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El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, explicó  los efectos nocivos que tendría en la Isla imponer las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal.
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, explicó los efectos nocivos que tendría en la Isla imponer las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. (Gerald López Cepero)

De aprobarse la receta que dio la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para cuadrar el presupuesto y cerrar la insuficiencia de fondos del Gobierno, estimada  en unos $7,600 millones, el escenario que le augura a Puerto Rico es tétrico, con una recesión económica más profunda, miles de puertorriqueños sumidos en la pobreza extrema, inaccesibilidad a estudios universitarios y a servicios de salud, a juicio del Ejecutivo. 

Por eso, el Gobierno le propone  a la JSF –para lograr el mismo cometido– una ruta alterna, que estará delineada en detalle en el plan fiscal que confecciona.

Sin embargo, el Gobierno reconoce, de entrada, que enfrenta unas limitaciones y retos que pueden requerir “ajustes” en la ruta propuesta. Por ejemplo, no cuenta con números certeros que retraten la crisis fiscal puesto que los informes auditados  datan del 2014 y se trabaja en los que corresponden al 2015 y 2016.    

Asimismo, allegar miles de millones de dólares para el  plan de salud del Gobierno descansa, en gran medida, en acción del Congreso estadounidense.

Aun con ese escenario y esos números, el Gobierno rechaza que la salida sea imponer más impuestos, despedir  empleados públicos, reducir los gastos de Mi Salud, disminuir el subsidio a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y recortar  10% a las pensiones, indicó en entrevista con El Nuevo Día el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés. Esas fueron las sugerencias de la JSF en una carta enviada el pasado 18 de enero al gobernador.

“Si hacemos eso, la Isla se nos va a vaciar. Aquí no va existir País”, dijo el funcionario, quien explicó durante la entrevista los efectos nocivos que tendría en la Isla imponer las sugerencias de la JSF. En síntesis, dijo Rosario Cortés, el resultado sería una mayor recesión económica y evasión contributiva, más emigración y empobrecimiento de miles de puertorriqueños.

En cambio, el Gobierno propone eficiencia en la captación de recaudos e impuestos, eliminar incentivos contributivos obsoletos, una reforma gubernamental, contributiva, de permisos y otra energética que hagan del Gobierno uno eficaz, reducir gastos, echar mano a a las Alianzas Público Privadas Participativas (APPP) para allegar fondos al Estado y sobre todo a Retiro, buscar paridad en los fondos Medicare y Medicaid en el Congreso, ajustar la matrícula en la UPR a los ingresos y brindarles autonomía a algunos recintos de la UPR para que puedan generar más ingresos. “Si no hacemos esto, la Junta va a tener la facultad de hacer su plan fiscal e implementarlo ellos”, sostuvo Rosario Cortés.

 Confrontado con la posibilidad de que la JSF –con los poderes amplios que le conceda la ley federal PROMESA– pueda implementar la receta que ellos entiendan pertinente para poner en cintura las finanzas de Puerto Rico, el funcionario recalcó que el nuevo ente federal “no puede ser arbitrario”. 

“Su deber ministerial en la ley de PROMESA es examinar el plan fiscal del gobernador, asegurarse que cumple con los parámetros de hacer un presupuesto balanceado y, en ese sentido, eso es lo que se le va a someter. Tampoco es que la Junta puede ser arbitraria”, abundó. 

 “Ellos van a analizar si lo que les estoy dando es real y ese es su campo de acción. En ese sentido, le vamos a someter un plan fiscal real, con números y métricas establecidos. No le va a quedar otra que aceptarnos el plan”, continuó. 

   ¿No es esto parte de una estrategia del gobierno para decir, al final, ‘esta receta amarga la impuso la JSF, no nosotros’?, cuestionó este diario.

“Ese pensamiento de algunos va a quedar disipado cuando el gobernador de Puerto Rico presente la alternativa a las propuestas de la junta que, uno, van a cumplir con lo que requiere PROMESA; y dos, no van a lesionar más a los vulnerables”, respondió.

Así las cosas, el Ejecutivo rechaza tajantemente un alza de $1,500 millones en impuestos. A modo de ejemplo, Rosario Cortés dijo que si solo se aumentara el Impuesto  sobre Ventas y Uso (IVU) para llegar a la cifra dispuesta por la JSF, habría que llevar el IVU a un 22% dado que anualmente recauda cerca de $1,600 millones.

