Carmelo Ríos aseguró que radicaría nuevamente el proyecto si es vetado por Rosselló. (GFR Media) (semisquare-x3)
Carmelo Ríos aseguró que radicaría nuevamente el proyecto si es vetado por Rosselló. (GFR Media)

El senador novoprogresista Carmelo Ríos hizo un llamado hoy al gobernador Ricardo Rosselló a que firme un proyecto que enmienda la Ley de Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar para añadir nuevas protecciones a consumidores al momento de entrar en proceso de negociación con los bancos hipotecarios.

Según indicó Ríos en conferencia de prensa esta mañana, representantes de la banca ya solicitaron una reunión con el gobernador para cabildear en contra de la pieza legislativa, que saldrá en los próximos días del Capitolio hacia La Fortaleza.

Ríos sostuvo que el proyecto facilita el proceso de mediación en varias facetas. Por ejemplo, dispone que con la presencia de un heredero en el proceso de mediación será suficiente para que el trámite continúe y si un heredero no está de acuerdo con que se dé el proceso de negociación, estaría obligado a comparecer a las vistas en el tribunal para consignar su oposición.

Ríos explicó que cuando se creó la ley en el 2012 no se vislumbró la masiva emigración de los pasados años que ha provocado que se dilaten innecesariamente los procesos de mediación cuando algunos o la mayoría de los herederos del dueño fenecido de la propiedad están fuera de la isla.

“La ley está al 50%. No está funcionando tal y como se diseñó. Compañeros abogados me han hablado de los subterfugios que utiliza la banca para evitar la mediación al dilatar los procesos. Los bancos te dicen que tienes unas opciones y luego te dicen que no cualificas”, dijo Ríos.

Otro cambio en la ley del 2012 incluido en el proyecto dispone que, si el acreedor no se presenta a una vista en cualquiera de las etapas del proceso, la demanda de ejecución de propiedad se desestima automáticamente, aunque sin prejuicio, lo que significa que el banco puede entablar el reclamo judicial nuevamente. Según Ríos, los abogados de los bancos se ausentan de los primeros señalamientos para al final del proceso hacer un ofrecimiento que el deudor no puede aceptar con la ejecución de la casa casi encima.

Otra enmienda dispone que si un juez determina que el banco no actuó de buena fe al no ofrecerle al cliente todas las opciones que tiene para salvar su casa, la demanda igualmente quedará desestimada.

“Tienen que dar fe de que se ofrecieron todas las medidas disponibles”, sostuvo Ríos.

El comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, dijo ayer en una vista pública en la Cámara de Representantes que en el año 2017 se ejecutaron 4,572 unidades de vivienda, aunque se registró una marcada reducción luego del paso del huracán María luego de que entraran en vigor las moratorias bancarias. La merma en ejecuciones continuó durante los primeros ocho meses del 2018 con un promedio de 157 al mes, siendo la cifra más baja mensual desde el 2008. En los últimos cuatro meses del 2018 el promedio creció a 378 unidades mensuales y se espera que esa cifra mensual continúe aumentando en el 2019.

Ríos indicó que las escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y la Universidad Católica favorecen la medida, al igual que AARP (Asociación Americana de Personas Retiradas, por sus siglas en inglés), la Asociación de Padres de Niños con Impedimentos y la Comisión de Derechos del Consumidor del Colegio de Abogados y Abogadas.

“En estos días van a cabildear para que la medida no se apruebe. Sería un error para los miles de puertorriqueños que quieren pagar su casa y, si los asesore le dicen al gobernado que no la firme… esta pieza no afecta la blanca y es buena para la economía de Puerto Rico”.

Ríos aseguró que radicaría nuevamente el proyecto si es vetado por Rosselló.


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