El hemiciclo de la Cámara de Representantes. (GFR Media)

La Cámara aprobó hoy a viva voz el proyecto de ley que viabiliza la celebración de una consulta “estadidad sí o no”.

El Proyecto del Senado 1467, conocido como la Ley Para la Definición Final del Status Político de Puerto Rico, establece las reglas para la celebración de un plebiscito en las elecciones generales del 3 de noviembre, en el que se le preguntaría al elector: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un estado?" Las únicas alternativas serían "sí o no".

Según establece en la medida el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, autor de la pieza legislativa, esta fue la pregunta que contestaron los residentes de Alaska y Hawai antes de que se convirtieran en estado.

“Aquí está la oportunidad de decir sí o no. Es la única pregunta sencilla que se le hace al pueblo puertorriqueño para poder movernos al frente…y de una vez por todas salir de la condición colonial que nos arropa", apuntó el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

Tras su aprobación la medida regresaría al Senado luego que la Cámara le insertará varias enmiendas. Sin embargo, el representante José Aponte Hernández, quien tuvo a su cargo la presentación de la pieza legislativa, no anticipó problemas en la Cámara Alta, ya que los cambios no cambian el propósito del proyecto.

Aponte Hernández explicó que la enmienda incluida a la pieza legislativa elimina lenguaje en el Artículo 5.9 que establecía que la certificación de los resultados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tenía que cumplir con los requisitos impuestos por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos en el Ley Pública 113-76 (2014), que permitía la asignación de $2.5 millones para la consulta.

Sostuvo que el cumplimiento con esos requisitos sería irrelevante si, al final del día, el gobierno federal no avala la consulta. Aún así, señaló, seguirían con la consulta. “Si al 30 de junio el Departamento de Justicia federal no ha dado el visto bueno al proceso vamos a seguir hacia adelante”, detalló el legislador.

La medida, en su Artículo 3.2, establece que el proceso tendrá un costo de $3.5 millones. De estos, $2 millones serían para la celebración de una campaña educativa y $1.5 millones para la impresión de las papeletas y cualquier otro gasto relacionado. Contrario a la versión original, no establece las fuentes específicas de financiamiento.

En el Artículo 8.1, sin embargo, establece que el gobierno tendrá el deber ministerial de priorizar, identificar y hacer disponibles los recursos económicos estatales para cumplir con todos los propósitos de esta ley, “haya o no disponibles asignaciones federales para el plebiscito. “Dudo que la gobierno no firme el proyecto, menos que no vaya a identificar recursos y, de hecho, la Ley Promesa dispone que no se puede limitar al pueblo en un proceso para resolver el asunto del estatus. Los recursos van a estar ahí y si esto es en una elección general es menos la inversión”, argumentó Aponte Hernández.

La delegación de Partido Popular Democrático (PPD), así como el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, le votaron en contra a la medida. De igual forma actuó el representante independente Manuel Natal.

“Esta no es la medida, este no es el momento, este no es el proyecto y el propio proceso legislativo demuestra que la mayoría está consciente de que la aprobación de este proyecto es un ejercicio fútil, sin ningún tipo de resultado más allá de una cosa local, de un intento de motivar a los estadistas abochornados con el PNP. De un intento de levantar y sacar de los hogares a los estadistas abochornados con el desempeño administrativo del PNP”, argumentó el portavoz popular Rafael “Tatito” Hernández.

Su homólogo Luis Vega Ramos comparó la consulta con el relato de la Puerca de Juan Bobo. “Esta consulta sigue siendo la puerca de Juan Bobo, porque detrás del maquillaje, del vestido que no le queda bien…lo que quieren esconder es la maltrecha, corrupta e insensible administración del PNP. Este no es un ejercicio serio, esto es un parapeto…”, expresó durante su turno.

Sostuvo que, si fuera un proceso serio, empezarían por reunir a todos los sectores ideológicos que tienen propuesta de estatus y, segundo, habilitarían un proceso para que cada uno de esos sectores puedan ir ante el Departamento de Justicia federal a argumentar la viabilidad de cada una de esas alternativas de estatus. “Ya no les importa si el Departamento de Justicia se expresa o no sobre lo que diga la papeleta y saben por qué. Porque esto no tiene nada que ver con la absolución del estatus político”, expuso Vega Ramos.

El representante popular Jesús Manuel Ortiz argumentó que con los $3.5 millones que costaría el proceso -los cuales podrían salir en su totalidad de fondos estatales-, el gobierno podría, por ejemplo, atender el problema de columnas cortas en unas 52 escuelas públicas, tal y como hizo el Municipio de Bayamón. También se podrían reparar sobre 45 viviendas afectadas por los sismos registrados en la zona suroeste del país.

El representante por el PIP, por su parte, argumentó que, durante el proceso de educación previo a la consulta, la colectividad defenderá un voto por el “No”. “Vamos a votar en contra de la estadidad, en contra del anexionismo…”, sostuvo.

Dijo que, entre las razones para emitir un voto en contra del proyecto, está la eliminación en el Senado de la definición de lo que representaba un voto a favor del “Sí” y un voto a favor del “No”. “Este método no es en el que propone ni cree el PIP. Desde el principio de cuatrienio planteamos el proyecto de asamblea de estatus. La búsqueda de un consenso procesal para enfrentar el gobierno de los EstadosUnidos”, expuso.

La medida original establecía que el un voto por el “No” implicaba el “rechazo a la unión permanente con la unión permanente con la estadidad”, así como un reclamo al gobierno federal para que reconociera la soberanía de Puerto Rico separada de Estados Unidos.

Entre los años 1967 y 2017 en Puerto Rico se realizaron cinco plebiscitos. En el más reciente, celebrado el 11 de junio de 2017, la estadidad recibió el 97% del total de votos o 502,616 votos. La libre asociación o independencia recibió 7,779 votos (1.5%) y el actual status territorial cargó con 6,821 votos (1.32%) en un referéndum para el que los partidos opositores llamaron al boicot en rechazo a las alternativas incluidas en la papeleta de votación. La tasa de participación fue de 23%.


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