La senadora escucha las diferentes posturas sobre la medida que La Fortaleza presentó para proveerles acomodo razonable a los empleados públicos que se nieguen a ofrecer servicios por sus creencias religiosas.

La senadora penepé Zoé Laboy dijo hoy que es “prácticamente imposible” que rinda un informe positivo sobre el proyecto que establece el marco regulatorio de la llamada “Libertad Religiosa y, aunque indicó que se opone al proyecto, no tomará una decisión sobre el futuro de la medida hasta que concluyan los cuatro días de vistas públicas.

En la sesión de hoy le tocó el turno al Departamento de Justicia y el Departamento de Salud, quienes favorecieron el proyecto de ley amparándose en la existencia de jurisprudencial estatal y federal que supuestamente respalda la medida. Por ejemplo, uno de deponentes por Justicia, Daniel Vélez, planteó que el Proyecto del Senado 1253 “recoge” distintas leyes federales y jurisprudencia estatal.

“Lo recoge en un estatuto y establece parámetros más definidos”, dijo Vélez.

El proyecto, en esencia, le brinda un mecanismo a empleados que soliciten un acomodo razonable si las responsabilidades del cargo como empleados públicos y pagados con fondos públicos les obligan a realizar actos contrarios a su creencias religiosas como podría ser, por ejemplo, atender a una pareja de mismo sexo.

“Este proyecto abre la puerta a tanto litigio”, advirtió Laboy en un aparte con la prensa en medio de la vista pública de más de seis horas de duración. “Este proyecto abre las puertas a discriminar y estoy en contra del discrimen”.

Entre las opciones que tiene Laboy, como presidenta de la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado, figuran rendir un informe positivo, uno negativo o uno positivo con enmiendas.

Una de las principales preocupaciones de Laboy sobre la medida gira en torno a su aplicabilidad. A pesar de que el proyecto dispone que sin importa las solicitudes de acomodo razonable sometidas en una oficina gubernamental, el servicio se le tendrá que brindar a todo ciudadano, la legisladora puso en duda que ese sea el caso en la práctica y utilizó como ejemplo el que dos empleados del Registro Demográfico expresen reparos sobre atender parejas del mismo sexo y que el tercer empleado de la oficina, quien no solicitó acomodo razonable, faltara ese día al trabajo.

Luego de una extensa argumentación entre Laboy y los representantes del Departamento de Salud, el Registro Demográfico y Justicia, el abogado de esta última agencia, Vélez, insistió en que la medida, tal y como fue radicada, atiende ese escenario.

“El servicio gubernamental, con este proyecto, se garantiza”, dijo Vélez.

“Mi preocupación es que se dé en una sola ocasión. Eso es suficientemente malo para Puerto Rico”, dijo Laboy. “Que no haya ni una ocasión en que una persona vaya a solicitar servicios del gobierno y hayamos permitido el discrimen contra esa gente”.

En la discusión con los representantes de Justicia surgió otro posible escenario: que un oficial del orden público, como podría ser un policía, el único en el turno, se niegue a atender una querella por violencia doméstica en que esté involucrada una pareja del mismo sexo.

Pérez argumentó inicialmente que en un caso como el expuesto por Laboy no se podría conferir un acomodo razonable, a pesar de que la medida no lo dispone de esa manera y solo exige que el acomodo se solicite “prontamente”.

“Tiene que atenderlo”, dijo por su parte Mairis Cassagnol, también del Departamento de Justicia.

“Es un análisis multifactorial. Es un escenario previsible y eso tiene que ir caso a caso”, intervino Pérez.

De hecho, Justicia defendió la medida en una extensa ponencia donde, luego de citar jurisprudencia tanto estatal como federal, sostuvo que tanto la Constitución de Puerto Rico como la de Estados Unidos reconocen la libertad religiosa como un derecho fundamental y, no solo protegen derechos a creer o adorar, sino que “también protegen el derecho de realizar o abstenerse de realizar ciertos actos físicos en conformidad con sus creencias”.

La agencia sostuvo, sin embargo, que el derecho a la libertad religiosa no opera como una carta en blanco y “no se erige como una libertad absoluta ni sirve de velo para incumplir con las leyes que promulgue el Estado”. Afirmó que, si bien el estado de derecho reconoce la libertad religiosa, “se puede limitar o restringir para proteger la paz, la moral y el orden público”.

Al defender la medida, incluyendo mediante una ponencia firmada por la titular de la agencia, Wanda Vázquez Garced, Justicia sostuvo que el mecanismo de acomodo razonable que cobijaría a empleados públicos para supuestamente llevar a cabo sus prácticas religiosas provee salvaguardas para que se “garanticen” los servicios del Estado a los ciudadanos.

