El proyecto ahora pasa a la consideración del gobernador. (horizontal-x3)
El proyecto ahora pasa a la consideración del gobernador. (GFR Media)

El sistema eléctrico del país inició ayer su ruta a la transformación luego que la Cámara de Representantes concurriera  con las enmiendas sometidas por el Senado a la medida del Ejecutivo para la privatización y venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El Proyecto de la Cámara 1481 pasa ahora ante la consideración del gobernador Ricardo Rosselló, quien el pasado 22 enero anunció el plan para transformar la AEE.  

 La medida fue aprobada en la Cámara de Representantes con 27 votos a favor de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Mientras, la minoría popular votó en contra de la medida, contrario a lo ocurrido en el Senado, donde la votación fue bipartidista.

 Los representantes Carlos Bianchi Angleró y Lourdes Ramos se abstuvieron por mantener puestos de carrera en la AEE. El independentista Denis Márquez tampoco favoreció la medida.  

 “Ya, gracias a Dios, culminó todo el proceso. Obviamente, fue un proceso donde estuvo presente  la negociación entre el Ejecutivo, la Cámara y el Senado... pero finalmente la Cámara  concurrió con las enmiendas y lo que procede ahora es que se envíe al gobernador”, expresó el representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara.

El legislador sostuvo estar satisfecho con la medida, específicamente con las enmiendas incluidas que, a su juicio, garantizan la permanencia de los empleados de la corporación, así como la transparencia de los procesos. “Al final del día, que el pueblo de Puerto Rico tenga la certeza de que el precio kilovatio-hora será uno de beneficio para el pueblo”, dijo en referencia al rol que se le otorgó a la Comisión de Energía  de Puerto Rico (CEPR) para atender el proceso de otorgamiento de contratos. 

No obstante, la única referencia en el proyecto al costo de la luz es que se tienen que negociar “tarifas razonables”.

 “Estoy complacido con las enmiendas que logramos introducir dirigidas a que haya un marco regulatorio y una política pública energética, y que la Comisión de Energía mantenga sus garras como ente regulador”, señaló el presidente de la Comisión  de Energía del Senado, Larry Sielhamer. 

 La Legislatura mantuvo control  al establecer que los  contratos de venta serán aprobados por ambas cámaras luego de una evaluación de no más de 45 días, mientras que los de cesión de activos pasarán por el crisol de la Junta de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, entidad que cuenta con un representante de cada cuerpo legislativo.

Un  nuevo modelo

Dentro de los cambios introducidos por el Senado, el proyecto de ley limita la venta de activos a las plantas de la generación de electricidad. Mientras, todas las concesiones, incluso aquellas fuera de la transmisión y generación de energía, como podría ser la facturación o medición, se realizarán a través del mecanismo de Alianza Pública Privada (APP), fijado por la Ley 29-2009.

Otra de las enmiendas fue que toda transacción requerirá de una Certificación de Cumplimiento, que será emitida por la CEPR para acreditar la transacción de concesión de activos o de venta -conocido como un contrato preliminar- siempre y cuando se cumpla con el marco regulatorio  y la política pública energética, que aún no se han legislado.

El Senado originalmente introdujo en dicha enmienda lenguaje para que los contratos tuvieran que cumplir con las normas y reglamentos de la Comisión de Energía, pero el cambio fue removido luego de una reunión el martes en La Fortaleza. Por ende, la medida amplía el alcance de la CEPR antes de que se firme cualquier acuerdo, aunque no tendrá la facultad de enmendar o alterar contratos. 

Además, la pieza legislativa dispone que ningún contrato de cesión o venta será final si no cumple con el marco regulatorio y la política energética, que serán consignados durante la sesión legislativa que comienza en agosto.

Otro aspecto introducido por la Cámara alta obliga a cualquier proponente de privatizar a presentar una declaración jurada que sostenga que no ha pagado comisiones o bonificaciones, ni tiene compromiso de pagos futuros a ningún funcionario público, empleado o exfuncionario que haya participado en las negociaciones y las transacciones dispuestas por la ley. 

En cuanto al futuro de los empleados actuales de la AEE, se dispone que ningún contrato de alianza o venta se utilizará como fundamento para el despido de ningún trabajador con un puesto regular, y que el personal que compone la AEE que opte por permanecer en el gobierno será asignado a otras tareas.

La pieza legislativa estipula, además, que los empleados que como resultado de la aprobación de la ley sean transferidos  a otra entidad gubernamental bajo el concepto de movilidad, conservarán  los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos aplicables.

Largo camino

Una vez el gobernador convierta en ley la medida, inicia entonces a contar el período de 180 días que concede el estatuto para el diseño de la política pública y el marco regulatorio.

El documento se desarrollará siguiendo las recomendaciones de una comisión especial integrada por componentes del Senado, la Cámara de Representantes y la Rama Ejecutiva. Si la Asamblea Legislativa no logra ponerse de acuerdo en la política pública energética, se mantendrían vigentes las disposiciones de este tipo en la Ley 57 de 2014.

Uno de los puntos medulares que deben considerarse es la reducción gradual en la dependencia de los combustibles fósiles, opinó Parés.   


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