William Villafañe. (GFR Media)

En momentos en que se prepara un proyecto de ley que viabilizaría un plebiscito "estadidad sí o no ", el senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) William Villafañe radicó una pieza legislativa con la que busca asignarle $1 millón a partir del año fiscal 2020-2021 a la Comisión de Igualdad para sufragar gastos de funcionamiento y alojamiento de sus integrantes.

Los fondos vendrían del presupuesto de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFFA).

De convertirse en ley, la asignación a la Comisión de Igualdad para el presente año fiscal sería de $750,000 producto de unas deudas que varias agencias del gobierno tienen con PRFAA.

Una medida similar a la de Villafañe la radicó el representante de la misma colectividad José Aponte Hernández el pasado 3 de diciembre.

La Ley 30-2017, que creó la Comisión de Igualdad, dispone que, si bien es "perfectamente legítimo" utilizar fondos públicos para adelantar causas de política pública, no se asignarían fondos públicos a la entidad.

Con el Proyecto del Senado 1463, radicado el 21 de noviembre, se elimina el lenguaje que impide el uso de fondos públicos para sufragar actividades de la Comisión de Igualdad, por lo que sus integrantes "podrán solicitar el reembolso de sus gastos de transportación y alojamiento conforme a la reglamentación aplicable de PRFAA".

Se desconoce la postura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el asunto. De hecho, la pieza legislativa ordena la transferencia de fondos dentro del presupuesto vigente, una facultad que tiene que ser consultada con el ente fiscal.

El dinero público, si se aprobara la legislación y se convirtiera en ley, también se usaría para "orientación a nivel estatal y nacional sobre el derecho a la igualdad y señalar injusticias que la desigualdad representa para los residentes en Puerto Rico".

La ley que creó la Comisión de Igualidad sí permite que la entidad reciba donativos, pero estos tienen que ser reportados ante el Contralor Electoral. La pieza legislativa, asignada a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, también exime a los miembros de la Comisión de Igualdad de tener que presentar lo que se conoce como una "certificación de cumplimiento con las leyes fiscales".

En agosto del año pasado, El Nuevo Día reseñó un informe radicado por la Comisión de Igualdad ante el gobierno de Puerto Rico que destaca los esfuerzos alcanzados para cabildear a favor de proyectos a favor de la estadidad,pero omite todas las posturas asumidas por el presidente Donald Trump y sus aliados en contra de este status político para Puerto Rico.

Los seis miembros actuales de la Comisión de Igualdad son: Alfonso Aguilar, Charlie Rodríguez, los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Luis Fortuño, Zoraida Fonalledas y Luis Berríos.

Permanece vacía la vacante que nunca pudo llenar la extenista Gigi Fernández y, esta mañana, la portavoz de la gobernadora Wanda Vázquez, Mariana Cobián, indicó que la primera ejecutiva está concentrada en la emergencia provocada por los terremotos cuando se le preguntó si había evaluado candidatos para la posición.

Al defender la medida, Villafañe sostuvo que la Comisión de Igualdad tiene una función pública supuestamente respaldada por dos plebiscitos. Inicialmente dijo que este grupo, además de adelantar la estadidad, también tiene la misión de que se logre un "trato igualitario" para Puerto Rico en ciertos programas federales, pero guardó silencio cuando se le indicó que esa es precisamente una de las responsabilidades de la comisionada residente Jenniffer González.

"Tenemos que considerar que la Comisión de Igualdad viene a realizar una gestión en Washington para que Puerto Rico sea tratado con respeto y con paridad de fondos", dijo Villafañe a este diario.

El senador argumentó que la Comisión de Igualdad no puede realizar sus funciones sin fondos y que se ve mal que reciba fondos privados. Cuando se le indicó que la medida no impide que continúe recibiendo fondos privados, dijo que está abierto a la posiblidad de incluir esa prohibición como enmienda.

"Como ha sido en los demás estados, no ha sido una gestión privada, ha sido una gestión pública", dijo Villafañe.

En cuanto a la posible oposición de la JSF, Villafañe opinó que el ente fiscal "no debe" inmiscuirse en el tema del estatus de Puerto Rico.

El senador independentista Juan Dalmau desribió el proyecto de ley como ofensivo.

"Resulta ofensivo para un país en quiebra y necesitado económicamente, pretender que el pueblo financie los gastos de los miembros de la Comisión Igualdad, un proyecto fracasado y ridículo. Toda gestión del gobierno penepé para adelantar la estadidad, lo que ha logrado es reiterar la imposibilidad de la estadidad."


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