La OCS indicó que, de 293,000 reclamaciones asociadas a daños del huracán María, unas 3,000 todavía están en litigio. (Luis Alcalá del Olmo)

La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) tiene actualmente 11 investigaciones en curso en torno a posibles actos ilegales cometidos por múltiples firmas de ajustadores públicos a causa de la emergencia creada por el paso del huracán María en septiembre de 2017.

El dato trascendió esta mañana durante una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Yashira Lebrón Rodríguez.

La inmensa mayoría de las estas investigaciones involucran a entidades que vinieron de los Estados Unidos luego del desastre ocasionado por María, según indicó Alexander Adams de la OCS.

Entre las firmas bajo investigación de la OSC se encuentran la empresa Scott M. Favre Public Adjuster, LLC, así como empresas que vinieron de estados como Mississippi, Texas y Florida.

La presidenta de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Iraelia Pernas, también confirmó las pesquisas.

“La mayoría de las reclamaciones post María que aún están dilucidando no se han podido resolver debido a los patrones indebidos de conducta de los ajustadores públicos”, afirmó Pernas en su ponencia.

“No cabe la menor duda que ante la emergencia de María algunas firmas de ajustadores públicos, muchas de las cuales no son de Puerto Rico, vinieron aquí, no a ayudar al pueblo, pero a enriquecerse de la desgracia de nuestra gente", resaltó la representante Maricarmen Mas Rodríguez, autora de la Resolución de la Cámara 1094 que ordena a la antes mencionada Comisión hacer una investigación sobre las prácticas de los ajustadores públicos en la Isla.

"En total, la OCS emitió unos 98 permisos especiales de Ajustador Independiente de Emergencia a personas no residentes de la Isla. De estas, son muchas las que están bajo investigación por malas prácticas comerciales. Eso es algo que no vamos a permitir que suceda ahora, con las reclamaciones de los terremotos de enero", añadió Mas Rodríguez.

La legisladora increpó a Adams sobre las reclamaciones aún pendientes que involucran ajustadores foráneos bajo investigación, a lo que el funcionario indicó que la mayoría eran facilidades de los gobiernos estatales y municipales.

En el caso de Scott Favre este logró su primer contrato con el gobierno apenas cuatro días después de haber incorporado la empresa en Puerto Rico, según se supo en la vista.

Según se desprende del Registro de Comerciantes del Departamento de Estado, la empresa en cuestión, con sede en Mississippi, fue autorizada para hacer negocios en la Isla el 14 de noviembre de 2017. Para el 18 de ese mismo mes ya tenía un contrato con la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno.

La OCS indicó que, de 293,000 reclamaciones asociadas a daños del huracán María, unas 3,000 todavía están en litigio. "Muchas de estas están en litigio por estimados de ajustadores públicos poco responsables. Esta es una práctica que no se puede permitir que continúe, y menos ahora", dijo Lebrón Rodríguez.

De hecho, la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros indicó que considera radicar una medida que le fije un tope al por ciento de honorarios por contingencia que pueda recibir un ajustador público en relación al pago de reclamaciones debido a prácticas irregulares.

“Me estaré reuniendo con la representante Maricarmen Mas Rodríguez, autora de la resolución investigativa, para presentar una nueva legislación a esos efectos. Ahora mismo no existe un tope en cuanto al cobro. Sí hay una carta normativa sobre contratación de Ajustadores Públicos de parte de agencias e instrumentalidades del gobierno de parte del Comisionado de Seguros, pero no está establecido por ley. Las recomendaciones que nos dan es equipararlo a lo que se está llevando en la Florida que es un máximo de 10% para que haya uniformidad”, adelantó Lebrón Rodríguez.


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