Al centro, el presidente de la Asociación de Alcaldes, José Román, junto a Nelson Torres, de Guayanilla, y Luis Hernández, de Villalba.

Bayamón - Los alcaldes populares se distanciaron este jueves del endoso que dieron los alcaldes federados a la gestión de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“No la endosamos. Al día de hoy todo ha sido relaciones públicas. Mientras en el gobierno se está dando el proceso de relaciones públicas, hay tres asesinatos en menos de tres horas, las escuelas no están al día… Hay que atender los problemas del país”, sostuvo el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román.

La postura de los alcaldes populares es distinta a la de los 33 alcaldes novoprogresistas pertenecientes a la Federación de Alcaldes que ayer, tras una reunión con la gobernadora, la endosaron públicamente. Incluso, calificaron las acciones de Vázquez Garced como excelentes y distintas a las adoptadas por su predecesor Ricardo Rosselló Nevares.

Román sostuvo que le corresponde a los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista dar explicaciones sobre el endoso que dieron a la gobernadora pese a que la semana previa habían endosado a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, para ocupar la gobernación. El alcalde de San Lorenzo recalcó que endosar o no a la gobernadora le corresponde “al partido de mayoría”.

“A mí no me causa ninguna alegría, como le causa a los compañeros de la Federación al salir de Fortaleza, cuando en menos de tres horas hay cerca de tres a cuatro asesinatos. Nosotros no vamos allí (a La Fortaleza)  a un concurso de relaciones públicas. Nosotros vamos a atender los problemas del país y vamos a estar disponibles para ayudar a la gobernadora -siempre y cuando- entendamos que la mayoría de este país -que es representada por los alcaldes asociados- son respetados”, sostuvo Román

Dijo que la gobernadora se reunirá con su matrícula, de 45 alcaldes, el próximo 20 de agosto. Pero enfatizó en la molestia que le produce a los alcaldes populares que la gobernadora optara por segregar los alcaldes y realizar una reunión solo con los ejecutivos municipales novoprogresistas.

Román anticipó que en la reunión que tendrán con Vázquez Garced exigirán acción con la Ley 29  para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios en los pagos al plan de salud del gobierno y el sistema de retiro. La Ley 29 exime a los municipios de la aportación a la tarjeta de salud y del pago del PayGo. Pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó una demanda contra el gobierno alegando que el estatuto es incompatible con el plan fiscal certificado y que no se asignaron los fondos para su financiamiento.

De inmediato, el presidente de la Asociación de Alcaldes dijo que se mantienen en diálogo directo con la JSF para presentarles propuestas en sustitución de la Ley 29. El alcalde no quiso dar detalles de esas alternativas. Ahora bien, reiteró que la Asociación de Alcaldes contrató al cabildero Richard Pildes para abogar por los intereses de Puerto rico en Washington. Para esos menesteres, destinaron $75,000.

También los alcaldes reclamarán a Vázquez Garced que exija a los jefes de agencia atención directa a los alcaldes. Román dijo que la administración de Rosselló Nevares se ha caracterizado por no atender los reclamos de los alcaldes.

Igualmente, los alcaldes asociados exigieron desde ya a la gobernadora que derogue la orden ejecutiva que firmó Rosselló Nevares para encaminar a creación de condados. La orden ejecutiva instruye a las agencias de gobierno para que estudien “la viabilidad” de crear siete regiones, una propuesta que el exprimer ejecutivo impulsaba bajo el concepto de condados.

Los alcaldes federados, tras la reunión con la gobernadora, aseguraron que ese asunto no estaba en su agenda. Pero los alcaldes populares exigen que la gobernadora derogue la orden ejecutiva “si quiere comenzar con el pie derecho”, dijo Román.  

“La gobernadora, más que decir que no está de acuerdo con los condados, tiene rápidamente la facultad en ley para dejarla sin efecto. Es una orden ejecutiva y esa orden ejecutiva la gobernadora tiene la facultad para derogarla. Y lo que estamos solicitando es que, de inmediato, tome acción”, apuntó Román.

Igualmente, los alcaldes populares exigieron a la gobernadora que atienda la inacción que hay con los contratos a los municipios para recibir fondos federales CDBG, un asunto que también encomendaron a su cabildero discutir en Washington. Román reveló que desde que comenzó la administración de Rosselló Nevares no se renuevan los contratos que viabilizan los servicios de ama de llaves, rehabilitación de viviendas y reparación de carreteras entre otros.

Los últimos contratos firmados fueron los del 2017 por lo que esos servicios, en muchos municipios principalmente pequeños, no se ofrecen. Atribuyeron la paralización al cambio de jurisdicción de agencia a agencia. Román, junto al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, explicó que esos contratos se pactaban con la desaparecida Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Luego pasaron a jurisdicción de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y finalmente al Departamento de la Vivienda. El gobierno federal aún no le reconoce el andamiaje correcto de la agencia receptora para así desembolsar el dinero.

“Al ellos (el gobierno central) no cumplir, los fondos están en riesgo de perderse. Estamos hablando de cerca de $25 millones anuales”, dijo el alcalde de San Lorenzo.


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