En un intento adicional por establecer un nuevo estatuto que rija la forma y manera en que los estudiantes de educación especial reciben los servicios terapéuticos que garantizan su desarrollo académico y social, la Cámara de Representantes aprobó hoy, lunes, el Proyecto de la Cámara 1945 que crea la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”.
“Todos estamos claros sobre lo que está sucediendo con la educación especial. Los niños humildes en Puerto Rico no tienen voz, los intereses económicos sí y nosotros vamos a probar mas allá de duda razonable que hay intereses económicos aquí envueltos… Vamos a ir hasta las ultimas consecuencias por los niños”, argumentó el representante Rafael "June" Rivera, autor de la medida.
La medida recibió la oposición de las minorías, así como del representante no vidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega.
“Este proyecto no le da los derechos, no le da beneficios ni mucho menos una mejor calidad a los niños de educación especial…¿Una legislación nueva va a resolver una situación que ya atienden diversas leyes? Pues, claro que no. Yo fui estudiante de educación especial desde muy pequeño cuando perdí la vista y no recibía los servicios adecuados, no tenía los materiales y muchas veces no tuve la enseñanza que yo como estudiante merecía”, compartió Alonso Vega.
Enfatizó en que la medida es innecesaria. “No es un problema de legislación es un problema de ejecución. Aquí lo que hace falta es gente valiente y comprometida con la población de educación especial que haga valer las leyes que están establecidas ya”, señaló Alonso Vega.
El representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, coincidió con Alonso y enfatizó en la necesidad por velar por el fiel cumplimiento de los estatutos vigentes que regulan los servicios de educación especial.
“Les aseguro que vamos a tener los mismos problemas que han sufrido por años las familias, pero, sobre todo, la niñez de Puerto Rico en los casos de educación especial. El problema no es que hace falta una nueva ley…hace falta la voluntad política, el deseo, la sensibilidad colectiva y social del gobierno de Puerto Rico para atender estos problemas y entender que el derecho constitucional a la educación le aplica a todo el mundo”, sostuvo el legislador del PIP.
Mientras, la representante popular Lydia Méndez sostuvo que si la medida fuera a resolver los problemas que a diario enfrentan los estudiantes de educación especial, la propuesta no recibiría el rechazo de los padres que ayer llegaron hasta las gradas de la Cámara de Representantes para expresar su oposición.
“Yo no puedo estar a favor de algo…yo no me tengo que apasionar por esto, porque yo vengo de ser hija de un ser especial, así que no me tengo que apasionar ni tengo que convencer a nadie. Yo estoy convencida desde que nací que la educación especial siempre ha sido limitada en el Departamento (de Educación)”, expuso la legisladora.
El proyecto de la Cámara 1945 es un sustituto del proyecto original que fue vetado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por el supuesto impacto fiscal de $94 millones que implicaba su implementación.
La nueva medida, explicó Rivera, contiene una aseveración de que no tiene un impacto económico. El viernes, añadió, se reunió con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien como secretaria de Justicia había avalado el proyecto.
Rivera indicó que también se reunió con el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez. En agosto, durante una segunda reunión con el funcionario, indicó que Hernández le confirmó que la medida no tiene impacto fiscal y que el Departamento erró en los números que les dio a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Más que una nueva ley...la agencia necesita el compromiso de las ramas del Gobierno...para que le sean asignados los fondos que nuestros niños necesitan”, reclamó Carmen Warren, del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, mediante una carta.
La propuesta, entre otras cosas, estipula que los jueces administrativos que hoy son nombrados por el secretario de Educación sean nombrados por el gobernador o gobernadora de turno y que sean confirmado por el Senado. El cambio busca una mayor independencia de estos funcionarios.
Igualmente, promueve que el secretario asociado de Educación Especial sea nombrado por el gobernador o gobernadora al mando.
La representante María Milagros Charbonier, por su parte, pidió una oportunidad para la medida legislativa. Cuestionó el hecho de que se esté condenando la propuesta sin que haya sido puesta a prueba a pesar de que los padres de niños de educación especial continúan luchando con los problemas que vienen enfrentando hace décadas. “Tiene que haber un cambio de paradigma”, dijo Charbonier, quien tras concluir su turno fue abucheada por las personas en las gradas.
José “Quiquito” Meléndez dijo que toda legislación tiene espacio para mejorar, pero “lo importante es que no podemos quedarnos abrazados a una (legislación) por miedo a lo que venga con la próxima”. “Estaré votando a favor aun cuando entiendo las objeciones de cualquier otra persona”, indicó Meléndez antes de culminar el turno y ser abucheado.
