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Ricardo Rosselló subrayó las consecuencias de no derogar la ley que protege a los empleados de despidos injustificados, según acordó con la Junta de Supervisión Fiscal.

Independientemente de las movidas que hace la Legislatura, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le reconoce a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el poder que le confiere la ley federal Promesa para fijar el presupuesto de la isla.

Con eso claro y con la expectativa de que se derogue la Ley Contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) y así se haga valer su acuerdo con el ente a cargo de las finanzas de la isla, el primer ejecutivo busca pavimentar el camino para que, en el proceso de la reestructuración de la deuda en el tribunal federal, pueda tener participación en el plan de ajuste, reconoció ayer durante una entrevista con El Nuevo Día inmediatamente después de ejercitarse con miembros del Ejército de los Estados Unidos.

Sin embargo, Rosselló también baraja el posible escenario, que se definirá esta semana, de que el acuerdo se haga pedazos, la JSF imponga su presupuesto y sea necesario enfrentarla en los tribunales para abogar por el dinero para el bono de Navidad y las licencias por vacaciones y enfermedad de los empleados públicos. Pero reconoció que no sabe cuál será el resultado.

De inmediato, el acuerdo pende del proyecto de la Cámara 1662 que ayer recibió el endoso del primer ejecutivo y estaba bajo el escrutinio de la JSF y los economistas del gobierno.

De convertirse en ley, el gobernador solo se enfocaría en dar una batalla legal contra la JSF: para oponerse a la reducción en las pensiones de los jubilados del gobierno. La merma en promedio es de 10%, pero puede llegar hasta el 25% y está contenida en el plan fiscal certificado. Las reducciones comenzarían el próximo año.

Bajo este panorama, las miradas están fijadas sobre la discusión presupuestaria y la eliminación de la Ley 80.

¿Qué le parece lo sucedido -al momento- con el presupuesto y la derogación de la Ley 80?

—Lo que pasa es que lo que se llama la base, si no hay acuerdo con lo de la Ley 80, el presupuesto cambia. Hay sobre $300 millones en diferencia. Hasta que no pase el 27 (de junio) y se vea si hay resolución o no (de presupuesto), lo cierto es que es un ejercicio que puede ser un tanto académico. Digo, hay información que va fluyendo en torno a las prioridades del gobierno, las prioridades de la Legislatura. Pero digamos que si a mediados de esta semanano se tiene resolución con el asunto del acuerdo al que habíamos llegado, la JSF revertirá al previo plan fiscal y entonces tendrán otro presupuesto. O sea que cualquier cosa que puedan estar discutiendo allá (en la Legislatura), salvo el asunto de lo que sea prioritario, puede cambiar materialmente.

Dice “puede ser un ejercicio un tanto académico”, ¿eso no prueba el poder de la JSF -a través de Promesa- para anular el trabajo de la Legislatura?

—Eso es parte de la discusión. Es que Promesa es bien clara, que la última palabra del presupuesto la tienen ellos. Esencialmente el número final cambia, o sea, que lo que sea que estén discutiendo ahora, si no se dael acuerdo, ese número final cambia.

El jueves, la Cámara aprobó un presupuesto para el próximo año fiscal de $8,782 millones, $33.2 millones mayor al presentado por la JSF ante la Legislatura, que alcanzaba los $8,749 millones. Antes de la aprobación, Rosselló había manifestado su preocupación por partidas del presupuesto que fueron reducidas por la JSF y que, a su juicio, requerían de cambios.

¿Por qué defender un acuerdo que con-lleva un presupuesto con el que tiene reservas?

—Porque el asunto es (pausa)... quién en Promesa tiene el poder en ley de culminar el presupuesto. Al igual que he establecido que ellos no tienen el poder en ley de determinar política pública, eso me toca a mí y a la Asamblea Legislativa, también he dicho que Promesa es bien claro: la JSF tiene la última palabra en el presupuesto. Por lo tanto, dentro de ese parámetro, lo que hemos querido hacer es un presupuesto, construirlo y que la Junta añada sus últimas varianzas.

¿Cómo justifica que haya alza presupuestaria en su oficina mientras habría carencia de fondos en algunas agencias?

—Porque no es más dinero para mi oficina. De hecho, mi oficina ha tenido recortes y ha tenido ahorros. Es que en mi oficina se van a traer un sinnúmero de cosas que también estaban en otras agencias. Por ejemplo, es parte del plan fiscal tener la oficina de “chief financial officer”. Eso incurre en ciertos gastos. Es parte de la política pública el tener el Puerto Rico Innovation and Technolgy Service. Todos estos son gastos que antes estaban en otras partes y ahora se centralizan en el Ejecutivo para cumplir con la política pública de innovación y de control ante el gasto fiscal.

