La medida establece cómo se realizaría la transición a la estadidad de salir airosa en la consulta. (GFR Media)

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó hoy, martes, un proyecto que viabiliza una consulta "estadidad sí o no".

El Proyecto del Senado 1467, conocido como la Ley Para la Solución Final del Status Político de Puerto Rico, establece las reglas para la celebración de un plebiscito en las elecciones generales del 3 de noviembre, en el que se le preguntaría al elector: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un estado?"

Las únicas alternativas serían "sí o no".

Según Rivera Schatz, esta fue la pregunta que contestaron los residentes de Alaska y Hawai antes de que se convirtieran en estados.

El “sí” significa que el elector reclama al gobierno federal que reconozca inmediatamente la igualdad de deberes y derechos de los ciudadanos americanos con la estadidad “en unión permanente con todos los estados de la Unión". El "no" significa el rechazo a la unión permanente con la estadidad y un reclamo al gobierno federal para que “reconozca inmediatamente la soberanía de Puerto Rico separada de Estados Unidos de América con un tratado de independencia en libre asociación o con la independencia total".

De imponerse el "no", el proyecto dispone que se deberá comenzar de inmediato un proceso de transición para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico.

De ganar el "sí", pasados no más de 15 días de certificado el resultado, la gobernadora designará una comisión de transición integrada por siete miembros: dos funcionarios del gobierno, la comisionada residente y cuatro miembros del representante principal que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificó para representar la alternativa ganadora de status.

Este grupo tendría la encomienda de preparar un plan de transición que sería entregado a la gobernadora a no más de 30 días del organismo ser constituido. Ese plan sería presentado a los líderes del Congreso y al presidente de Estados Unidos “con el propósito de establecer los procesos de transición con la urgencia que reclaman los ciudadanos de Puerto Rico”.

De ganar el "no", pasados no más de 15 días de certificados los resultados, la gobernadora nombraría una comisión de transición integrada por siete personas. Este grupo también tendría la encomienda de preparar un plan de transición a la gobernadora, que deberá aprobarlo y enviarlo a los líderes del Congreso de ambos partidos principales.

En un aparente intento por combatir cualquier llamado a la abstención, el Proyecto del Senado 1467 establece que "la ausencia de electores en la votación o su votación de manera inválida o en blanco, nunca se utilizará para suprimir la intención de los electores que ejercieron su derecho democráticamente, de manera voluntaria y válida".

En un plebiscito, celebrado el 11 de junio de 2017, la estadidad recibió el 97% del total de votos o 502,616 votos. La libre asociación o independencia recibió 7,779 votos (1.5%) y el actual status territorial cargó con 6,821 votos (1.32%) en un referéndum para el que los partidos opositores llamaron al boicot en rechazo a las alternativas incluidas en la papeleta de votación.

Sin embargo, la tasa de participación fue de 23%.

Con la medida, se le ordena a la gobernadora Wanda Vázquez y a la comisionada residente Jenniffer González ser las representantes oficiales de Puerto Rico ante el secretario de Justicia de Estados Unidos y otras autoridades federales "en lo concerniente a todo asunto relacionado con esta ley", y darán seguimiento a los trámites ordenados al presidente de la CEE.

Específicamente, a este funcionario se le ordena entregar al secretario de Justicia federal, no más tarde de 30 días después de convertido en ley el proyecto, el borrador de papeleta de votación, copias del Código Electoral y de la Ley de Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, un proyecto de reglamento del plebiscito y una propuesta para la campaña de educación masiva a electores, cuyo costo no excederá los $2 millones y que saldrán de la asignación de $2.5 millones autorizada en 2014.

De esos $2.5 millones, un total de $500,000 se utilizarán para gastos de la celebración del evento.

Para realizar la consulta, se necesitaría $1 millón adicional que sería asignado por la Asamblea Legislativa. El proyecto establece que los recursos estatales requeridos para que se cumpla con la ley “quedan totalmente excluidos” de los alcances de la ley Promesa.


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