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El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló (horizontal-x3)
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. (GFRMedia)

La Asamblea Legislativa ya tiene en sus manos el proyecto de reforma educativa que anunció el lunes el gobernador Ricardo Rosselló, una amplia medida legislativa mediante la cual esta administración propone derogar la Ley Orgánica del Departamento de Educación de 1999 para implementar cambios en todos los niveles del sistema público de enseñanza.

Tal y como adelantó el gobernador a través de un mensaje televisado, el proyecto de ley se centra en la transformación administrativa del Departamento de Educación mediante la creación de lo que llamará Oficinas Regionales Educativas, la implementación de un nuevo sistema para medir el desempeño de las escuelas, viabilizar las escuelas charter en la isla y revivir el controvertible programa de vales educativos que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional en 1994.

Asimismo, la medida -que fue presentada ante los cuerpos legislativos cerca de las 10:00 p.m. de ayer, según fuentes de este diario- reconoce la necesidad de modernizar la infraestructura de las escuelas, enfatiza en la importancia de proveer los servicios que necesitan los estudiantes de Educación Especial y asegura que los cambios que propone permitirán que más partidas de presupuesto de Educación se destinen a ofrecer servicios directos a los alumnos. Este último elemento es eje central del plan fiscal revisado que el Ejecutivo entregó hace unas semanas a la Junta de Supervisión Fiscal y que el ente federal ordenó modificar.

“Sin lugar a duda, el acceso a la educación es una prioridad y una responsabilidad con el pueblo. Mediante esta Ley se declara el compromiso de brindar: igualdad de oportunidades educativas de alta calidad a todos los estudiantes, desde el nivel preescolar, hasta el nivel postsecundario, y aquel dado a niños y jóvenes que se encuentran en instituciones juveniles y correccional de adultos;  un sistema de apoyo ágil donde las decisiones se tomen lo más cercano al entorno donde se implementan y estén fundamentadas en el análisis de los datos recopilados; un sistema de evaluación atado a la rendición de cuentas y a la descentralización del sistema tradicional; un sistema que convierte al estudiante y al salón de clase en el objetivo principal hacia el cual apunten todos los recursos que el estado destina a la educación; y que estimula la mayor participación de todos los integrantes de la comunidad en el proceso educativo y las decisiones que afectan la escuela”, lee la exposición de motivos del proyecto.

La pieza legislativa hace hincapié en que las estrategias novedosas que en ella se plantean, como el establecimiento de escuelas charter, no significa que los planteles que se conviertan en charter dejarán de ser escuelas públicas. Las escuelas charter, que la administración Rosselló ha bautizado como Escuelas Alianzas, son planteles públicosque son administrados por entes privados, como podrían ser un municipio, una universidad o una entidad sin fines de lucro.

Para establecer las escuelas charter, el proyecto detalla que estas serán manejadas por “entidades educativas certificadas”, las cuales define como entidades públicas u organizaciones sin fines de lucro que deben ser autorizadas por el secretario de Educación para administrar planteles a través de una Carta Constitutiva. Sin limitar los ofrecimientos académicos que se pueden ofrecer en una Escuela Alianza, el proyecto destaca que estas deberían promover el bilingüismo, la educación de ciencias y matemáticas y ofrecer servicios adecuados a los alumnos de Educación Especial.

En torno al programa de vales educativos, lo cual permitiría que se asignen “certificados” para que los padres reciban dinero para matricular a sus hijos en escuelas privadas, el proyecto reconoce que hace más de 20 años que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la misma iniciativa luego que el exgobernador Pedro Rosselló la propulsara en 1993. No obstante, la actual administración plasma sus esperanzas en que decisiones que ha emitido el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los últimos años hayan abierto el camino para que en esta ocasión se pueda concretar.

“Con esta nueva política pública, esta Administración reafirma que la educación y la igualdad en el acceso a la misma son un interés apremiante y un principio de justicia social para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, lee el proyecto de administración.


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