El representante Luis Raúl Torres. (GFR Media)

Tres representantes populares argumentaron hoy que la mayoría legislativa no tiene excusas para no ir por encima de varios vetos de la gobernadora Wanda Vázquez a medidas que brindaban alivios económicos e incentivos a la ciudadanía, a instituciones hospitalarias y a los municipios.

Los legisladores Jesús Santa, Luis Raúl Torres y Javier Aponte Dalmau se refirieron a la Resolución Conjunta del Senado 507 y a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 638, 503, 645 y 640.

“Le hacemos un emplazamiento a la mayoría legislativa del PNP (Partido Nuevo Progresista) a que traiga a votación nuevamente las piezas legislativas vetadas para ir por encima de los vetos”, sostuvieron los legisladores en una declaración conjunta.

La Resolución Conjunta del Senado 507 legisla una serie de incentivos económicos a los centros de atención médica privados y los eximía del pago de los servicios de agua y energía eléctrica por los meses de abril, mayo y junio. La gobernadora vetó la medida argumentando que ya existen ayudas y fondos federales bajo Cares Act.

“Lo que al parecer no ha comprendido la gobernadora es que muchas instituciones hospitalarias se han visto forzadas a despedir empleados y a realizar recortes en sus gastos de operación. Con su veto, no solo le faltó a la promesa que les hizo a los trabajadores de la salud, sino que está contribuyendo al colapso de nuestro sistema de salud en medio de una pandemia para la que aún no se tiene una vacuna”, dijo Santa Rodríguez en declaraciones escritas.

“La apertura comercial sin las pruebas suficientes nos coloca en una posición de vulnerabilidad y en riesgo de un segundo foco de contagio. Por esta razón, es indispensable que los municipios, centros de diagnóstico y tratamiento, y demás sectores de respuesta inmediata, estén bien financiados y preparados para lo que pueda suceder. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a ir por encima del veto de la Gobernadora y que aprobemos de forma unánime el financiamiento de los servicios de respuesta contra la pandemia”, reiteró Santa Rodríguez.

La Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 638 exime a los conductores del pago del cobro de peajes durante el tiempo que se extendiera el estado de emergencia por el COVID-19. Fue vetada bajo la premisa de que significaría un impacto negativo sobre las operaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Mientras, la RCS 503 permitía el establecimiento de servicarros y mercados agrícolas para que los agricultores locales pudieran vender sus productos durante la pandemia. No fue firmada por razones de concentración de personas y el riesgo de propagación del COVID-19, sin embargo, días después la Gobernadora decidió reabrir los comercios.

La RCC 640 creaba el fondo de ayuda para los municipios y los respectivos cuerpos de la Policía Municipal, Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas, los que se nutrirían de una asignación de $3 millones provenientes del Fondo de Emergencia.

La RCC 645, entre otras cosas, ordenaba a la Guardia Nacional, en colaboración con el Departamento de Salud, a realizar cernimientos compulsorios del virus COVID-19 a todos los pasajeros que llegaran a Puerto Rico a través de cualquier aeropuerto, Vázquez Garced dijo que existen consideraciones fiscales que le impiden firmar la medida y que había promulgado el Boletín Administrativo Número OE-2020-022 para activar la Unidad Médica de la Guardia Nacional, para tomar la temperatura de los viajeros que llegaran en vuelos internacionales”.

“Evidentemente esto no ha funcionado, ya que ya se contabilizan sobre 170 personas entre pasajeros, tripulantes y empleados del gobierno, que han dado positivos al COVID-19”, sostuvo Aponte Dalmau.


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