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En una conferencia de prensa celebrada hoy, Dalmau hizo un llamado para que la medida sea atendida y aprobada, de manera que se establezcan garantías claras y uniformes sobre acceso a la justicia de las personas sordas al asignársele un intérprete del len
En una conferencia de prensa celebrada hoy, Dalmau hizo un llamado para que la medida sea atendida y aprobada, de manera que se establezcan garantías claras y uniformes sobre acceso a la justicia de las personas sordas al asignársele un intérprete del len (Juan Luis Martínez Pérez)

Un proyecto de ley del senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, busca terminar con las “injusticias y violaciones” de derechos de las personas sordas al proponer que se uniformen las garantías de acceso a intérpretes de lenguaje de señas en todo proceso que enfrenten en dependencias de gobierno y tribunales.

Se trata del Proyecto del Senado 663, que Dalmau sometió en octubre pasado, pero todavía no ha sido atendido en el Senado por la Comisión de Gobierno, presidida por Miguel Romero.

En una conferencia de prensa celebrada hoy, Dalmau hizo un llamado para que la medida sea atendida y aprobada, de manera que se establezcan garantías claras y uniformes sobre acceso a la justicia de las personas sordas al asignársele un intérprete del lenguaje de señas.

“Uno de los principales calvarios que padecen las personas sordas en Puerto Rico es tener que enfrentar un sistema judicial que no tiene un tratamiento uniforme ni garantizado para esta comunidad”, sostuvo Dalmau.

“Ninguna disposición legal, ni la jurisprudencia, ha atendido de manera clara, específica y orgánica las necesidades y barreras que confronta la comunidad sorda en su interacción directa con los tribunales de justicia, sea en caso criminales, civiles o administrativos”, agregó.

Por su parte, el licenciado Juan José Troche, abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), dijo que respaldaba la iniciativa porque en su práctica ve problemas de acceso a la justicia para la comunidad sorda.

Destacó que en año y medio ha atendido sobre 30 casos judiciales de personas sordas, “y siempre encontramos los mismos problemas”.

Explicó que la Rama Judicial tiene intérpretes, pero no tiene definido la implementación de la asistencia e incluso dejando algunas áreas a discreción de los jueces, lo que permite que haya personas sordas que enfrenten la vista de “Regla 6” para determinar causa para arresto, sin poder saber qué sucede.

“Hay un reglamento para asignación de intérpretes que se activa si un juez emite una orden. Pero hay ciertas instancias en donde se debe asignar un intérprete, aunque no haya una orden del tribunal, como una persona que viene arrestada por la Policía y llega al tribunal para esa primera vista. A veces se concede, a veces no, pero lo que se busca es uniformidad para que siempre sea la norma para que se celebre (la vista) con intérprete de lenguaje de señas”, sostuvo Troche.

“En Puerto Rico hay tres idiomas oficiales: el español, inglés y el lenguaje de señas, que lo usan 150,000 personas sordas”, añadió Troche, al recordar que muchos más se comunican con señas, aunque no usen el lenguaje formal. “Con los que dicen ‘mamá’ y ‘papá’ (en señas), estamos hablando de 450,000. Eso es casi el 5% de toda la población”.

El proyecto de ley de Dalmau también menciona la necesidad de que se graben los testimonios de las personas sordas con vídeo, de manera que esté disponible para procesos apelativos y no solamente la grabación en audio de los que dijo el intérprete.

Mientras, también dispone que - tomando las medidas de seguridad adecuadas - una persona sorda que se arrestada se le permita quitarle las esposas para que se pueda comunicar a través del lenguaje de señas.

Dalmau destacó que el proyecto también dispone que se uniformen de igual forma los procesos administrativos y adversativos que una persona sorda enfrente en una agencia de gobierno.