Con lo que ha sucedido hasta el momento, sobre todo con la Ley 80, ¿vislumbra que el camino inequívoco es el tribunal?

—Depende de lo que pase con el acuerdo. Sin duda, si hay un acuerdo, las vías hacia el tribunal son más limitadas. Verdaderamente, el único conflicto mayor que queda por frente son las pensiones y al otro lado estaría la reestructuración de la deuda que, aunque podamos tener diferencias, hay una vía para llegar hacia eso.

Y de la JSF eliminar las partidas para el bono de Navidad y para licencias por enfermedad y vacaciones de los empleados públicos, ¿acudiría al tribunal?

—Sí, yo siempre lo he dicho. Lo lamentable de eso es que estaremos gastando $20 a $25 millones al mes en procesos de litigios que no tenemos certeza de cómo vamos a terminar. Promesa es un proyecto nuevo. Lo segundo, bien relevante para el pueblo, es que no se comienza el proceso de reestructuración de la deuda y, en vez de tener una visibilidad a terminar esto en un año y medio, dos años, estamos hablando de años. Posiblemente ocho años, una década en lo que se puede resolver eso porque la JSF es quien único puede someter un plan de ajuste. Nosotros hemos estado trabajando con ellos, con ciertas diferencias sobre ese plan de ajuste. Pero esto es bien claro, si se tiene un acuerdo, la única diferencia son las pensiones donde nos podemos sentar o vamos al tribunal por un solo componente.

Del contenido de ese plan de ajuste dependerá no solo la reestructuración de la deuda, sino también si la isla seguirá con protección contra apropiaciones de sus fondos gubernamentales.

Rosselló, entretanto, destacó que el proyecto de la Cámara 1662 “hilvana algunas de las preocupaciones de la JSF y del Senado”, por lo que podría ser la llave para evitar ese litigio. La medida derogaría la Ley 80 y crearía un seguro por despido injustificado mediante el pago de la prima a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Ayer, la JSF, a través de su portavoz, José Luis Cedeño, dijo que, “por el momento”, no está emitiendo comentarios. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha dicho que en ese cuerpo no hay espacio para la eliminación de la Ley 80. El gobernador acusó el jueves al líder senatorial de “obstaculizar”.

¿No cree que sus expresiones en contra del senador lo dejan mal parado porque usted había dicho que eran un equipo?

—Mis expresiones han sido bien claras y me sostengo. Esto era un momento de tomar unas acciones en beneficio de Puerto Rico. Se trabajó con el presidente del Senado en tres ocasiones diferentes. Se había trabajado para llegar a este acuerdo. En el último minuto no se dieron los acuerdos y creo que no comprende las repercusiones que tiene para el pueblo. En otros asuntos hemos concurrido, pero este era uno crítico. Simplemente ya establecí mi posición con eso. Se puede enfocar otro en peleas pequeñas. Yo me voy a enfocar en contribuir y echar hacia adelante. Ahora bien, aquí nadie va a intimidar ni amedrentar ni a mí ni a mi equipo de trabajo. Aquí nadie me va a intimidar ni a amedrentarme. Que esté bien claro que, no empece los obstáculos, nosotros vamos a seguir hacia adelante.

Al cierre de esta edición, el presupuesto continuaba bajo discusión en el comité de conferencia para considerar las enmiendas sometidas. Mientras tanto, en cuanto a la Ley 80, nofueron consideradas ninguna de las medidas que surgieron para atender el asunto.

La isla está en la fase de recuperación y usted calculó que se necesitarían $94,000 millones y solo se han recibido cerca de $6,000 millones, ¿llegará ese dinero federal?

—Creo que estamos en camino. Ciertamente ha sido lento el desembolso de FEMA, pero ahora entra una nueva fase que es importante que la gente sepa, que son los fondos de HUD (Vivienda federal), los fondos CDBG. Desde mediados de agosto debemos estar haciendo lo que se llama el “drawdown” de los $1,500 millones inicialmente (asignados). Esperamos que a principios de enero o finales de diciembre podamos ya tener acceso al banco de los $18,500 millones (adicionales).

¿Ese dinero no catapultaría su posible reeleción?

—Son discusiones de lo pequeño. Aquí lo que debemos estar discutiendo es lo grande, que es lo que podemos hacer con Puerto Rico. Conese capital tenemos una oportunidad que no teníamos antes. Esa es la verdad.


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