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Imagen de una pelea de gallos. (GFR Media) (horizontal-x3)
Imagen de una pelea de gallos. (GFR Media)

Washington - La Cámara de Representantes de Estados Unidos derrotó hoy el proyecto agrícola al que había sido incorporada una enmienda para prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico y los demás territorios.

La medida quedó derrotada no por su contenido, sino en medio de un reclamo de los más conservadores que quieren forzar un debate sobre su proyecto de inmigración.

La legislación, en términos del funcionamiento de la Cámara baja, supone un golpe para el speaker Paul Ryan, quien recientemente anunció que se retira del Congreso al finalizar esta sesión. También para el presidente Donald Trump, quien ayer tuiteó a favor de la legislación.

Ryan solicitó una reconsideración, por lo que pudiera haber próximamente una nueva votación sobre el proyecto.

Treinta republicanos votaron en contra de la medida, al igual que todos los demócratas. Los demócratas se opusieron por el contenido del proyecto de asuntos agrícolas.

La votación final fue 198 a favor de la medida y 213 en contra.

Pero, previamente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos había aprobado con absoluta facilidad (359-51) una enmienda que persigue prohibir la  tradición de las peleas de gallos en Puerto Rico y los demás territorios estadounidenses.

Pese a que el proyecto en general quedó aparcado, la aprobación de la enmienda envía un fuerte mensaje en contra de esa industria, que genera cerca de $18 millones anuales, según el gobierno de Puerto Rico.

“Esto es más regulación sobre los territorios estadounidenses”, sin considerar la posición de sus residentes, dijo la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, al tomar un turno en el hemiciclo e indicar que se trata de una práctica “bien regulada” y que su prohibición creará una actividad clandestina.

La comisionada González, además, denunció que la medida no se haya discutido en audiencias.

La enmienda, propuesta por el republicano Peter Roskam (Illinois), se quiere vincular al proyecto de ley que establece la política pública sobre los subsidios y asignaciones a programas agrícolas. 

La votación final de todo el proyecto de asuntos agrícolas, que puede ser cerrada, ocurrirá cerca de mediodía. 

El Senado ha indicado que legislará su propio proyecto.

El congresista Roskam sostuvo que buscan uniformar la prohibición que ya existe a nivel de los estados y cancelar una actividad violenta. Junto al coautor de la medida, el demócrata Earl Blumenauer (Oregón), rechazó el argumento de que se trata de una tradición “racial o étnica”.

Al liderar la oposición a la medida, desde el lado demócrata, Plaskett indicó que “todos los delegados de los territorios están en contra” y reafirmó que la legislación enviaría a gente a “actividades clandestinas”.

Plaskett reconoció que la legislación de Roskam responde a un pedido de Humane Society y se cuestionó por qué no adoptan la propuesta de ese grupo para prohibir que otros animales, como los perros, participen en la cacería de animales.

La delegada de Guam, la demócrata Madeline Bordallo, sostuvo que si se trata de igualdad, deberían permitir a los representantes de los territorios votar en el hemiciclo cameral. Los delegados de los territorios no tienen voto en el hemiciclo cameral, aunque sí pueden votar en los comités de la Cámara baja. "Seamos justos en todo", dijo.

La industria de las peleas de gallos en Puerto Rico supone una inyección económica de $18 millones, y representa 12,500 empleos, advirtió González, en una carta que envió el martes a los presidentes de los comités de Reglas, Peter Sessions (Texas), y Agricultura, Michael Conway.

“Debo oponermea esta usurpación de la autoridad reservada para estados y territorios, que Puerto Rico ya ejerce para regular la práctica”, sostuvo la comisionada González, en su misiva.

A pesar de que las peleas de gallos están proscritas en los estados de Estados Unidos, son comunes las denuncias policiales por los eventos que se desarrollan en la clandestinidad.

“No debemos tener una serie de reglas sobre la crueldad en contra de los animales en los 50 estados y unas normas diferentes en los 50 estados”, indicó el presidente de Humane Society, Wayne Pacelle, cuando el republicano Roskam presentó la legislación en noviembre.

Entonces, parecía que, como en varios congresos, las medida quedaría a un lado. Pero, en busca de votos para el proyecto de asuntos agrícola, el liderato republicano declaró la legislación con lugar, como una enmienda.

Todo el proyecto agrícola aún tiene que superar la oposición del grupo más conservador de los republicanos, el Freedom Caucus, que amenaza con votar en contra si no se pone en calendario un proyecto de inmigración que han propuesto frente a otro que impulsan los moderados del Grand Old Party (GOP).

Ayer, sin embargo, el pleno de la Cámara baja federal aprobó dos enmiendas al proyecto agrícola que fueron presentadas por la comisionada González.

Una de las enmiendas propone estudiar la posibilidad de que Puerto Rico tenga su propio plan económico de alimentación (Thrifty Food Plan) del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), lo que significaría poder tener un mejor cálculo de los beneficios a otorgarse.

La otra enmienda persigue hacer un nuevo cálculo sobre el dinero que recibiría Puerto Rico si estuviera acogido al Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), que es el que funciona en los estados. El estudio más reciente tuvo lugar en 2010 y determinó que bajo el SNAP, habría un aumento de 15.3% en los hogares elegibles para asistencia alimentaria. Los beneficios mensuales, mientras, aumentarían en 9.6%, según la comisionada.

El Comité echó a un lado, sin embargo, una iniciativa que impulsó incrementar en $1,270 millones durante dos años adicionales, los fondos de asistencia alimentaria para la Isla. Puerto Rico recibe alrededor de $1,919 millones en fondos del PAN, pero tras el azote del huracán María, el Congreso autorizó la distribución de otros $1,270 millones durante este año fiscal estadounidense.


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