“El gobernador en lo que cree es paulatinamente en reducir el IVU y hacerlo más efectivo. Buscar cómo primero reducimos gastos para no tener todos estos aumentos en la operación del Gobierno de Puerto Rico. Segundo, ser más eficiente con los impuestos que tenemos sin tener que dar una carga excesiva. El gobernador  no va a subir impuestos”, sentenció.

En cambio, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, con un equipo fiscal trabajan una reforma contributiva que aunque no estará lista para cuando se presente el plan fiscal en o antes del 28 de febrero, contendrá los parámetros principales para que la JSF los pueda revisar, adelantó Rosario Cortés.

 Igualmente, se analizan los incentivos contributivos. “Ahí se nos va un montón de dinero. Eso lo estamos mirando uno a uno y se van a eliminar varios incentivos contributivos que no tienen razón de ser en  el 2017 y ahí uno nivela lo que es la necesidad de allegar más recursos al fisco”. apuntó.

Esto será complementado con reducción de gastos y eficiencia en el Gobierno. Para ello serán herramientas vitales algunas de las leyes aprobadas, como la del empleador único y la  reforma laboral.

 Reducir la nómina del Gobierno en un 30% no está tampoco dentro de las opciones de Rosselló, ya que equivaldría a despedir 45,000 empleados. “Esto afectaría a familias con un impacto de 180,000 personas, traería mayor recesión y menor actividad económica”, dijo. 

 Mencionó un estudio del economista José Alameda que concluyó que con los despidos de alrededor de 10,000 empleados, a raíz de la Ley 7, hubo una caída de alrededor de 1.8% en la economía. “Con los despidos que propone la Junta y los estudios comparados se provocaríauna caída de 8.1% en la economía”, señaló.

Destacó que para evitar los despidos, con las APPP  emigraría una cantidad, que no pudo precisar, de empleados del Gobierno sin que esto represente la pérdida de sus derechos. “Ordinariamente es voluntario. Por ejemplo, Puertos, cuando hizo el acuerdo con Aerostar e incluso cuando se hizo con Metropistas, los empleados públicos decidieron si se querían ir con Aerostar o se querían quedar en Puertos. Muchos de ellos se fueron con Aerostar”, aseveró.

Reconoció que mover esos empleados a la empresa privada o a organizaciones sin fines de lucro alivia al Gobierno, que no pagaría sus salarios y tampoco tendría que contribuir a sus pensiones. “Pero como estoy pasando tus beneficios a la empresa privada o a otra agencia de gobierno o incluso a la misma corporación, ellos van a tener que respetar la aportación que estaba haciendo el Gobierno y seguir haciéndola”, explicó Rosario Cortés. 

En cuanto a la reducción de $1,000 millones del plan de Salud del Gobierno, Rosario Cortés reconoció que es la parte más frágil. Se busca paridad en fondos y para ello, se pedirá la colaboración.

   Pero adelantó que tan pronto como la semana que viene presentarán varias medidas para abaratar los costos de Mi Salud “sin quitar beneficios”. Entre esas medidas, dijo el secretario de Asuntos Públicos,  está “lograr que el costo de los medicamentos baje, que es la carga mayor que tiene la Administración de Seguros de Salud”.

Subir el deducible de los beneficiarios no es una medida contemplada por el gobernador, indicó Rosario Cortés.

Referente a la UPR, el gobernador espera por un plan de la Junta de Síndicos. De inmediato, Rosselló se inclina por reducción de gastos y darles autonomía a los recintos para capitalizar su prestigio. “Es más eficiente y menos costoso. Por ejemplo, Mayagüez deje de responder a Río Piedras reduciendo esta capa de burocracia y que se enfoque en atraer estudiantes y expandir sus servicios. Estudiantes que vengan de China, por ejemplo, que paguen a otras tarifas distintas a las que pagan los residentes”, explicó. 

  Asimismo, se contempla ajustar la matrícula de los estudiantes a tono con los ingresos, pero estableciendo un salvaguarda para no perjudicar o impedir el acceso a la universidad a hijos de  asalariados afectados por la crisis fiscal.

Las pensiones no serán reducidas. Las APPP serán el vehículo principal para inyectarle dinero a Retiro. “Tenemos otras maneras de hacerle llegar otros recursos.  (Por ejemplo), el Sistema de Retiro de Energía Eléctrica  que sea parte de la APPP que va a invertir para generar energía, eso es lo que hace que la ganancia de este ente privado va a pasar directamente –hasta un 25%– al Sistema de Retiro. Es lo que permite la Ley 1  y la Ley 3 también, recién aprobada”, dijo.