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En la foto está el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (horizontal-x3)
En la foto está el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (GFR Media)

Tras el rechazo de la Autoridad de Asesoría Financieray Agencia Fiscal (AAFAF) al acuerdo alcanzado entre la Coalición de BonistasSenior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el grupo organizado de tenedores de Obligaciones Generales (GOs) en torno a los parámetros que deben seguirse a la hora de renegociar la deuda, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo hoy que el gobierno de Puerto Rico “debería pagar” a los acreedores.

Lo que yo sí puedo decirte es que las obligaciones tienen que cumplirse. Si el gobierno de Puerto Rico debe, debería pagar. Si tiene una circunstancia que le impide cumplir conforme a lo pactado debe buscarse una solución que sea sensata, razonable, justa y que no ponga en peligros servicios esenciales y empleados públicos…ojalá y se logre ese entendido”, puntualizó el líder legislativo.

Dijo que coincide con un planteamiento hecho hoy, lunes, por la exgobernadora, Sila María Calderón, en entrevista con El Nuevo Día, sobre el pago excesivo que se le está haciendo a los abogados del Estado.

“Se le está pagando demasiado a los abogados y nada a los acreedores. Habrá quien nos diga que eso no es suficiente para pagarle a los acreedores, pero de pagarles nada a pagarle algo, hay por lo menos un avance”, señaló Rivera Schatz.

“Ley Promesa es una ley maldita, indignante, tan sencillo como eso”, agregó.

El acuerdo anunciado esta mañana serviría para poner fin a la disputa en torno a quien pertenecen los ingresos del Impuesto a las Ventas y Usos (IVU) y del otro lado, la propuesta contempla la creación de una nueva entidad de fideicomiso donde se intercambiarán los bonos de Cofina, GOs y ciertas acreencias no asegurados por un nuevo instrumento que pagaría intereses en efectivo, bonos de apreciación capital y una “serie residual”. La entidad tendría para sí la porción pignorada de 5.5% del IVU.

Por su parte, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio “Tony” Soto, no quiso opinar sobre la determinación de gobierno de rechazar el acuerdo ni cuáles deberían ser losparámetros que los harían aceptables. “Yo tengo un criterio muy personal sobre lo que es ese punto óptimo, pero cualquier cosa que yo diga pudiera afectar el proceso que se está a llevando a cabo en Titulo III y el proceso de mediación”, señaló Soto.

“Lo que es positivo para Puerto Rico es que hay un paso adelante en esas conversaciones en lograr un entendido, en darse cuenta de que Puerto Rico sí tiene unas deudas, pero que dentro de la situación fiscal que atraviesa Puerto Rico actualmente…no puede cumplir con esas acreencias al 100% de lo que fueron pactadas en el origen…eso nos da pieza a lograr otras cosas”, señaló Soto.

“Ciertamente el gobierno de Puerto rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lo que ha establecido es que de la manera que ellos estructuran la oferta y la presentan al Estado, no podría ser aceptada, ya que no sería sustentable…lo que está diciendo el gobierno y la JSF es que la economía de Puerto Rico no está lo suficientemente sólida para cumplir con esa propuesta por el término de la misma”, argumentó el representante.


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