Ricardo Rosselló Nevares reaccionó al enfrentamiento más reciente entre la Casa Blanca y su gobierno. (GFR Media) (semisquare-x3)
Ricardo Rosselló Nevares reaccionó al enfrentamiento más reciente entre la Casa Blanca y su gobierno. (GFR Media)

Washington- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares afirmó hoy, jueves, que la Casa Blanca ha provisto información “incorrecta” sobre el nivel de asignaciones obtenidas por la isla tras el huracán María y lamentó el debate reciente, marcado por las denuncias del presidente Donald Trump en contra del gobierno y el liderato político de Puerto Rico.

“Es desafortunado que tengamos este debate con el presidente”, indicó Rosselló Nevares, en una entrevista con National Public Radio (NPR) desde Sevilla, España, donde participa de un evento sobre el turismo.

El gobernador reaccionó al enfrentamiento más reciente entre la Casa Blanca y su gobierno, un documento en el que la oficina de Trump defiende su respuesta a la emergencia que desató el huracán María y alude a “un extenso historial de mala administración y corrupción” en la isla.

En el documento, titulado “Reconstruyendo a Puerto Rico de manera eficiente y responsable”, la Casa Blanca afirmó que “el Congreso no necesita asignar más fondos para el esfuerzo de recuperación de Puerto Rico”.

En medio del debate en el Congreso sobre un proyecto para mitigar recientes desastres naturales, la Casa Blanca indica que “Puerto Rico está en camino de recibir un nivel histórico de ayuda para la recuperación de desastres, a pesar de que repetidamente ha fallado en administrar sus finanzas de forma adecuada”.

Rosselló Nevares sostuvo que, mientras el gobierno de Trump dice que se han asignado a la isla sobre $41,000 millones y que pueden llegar hasta $91,000 millones, “no mucho de ese dinero ha llegado para obras permanentes”.

“No tiene todos los datos”, dijo Rosselló Nevares sobre Trump, quien llegó a afirmar en un tuit de esta semana que Puerto Rico ya había recibido $91,000 millones en fondos del gobierno federal para mitigar la catástrofe causada por el huracán María.

También cuestionó que el documento de la Casa Blanca haga referencias a casos de corrupción que ocurrieron durante pasadas administraciones de gobierno en la isla. Asu juicio, esas denuncias equivaldrían a “culpar al presidente” por cosas que pudieran haber ocurrido durante los gobiernos de Bill Clinton o George W. Bush.

Para Rosselló Nevares, el gobierno de Puerto Rico ha puesto en marcha “la reconstrucción más transparente en la historia de la recuperación”. “Queremos asegurarnos de que cada contribuyente vea como se utiliza el dinero”, afirmó.

Rosselló Nevares fue preguntado si consideraba al presidente Trump como “un adversario o un aliado”. El gobernador de Puerto Rico contestó que quiere que “todos los presidentes sean aliados”.

Como un ejemplo de la política pública federal hacia la isla, la publicación de la Casa Blanca alude a la ley Promesa, por la cual se impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones fiscales de Puerto Rico y se plantea la posibilidad de reestructurar obligaciones que, entre deuda y pensiones, ronda $125,000 millones.

“La gente de Puerto Rico merece un verdadero liderazgo”, agregó la Casa Blanca, “no los políticos que han utilizado” la asistencia para desastres “como plataforma política para promover sus propias agendas”. Advirtió, a su vez, que puede ser necesaria supervisión “adicional” sobre el manejo de los fondos de recuperación que recibe la isla.

Con respecto a la advertencia de imponer más supervisión federal en la isla, el portavoz de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés), Pedro Cerame, cuestionó por Twitter por qué el documento no indica que “cada centavo gastado en la recuperación ha sido aprobado por FEMA” o el hecho de que el gobierno federal recién delegó a Puerto Rico “el trámite para aprobar y desembolsar los fondos, reconociendo así buena gestión de los mismos por parte de autoridades locales”.

La administración Trump, sin embargo, se encargó de destacar que la fiscalía federal en Puerto Rico ha “asegurado 375 convicciones de corrupción pública entre 2008 y 2017”. 

Hace referencia, incluso, a la convicción del ex presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico Edison Misla Aldarondo, sin mencionarlo por nombre y decir que fue delegado de la isla ante el Partido Republicano de Estados Unidos.

Un estudio reciente de la Universidad de Chicago - en el que no se alude a Puerto Rico- indica que entre 1976 y 2017 el mayor número de convicciones por casos de corrupción en un estado tuvo lugar en Nueva York, con 2,860. 

Al tratar de enumerar problemas que le atribuyen al gobierno de la isla, la Casa Blanca indicó que “Puerto Rico ha fallado en pagarle a tiempo a contratistas”, en presentar un plan para reconstrucción su red eléctrica y que durante la respuesta federal el gobierno estadounidense impuso restricciones tras determinarse que el gobierno de la isla estaba en violación de la ley “de mejora de administración efectiva”.

Apuntó, a su vez, entre otras cosas, a la controversia sobre el contrato a la “pequeña empresa” Whitefish Energy, que puso en aprietos en Washington, temprano en la emergencia causada por el huracán, la imagen del gobierno de Rosselló Nevares. 


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