La agencia, quien al citar jurisprudencia no mencionó un solo caso en que a un ciudadano se le negaran derechos debido a que un empleado público se amparó en su “libertad religiosa”, afirmó que las protecciones laborales reclamadas a quienes las soliciten en cuanto al acomodo razonable serán reconocidas, salvo que el acomodo represente una “dificultad excesiva que perjudique sustancialmente la operación o concesión de servicios”, entiéndase, gastos mayores o condiciones de peligrosidad para los empleados.

Según Justicia, se establece un “balance adecuado” entre el derecho de los empleados a expresar su creencia religiosa y “así como salvaguarda el deber del Estado de proveer ciudadanos sin dilaciones innecesarias”.

“Se garantiza el derecho de toda persona que acuda a una agencia pública a solicitar algún servicio”, reza la ponencia de Justicia.

“A estos empleados se les paga con dinero del pueblo y estos empleados, porque tienen unas creencias religiosas, se podrán negar a brindar servicios”, les contestó Laboy.

Durante la vista la representante del Registro Demográfico, Alba Iris Calderón, dijo que desde que esta entidad está confiriendo certificados de matrimonio a parejas del mismo sexo, ni un solo empleado ha solicitado acomodo razonable, alternativa que tendría si el proyecto se convierte en ley.

Sin embargo, en la tarde, al abogado Osvaldo Burgos dijo que representa a tres parejas de lesbianas que han incoado demandas contra el Registro Demográfico por mostrar reparos en el reconocimiento de inscripción de sus hijos.

También se expresó a favor de la medida un grupo denominado Mujeres por Puerto Rico. En su ponencia, sostuvieron que la libertad religiosa en Puerto Rico ha sufrido una “erosión”, que es preciada en la democracia y que, de no ser reconocida, “caerían el resto de nuestros fundamentos como sociedad libre”.

Oposición a la medida

Uno de los deponentes durante la jornada de hoy lo fue el profesor Juan A. Caraballo Resto, catedrático auxiliar en Antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. En su ponencia, Caraballo Resto indicó que el proyecto no es enmendable y resaltó que el problema planteado en el nuevo proyecto, “lejos de garantizar las libertades civiles de toda nuestra ciudadanía, establece una jerarquía entre ellas donde la libertad religiosa ha de ir por encima de todas las demás”.

“Una ley como esta permitiría a nuestros empleados públicos, empresas privadas y ciudadanos la posibilidad de utilizar sus creencias religiosas para regular políticamente las relaciones sociales entre individuos”, dijo. “Peor aún, el Estado no podría cuestionar la razonabilidad de ninguna creencia religiosa -así está estipulado en el proyecto-, aún cuando esta excluya, oprima y/o discrimine contra otros ciudadanos”.

Caraballo Resto alertó que el proyecto no toma en consideración lo que describió como el “paisaje religioso” de la isla que ha cambiado tanto en 50 años con la presencia de ocho mezquitas, tres sinagogas, un centro de Cabalá, centros de meditación hindúes y budistas, aquelarres Wicca (religión neopagana) y una congregación Mita.

En el caso de Ana Irma Rivera Lassén, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas e integrante del comité consultivo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM), el proyecto atendido levanta innumerables preguntas como, por ejemplo, si establece límites aplicables a las organizaciones de base de fe bajo el propuesto estatuto.

¿Podría un maestro o maestra, por ejemplo, negarse a dar clases de ciencias que no estén de acuerdo con sus creencias religiosas?”, preguntó la letrada.

Rivera Lassén también cuestionó qué información tendría que brindar una persona que solicite acomodo razonable, si el acomodo razonable se honraría en una situación de emergencia de salud y si empleados en lugares de trabajo tendrían una carga adicional en la medida en que compañeros o compañeras soliciten estos acomodos.

Igualmente levantó bandera sobre cómo se notificaría al público, por ejemplo, si en determinada oficina gubernamental hay empleados que han solicitado acomodos razonables.

“Lo importante no es discutir cuáles valores y creencias son mejores que otros, sino reconocer la diversidad de cosmovisiones que conforman esos valores y creencias”, dijo Rivera Lassén.

Mientras, en una ponencia presentada por seis religiones alternativas: Wiccanos y Paganos, The Magic Cauldron Order and Fellowship, Clan de los 4 Vientos, Hermandad Universal del Dragón, Hermandad Mística de los 4 Vientos y la Orden y Fraternidad Lunna Azul, plantearon que el proyecto provoca que el gobierno ceda su autoridad delegada por los votantes, cede la autoridad sobre las instituciones con base de fe, permite la imposición de la religión sobre los derechos de justicia e igualdad y no protege a los no creyentes.


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