Mientras la contratación de servicios privados de consultoría en la Cámara de Representantes superaba en mayo de este año los $18.7 millones, la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) seguía perdiendo su propósito original de ser una unidad de asesoramiento técnico para todos los miembros de la Asamblea Legislativa, coincidieron varios expertos en asuntos legislativos entrevistados por este diario.