandatos de la junta y para implantar los nuevos planes fiscales. CBO espera que muchos de esos costos sean incurridos en los primeros años de funcionamiento de la junta”, agrega el análisis.

En el primer año de funcionamiento de la junta, el costo será de $200 millones. Para el segundo, se estima que la nueva autoridad federal le representará al gobierno de Puerto Rico el gasto de $150 millones. Según CBO, habrá costos de $5 millones anuales en 2019, 2020, 2021 y 2022.

Notas sobre la junta federal de control fiscal

El estudio no parece tomar en cuenta los costos que tendrá para el gobierno de Puerto Rico el proceso de reestructuración, que puede duplicar la contratación de abogados y asesores, lo que pudiera representar otros cientos de millones de dólares, según fuentes.

“El informe del CBO parece apoyar la nueva era de la filosofía de gobierno de (Donald) Trump. El Congreso va a construir un muro (la junta) y Puerto Rico va a pagar por él”, indicó el presidente de la Coalición Nacional Puertorriqueña, Rafael Fantauzzi.

Federico de Jesús, asesor en Asuntos Federales del candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, sostuvo que es “toda una ironía” que sea el gobierno de Puerto Rico el que pague por los costos de la junta, “que es básicamente la misma cantidad que provocó un impago del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)” el 1 de mayo pasado.

La CBO indica, además, que el grupo de trabajo bicameral y bipartidista que se propone para examinar posibles alternativas para desarrollar la economía de Puerto Rico le costará al gobierno de Estados Unidos $1 millón el próximo año fiscal federal, y unos $500,000 en años subsiguientes.

La Oficina de Presupuesto del Congreso establece con claridad el poder que tendrán los siete miembros de la junta federal – nombrados por el presidente de EE.UU., pero cuatro de ellos recomendados por los líderes legislativos republicanos-, sobre los funcionarios electos de la isla, desde el gobernador hasta los legisladores y los funcionarios municipales.

La legislación cameral – que se enfrenta a un fuerte rechazo de sectores de Wall Street, influyentes sindicatos estadounidenses y gran parte de la clase política de Puerto Rico -, permite a la junta federal de control fiscal echar hacia delante procesos de reestructuración de deuda, tomar las decisiones finales sobre planes fiscales, presupuestos y legislación en general.

“La junta tendrá amplios poderes soberanos para efectivamente revertir decisiones de la Legislatura, el gobernador y otras autoridades públicas de Puerto Rico”, indica el análisis preparado por un grupo de funcionarios del CBO, supervisados por el subdirector adjunto para Análisis Presupuestario, Samuel Papenfuss.

Reconoce además que colocar a los bonistas en ciertos grupos específicos para aceptar modificaciones en los términos de la deuda, “puede afectar acreedores públicos y privados, de varias formas, provocando ahorros para unos y pérdidas para otros”.

El Comité de Recursos Naturales aprobó el pasado 25 de mayo el 5278, con 29 votos a favor y 10 en contra. Todos los que rechazaron la medida fueron republicanos, que se dividieron en 15 a favor y 10 en contra.

La legislación es un acuerdo bipartidista de los líderes republicanos y demócratas de la Cámara baja, pero no está claro cómo se dividirán los bandos cuando la medida comience a enfrentarse a nuevas propuestas de enmiendas y el voto final.


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