Aníbal José Torres, presidente del PPD. (GFR Media)

Washington - El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), senador Aníbal José Torres, advirtió al Departamento de Justicia estadounidense que la ley del referéndum estadidad ‘sí’ o ‘no’ elude enfrentar a Estados Unidos con el hecho de que el idioma común de Puerto Rico es el español y los puertorriqueños quieren mantener su representación deportiva internacional.

“¿Si Puerto Rico fuera admitido en la Unión como estado, continuará el español como el idioma de las escuelas, tribunales, legislatura y el gobierno en general? Ese asunto no es aclarado en la papeleta electoral propuesta”, indicó el senador Torres, en una carta enviada este mes al secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr.

Torres sostuvo que la ley puertorriqueña dejó también sin precisar si Puerto Rico podrá continuar teniendo representación deportiva internacional.

“Los puertorriqueños están legítimamente orgullosos de nuestra cultura, historia e identidad”, afirmó el presidente del PPD, al indicar que eso se refleja en el apoyo al Comité Olímpico de Puerto Rico y los atletas que representan a la isla.

La carta del presidente del PPD, que tiene fecha del 6 de junio y se divulgó este fin de semana, coincide con los reclamos hechos por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y el representante Rafael “Tatito” Hernández, en misivas independientes, para que el Departamento de Justicia federal descarte validar el referéndum estadidad ‘sí’ o ‘no’ de noviembre próximo en Puerto Rico.

Los temas del idioma y la representación deportiva internacional también habían sido levantados en la carta enviada a Barr el pasado 10 de junio por Acevedo Vilá, candidato del PPD a comisionado residente en Washington.

El gobierno de Puerto Rico solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que determine si la ley para el nuevo plebiscito cumple con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal, un requisito de una ley federal de 2014 para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) poder acceder a $2.5 millones destinados a ayudar a financiar el referéndum.

Bajo la ley puertorriqueña de mayo pasado que convocó el referéndum, el gobierno de Puerto Rico ha querido una respuesta del gobierno federal para el 30 de junio, es decir a más tardar el martes.

Pero en un informe divulgado por El Nuevo Día el pasado 18 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que vez una haya hecho su evaluación sobre los documentos que envió la CEE, deberá someter sus recomendaciones a los comités de Asignaciones del Congreso y esperar 45 días adicionales antes de desembolsar los fondos.

Torres recordó a Barr que el Departamento de Justicia decidió desde abril de 2017 que el status territorial vigente debe “ser una opción disponible para el pueblo de Puerto Rico”, pero que la consulta solo presenta a los electores de la Isla la alternativa de apoyar o rechazar la estadidad.

Para Torres, el Departamento de Justicia federal hizo claro en 2017 que los electores de Puerto Rico deben tener todas las opciones disponibles en una papeleta electoral que pueda ser validada por el gobierno estadounidense.

Cuando envió su carta, Torres destacó además que la gobernadora Wanda Vázquez Garced estaba a punto de convertir en ley un nuevo código electoral que teme haya abierto la puerta a que “más de 100,000 personas que ahora viven en estados como Florida, Texas, Carolina del Norte, y otros estados”, puedan votar tanto por el delegado o delegada de Puerto Rico en la Cámara baja federal como en las elecciones congresionales estadounidenses.


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